Transparencia judicial: primero en casa

hugo lemos

Hugo Lemos

Uno de los postulados que aparecen implícitos dentro del principio de publicidad del proceso, que consagra el artículo 7º del Código General del Proceso (CGP), es el de la transparencia del sistema judicial.
Si bien la publicidad del mismo está exceptuada por razones de interés general y por cuestiones que el juez de la causa entienda que deban reservarse para proteger a los involucrados de un caso en particular, tal como lo establece la norma, no debería haber mayores limitaciones para el acceso público al sistema judicial.
En el caso de que así lo entiendan los propios funcionarios que hasta ahora son los responsables de las cortapisas que tiene la población para acceder a informarse de cómo funcionan los procedimientos, le hará mucho bien a toda la administración de Justicia por haber sido hasta ahora muy reservada en sus actuaciones, lo que ha generado que se mantenga una distancia importante con la población, pese a ser un poder del Estado y por lo tanto ha generado incluso una distancia imperdonable y hasta perniciosa con los justiciables.
Pero el principio de publicidad, cuyo espíritu es que la población pueda acceder a las actuaciones de la justicia en forma libre e irrestricta, salvo como lo mencionábamos debido a las reservas especiales que impongan los magistrados en distintas causas por razones debidamente justificadas, pretende imponer un concepto de transparencia ante la población de parte de la administración de justicia, para generar confianza de parte de la gente hacia el Poder Judicial.
Este concepto de transparencia, es el mismo que se busca desde los propios órganos judiciales cuando desde la Suprema Corte de Justicia se instala una División de Comunicación Institucional y se instituye la figura del Vocero, para dar a conocer a la opinión pública las actuaciones de los magistrados en los procesos en curso, o como lo que está haciendo ahora el Ministerio Público y Fiscal, que está preparando a los fiscales para que dejen de ser una suerte de funcionarios públicos inmaculados y bajen a tierra sus actuaciones, hablen con la prensa y a través de ello, le cuenten a la gente qué es lo que hacen, cuál es su función, porqué actúan de determinada manera y en qué casos vienen actuando.
Es que en definitiva a todos ellos, jueces y fiscales, actuarios y receptores, funcionarios administrativos y porteros, la sociedad les paga el sueldo y los recursos materiales con los que trabajan, y es la misma sociedad a la que muchas veces le niegan información sobre lo que hacen o le coartan el acceso a los juicios y a los expedientes en trámite, restringiendo y menoscabando la anhelada transparencia del sistema que los propios operadores pretenden lograr.
Y la cosa va más allá, porque a través de todos los mecanismos que mencionamos que tienen como cometido generar la transparencia en el sistema judicial, es que la sociedad aprenderá a tener cultura cívica para participar de los procesos judiciales y aprehenderlos como algo importante para la vida en un Estado de Derecho. Ya que con el acceso real a la administración de justicia por parte de la población se generará cultura de participación y respeto a las decisiones de las instituciones judiciales.
Por lo cual esto, hará más fácil que cuando se instaure el nuevo proceso penal, que algún día tendrá que hacerse sin mayores postergaciones, y se habiliten los juicios orales y públicos, los asistentes, sean familiares o amigos de las víctimas o de los victimarios, o simples curiosos, no generarán disturbios y permitirán el desarrollo del proceso proyectado con total normalidad, como ocurre en las sociedades más avanzadas. Pero por algo hay que empezar cuando se habla de transparencia del sistema judicial y en este caso, es por casa.







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