Un sistema carcelario con poco de humanismo y menos de rehabilitación

El sistema carcelario uruguayo es al igual que el actual proceso penal que conduce al justiciable hasta el anteriormente mencionado, flagrante violador de los derechos humanos. En Uruguay se tiene por un lado, todos los elementos para generar leyes que hablan de la “humanización del sistema carcelario” como la sancionada en 2005, Nº17987 y por otro lado, produce leyes que marcan que el sistema nada tiene de humanización porque no produce resultados positivos en los internos y que además, el Estado lo sabe.
Las cárceles uruguayas tienen infraestructura para albergar a unos 5 mil presos, sin embargo en la misma el sistema mete a 12 mil personas, todos juntos y entremezclados, en muchos casos sin rigor para mirarle el perfil criminal a cada uno y sin personal capacitado para atender a cada uno de estos sujetos, más que guardias que funcionan como carceleros y que poco ayudan en el manejo de la política de rehabilitación a cumplir con el fin en sí mismo.
Las cárceles actualmente siguen siendo espacios físicos que operan como meros depósitos de seres humanos, que no cuentan en la mayoría de los casos, con políticas aplicadas a cumplir con los principios más elementales de los derechos humanos, tendientes a la rehabilitación de los reclusos para su posterior reinserción social. Aunque existen algunos lugares que tienen una política más definida con una mirada de atención y contención social al preso, como lo es la cárcel de Salto, o lo era hasta hace algún tiempo. Pero esta alberga apenas y afortunadamente a ,menos del 3% del total de los reclusos que existen en el país.
Por eso las políticas de rehabilitación no están del todo en la mentalidad de los encargados de ejecutarlas, al punto que el gobierno se apresta a seguir cumpliendo con una política de seguridad rigurosa y militarizada de los centros penitenciarios más importantes del país. Prueba de ello es la reciente aprobación de la ley Nº19.507 que prorrogó hasta el 1º de febrero del año 2021 la custodia militar de los perímetros de seguridad carcelarios en el sur y este del país. Algo que colide con el mensaje que pretende darse, con la nueva denominación que se le da a las cárceles, Centros de Rehabilitación. Hay una contradicción muy fuerte entre el mensaje ambiguo que con este tipo de normas le da el Estado al sistema carcelario y las normas que le pusieron una denominación amigable a las cárceles. Ojalá empiecen a primar estas últimas pero los resultados por ahora no están a la vista.

Hugo Lemos







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