Secretismo de Estado en las corporaciones funcionariales, algo de nunca acabar

“¿Hay que hacerse pasar por abogado para pedir un expediente y ver qué está pasando?” Preguntaba una persona que se encontraba interesada en conocer detalles de un caso que se encontraba en la baranda de un juzgado.
Primero, usurpar un título profesional es un delito. Nadie puede decir y mucho menos ante una oficina pública, que es abogado, procurador, médico, ingeniero o escribano, sino ostenta más cartel que el de ciudadano, como el que en definitiva tenemos todos, con títulos profesionales intermedios, de grado o de posgrado.
En segundo lugar, el funcionario judicial conoce a la perfección el derecho del justiciable de acceder a su propio expediente cuando es parte, más allá que los mismos solamente se lo entregan a los abogados que trabajan en los respectivos asuntos, con la finalidad de no meter la pata y que el cliente se lleve algo para la casa. Luego el compromiso y la responsabilidad será de ese funcionario.
Aunque hay algo que no puede desconocer y es el nunca tenido en cuenta principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 7 del CGP y mencionado hasta el cansancio en estas páginas.
El mismo prevé que siempre que no haya un estado de reserva decretado por el juez del caso, o que el mismo tenga impedimentos tales como el de encontrarse en presumario en el caso de los procesos penales, el interesado, cualquiera sea, puede pedir el expediente para conocer el asunto.
Este principio general tiene sus requisitos internos en cada puesto judicial del país, como el de presentarse adecuadamente, recibir todas las indicaciones por parte del funcionario, actuario y algún otro de mayor experiencia que te mirará siempre de reojo, tener que verlo si es necesario a la vista del funcionario y en caso de retiro por tres días hábiles, tal como las disposiciones lo habilitan para la persona autorizada por la parte, presentar el documento correspondiente.
¿Se puede sacar una fotografía del expediente? Hace poco tiempo en Montevideo, un periodista se acercó a la baranda y pidió el retiro del expediente, dejando su documento como garantía, lo cual le fue negado tajantemente por la funcionaria (por lo general son ellas y no ellos) de turno. Por esa razón, el trabajador sacó su cámara y comenzó a fotografiar las hojas (fojas en la jerga judicial) del extenso expediente en la baranda ante la vista de la funcionaria que comenzó a gritar como si la estuvieran robando.
Al llegar el actuario y el juez en el lugar, le impidieron al trabajador seguir con ese acto. El mismo argumentó que tenía derecho a ver el expediente, que no lo había retirado del juzgado y que estaba a la vista de la funcionaria, que para no leerlo todo porque le llevaría tiempo, prefirió ante el impedimento de llevarlo, sacarle fotos. Para eso consultaron al departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, cuyo responsable, el también salteño Raúl Oxandabarat, dijo que no había inconvenientes y que ese ciudadano, en este caso periodista, tenía todo el derecho de acceder al caso tomando registros del mismo.
El hecho que importa, es que cada día que pasa, y por eso lo seguimos repitiendo en estas páginas hasta el cansancio,  quienes instruyen a los funcionarios judiciales, les imponen la cultura de que todo lo que hay en ese edificio les pertenece, y que ellos pueden irrogarse el derecho de decirle a un ciudadano si puede ver o no lo que hay allí. Como parte de ese secretismo de Estado que subyace en los corporativismos funcionariales. Sin embargo, los tiempos cambian y las mentalidades deberían ajustarse a la realidad. El acceso público a los expedientes hace a la transparencia de la labor que éstos ejercen y debería ser eso, lo que les enseñaran cuando los preparan para ser servidores públicos y no otra cosa.

“¿Hay que hacerse pasar por abogado para pedir un expediente y ver qué está pasando?” Preguntaba una persona que se encontraba interesada en conocer detalles de un caso que se encontraba en la baranda de un juzgado.

Primero, usurpar un título profesional es un delito. Nadie puede decir y mucho menos ante una oficina pública, que es

Hugo Lemos

Hugo Lemos

abogado, procurador, médico, ingeniero o escribano, sino ostenta más cartel que el de ciudadano, como el que en definitiva tenemos todos, con títulos profesionales intermedios, de grado o de posgrado.

En segundo lugar, el funcionario judicial conoce a la perfección el derecho del justiciable de acceder a su propio expediente cuando es parte, más allá que los mismos solamente se lo entregan a los abogados que trabajan en los respectivos asuntos, con la finalidad de no meter la pata y que el cliente se lleve algo para la casa. Luego el compromiso y la responsabilidad será de ese funcionario.

Aunque hay algo que no puede desconocer y es el nunca tenido en cuenta principio de publicidad del proceso, establecido en el artículo 7 del CGP y mencionado hasta el cansancio en estas páginas.

El mismo prevé que siempre que no haya un estado de reserva decretado por el juez del caso, o que el mismo tenga impedimentos tales como el de encontrarse en presumario en el caso de los procesos penales, el interesado, cualquiera sea, puede pedir el expediente para conocer el asunto.

Este principio general tiene sus requisitos internos en cada puesto judicial del país, como el de presentarse adecuadamente, recibir todas las indicaciones por parte del funcionario, actuario y algún otro de mayor experiencia que te mirará siempre de reojo, tener que verlo si es necesario a la vista del funcionario y en caso de retiro por tres días hábiles, tal como las disposiciones lo habilitan para la persona autorizada por la parte, presentar el documento correspondiente.

¿Se puede sacar una fotografía del expediente? Hace poco tiempo en Montevideo, un periodista se acercó a la baranda y pidió el retiro del expediente, dejando su documento como garantía, lo cual le fue negado tajantemente por la funcionaria (por lo general son ellas y no ellos) de turno. Por esa razón, el trabajador sacó su cámara y comenzó a fotografiar las hojas (fojas en la jerga judicial) del extenso expediente en la baranda ante la vista de la funcionaria que comenzó a gritar como si la estuvieran robando.

Al llegar el actuario y el juez en el lugar, le impidieron al trabajador seguir con ese acto. El mismo argumentó que tenía derecho a ver el expediente, que no lo había retirado del juzgado y que estaba a la vista de la funcionaria, que para no leerlo todo porque le llevaría tiempo, prefirió ante el impedimento de llevarlo, sacarle fotos. Para eso consultaron al departamento de Comunicaciones del Poder Judicial, cuyo responsable, el también salteño Raúl Oxandabarat, dijo que no había inconvenientes y que ese ciudadano, en este caso periodista, tenía todo el derecho de acceder al caso tomando registros del mismo.

El hecho que importa, es que cada día que pasa, y por eso lo seguimos repitiendo en estas páginas hasta el cansancio,  quienes instruyen a los funcionarios judiciales, les imponen la cultura de que todo lo que hay en ese edificio les pertenece, y que ellos pueden irrogarse el derecho de decirle a un ciudadano si puede ver o no lo que hay allí. Como parte de ese secretismo de Estado que subyace en los corporativismos funcionariales. Sin embargo, los tiempos cambian y las mentalidades deberían ajustarse a la realidad. El acceso público a los expedientes hace a la transparencia de la labor que éstos ejercen y debería ser eso, lo que les enseñaran cuando los preparan para ser servidores públicos y no otra cosa.







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