Reforma penal y corporativismo judicial

El debate sobre la reforma del proceso penal uruguayo aún sigue siendo un anhelo. El pasado sábado en Salto participaron connotados juristas de nuestro país y el exterior, hablando sobre el mismo. Allí plantearon que éste prevé cambios, que serán más bien culturales para los operadores jurídicos, que los estructurales que propone por sí mismo.
El proyecto apuesta a la instauración de un sistema penal acusatorio, lo que implica que las investigaciones serán llevadas adelante por los fiscales, con audiencias orales y públicas en lugar del actual sistema inquisitivo que está vigente desde 1980, cuando el país estaba en plena dictadura y por algo es hecho a esa medida.
El sospechoso en estos casos, del que goza una presunción de inocencia que pocas veces es valorada como tal, es investigado por el fiscal en nombre del Estado y esto debería ayudar a que el juez cumpla con el principio de imparcialidad entre él, el otro funcionario estatal que actuará con un rol preponderante en todos los procedimientos como es el fiscal y la defensa del acusado, que en caso de ser un defensor público, se completa el cuadro y todos pertenecen al mismo bando, el Estado.
Pero además de estas transformaciones culturales que se prevé como la primera consecuencia de esta reforma, también está el cambio económico que la aplicación del nuevo proceso demandará para las arcas del Estado.
Los panelistas que actuaron en la elaboración del proyecto de reforma, plantearon que la implementación del mismo supondrá que el Poder Judicial deberá contar con más jueces, más actuarios y más funcionarios administrativos. Además, será necesario adecuar todas las sedes judiciales para que todas cuenten con las salas de audiencias acordes a lo que implicará el nuevo sistema.
Pero luego de escuchar la preocupación de los hacedores de esta reforma, acerca de que el juez comience a cumplir con el principio de imparcialidad, la misma debería trasladarse en forma rígida a un cambio cultural entre los magistrados y los fiscales, ya que el relacionamiento dentro y fuera de la sede judicial de ambos funcionarios públicos, deja muchas veces el margen a la duda de si no operó un acto corporativista en muchas de las decisiones que ambos adoptaron.
Al menos algunas recusaciones se han planteado en Salto, recientemente hubo dos casos conocidos ante el juzgado penal de 4º Turno, no contra el actual magistrado a cargo sino antes, recurso que se planteó porque la defensa de los acusados vieron afectado el principio de imparcialidad, que se ve relegado a un lugar de desventaja frente al presunto corporativismo del juez y fiscal.
Tampoco quiero afirmar que esto exista y haya connivencia entre jueces y fiscales a la hora de decidir un procesamiento, porque estaría acusando de un acto que no puedo comprobar. Pero me refiero a la buena relación que existe entre ambos, como si trabajaran en la misa oficina y estuvieran en la misma familia, que de hecho la están porque ambos actúan en nombre del Estado, lo que deja dudas de si una reforma tan anhelada como ésta, podrá imponer a rajatabla una imparcialidad que hasta ahora en muchos de los casos se ha visto cuestionada.
Más aún en el interior del país donde comparten prácticamente la misma vida. Por lo tanto, se espera de esta reforma mucho más que un cambio estructural, sino una verdadera transformación cultural que ojalá pueda cumplirse.

El debate sobre la reforma del proceso penal uruguayo aún sigue siendo un anhelo. El pasado sábado en Salto participaronhugo lemos connotados juristas de nuestro país y el exterior, hablando sobre el mismo. Allí plantearon que éste prevé cambios, que serán más bien culturales para los operadores jurídicos, que los estructurales que propone por sí mismo.

El proyecto apuesta a la instauración de un sistema penal acusatorio, lo que implica que las investigaciones serán llevadas adelante por los fiscales, con audiencias orales y públicas en lugar del actual sistema inquisitivo que está vigente desde 1980, cuando el país estaba en plena dictadura y por algo es hecho a esa medida.

El sospechoso en estos casos, del que goza una presunción de inocencia que pocas veces es valorada como tal, es investigado por el fiscal en nombre del Estado y esto debería ayudar a que el juez cumpla con el principio de imparcialidad entre él, el otro funcionario estatal que actuará con un rol preponderante en todos los procedimientos como es el fiscal y la defensa del acusado, que en caso de ser un defensor público, se completa el cuadro y todos pertenecen al mismo bando, el Estado.

Pero además de estas transformaciones culturales que se prevé como la primera consecuencia de esta reforma, también está el cambio económico que la aplicación del nuevo proceso demandará para las arcas del Estado.

Los panelistas que actuaron en la elaboración del proyecto de reforma, plantearon que la implementación del mismo supondrá que el Poder Judicial deberá contar con más jueces, más actuarios y más funcionarios administrativos. Además, será necesario adecuar todas las sedes judiciales para que todas cuenten con las salas de audiencias acordes a lo que implicará el nuevo sistema.

Pero luego de escuchar la preocupación de los hacedores de esta reforma, acerca de que el juez comience a cumplir con el principio de imparcialidad, la misma debería trasladarse en forma rígida a un cambio cultural entre los magistrados y los fiscales, ya que el relacionamiento dentro y fuera de la sede judicial de ambos funcionarios públicos, deja muchas veces el margen a la duda de si no operó un acto corporativista en muchas de las decisiones que ambos adoptaron.

Al menos algunas recusaciones se han planteado en Salto, recientemente hubo dos casos conocidos ante el juzgado penal de 4º Turno, no contra el actual magistrado a cargo sino antes, recurso que se planteó porque la defensa de los acusados vieron afectado el principio de imparcialidad, que se ve relegado a un lugar de desventaja frente al presunto corporativismo del juez y fiscal.

Tampoco quiero afirmar que esto exista y haya connivencia entre jueces y fiscales a la hora de decidir un procesamiento, porque estaría acusando de un acto que no puedo comprobar. Pero me refiero a la buena relación que existe entre ambos, como si trabajaran en la misa oficina y estuvieran en la misma familia, que de hecho la están porque ambos actúan en nombre del Estado, lo que deja dudas de si una reforma tan anhelada como ésta, podrá imponer a rajatabla una imparcialidad que hasta ahora en muchos de los casos se ha visto cuestionada.

Más aún en el interior del país donde comparten prácticamente la misma vida. Por lo tanto, se espera de esta reforma mucho más que un cambio estructural, sino una verdadera transformación cultural que ojalá pueda cumplirse.

Hugo Lemos