Una cosa es salir de la audiencia, otra abandonar el edificio

“Porque la ignorancia no sirve de excusa”

El artículo 10 de la Constitución de la República dice que lo que no está prohibido está permitido. Por eso, cuando una cosa no está escrita en un precepto legal, ningún juez puede discrecionalmente determinarla y hacerla válida.
Por eso, la discusión de si una persona puede permanecer en el interior de un recinto público no es discutible.
Esto a colación de la expulsión de los periodistas el lunes 29 de abril del juzgado penal de Salto, por orden del juez penal, Paulo Aguirre, quien no debió echar a los trabajadores de la prensa del interior del recinto, sí de la sala de audiencias, pero no del recinto porque no les está prohibido a los ciudadanos de este país, estar en ese lugar.
Pero el juez insiste y con su conducta lo que hace es que el derrotero cultural que se pretende dar contra la cabeza de los funcionarios que plantean a las instancias judiciales como un secreto de Estado, cae por su propio peso. El Artículo 9 del nuevo Código del Proceso Penal, habla entre otras cosas de la publicidad del proceso y dice: El proceso penal será público y contradictorio en todas sus etapas, con las limitaciones que se establecen en este Código. (…)
La publicidad del proceso no es un antojo, sino que refiere a la transparencia en la administración de justicia que debe imperar para que la población gane confianza en el sistema. Pero si los funcionarios, como jueces, actuarios y funcionarios en general, se empeñan en hacer lo contrario, los cambios nunca podrán prosperar. El juez Aguirre, justifica la reserva de las actuaciones en el juicio de presentación para la formalización de individuos acusados de delitos, algo que podemos compartir por la seriedad del caso y por el asidero que podemos darle a la línea argumental del magistrado, pero lo que no podemos compartir, es que el mismo justifique la expulsión de los periodistas del recinto judicial, porque nadie está obligado a abandonar un edificio público, sino está atentando contra el mismo ni contra su normal funcionamiento.
Discutimos esa decisión y esperamos que por el respeto a la democracia y a la libertades de trabajo y de expresión, no vuelva a suceder. La libertad de expresión está consagrada como uno de los derechos humanos fundamentales en nuestra legislación. La Constitución de la República la ampara en varios artículos como el 7, que habla de que el Estado deberá garantizar la libertad de los ciudadanos, el 10 que refiere a que lo que no está prohibido está permitido, el 29, que refiere estrictamente a la libertad de prensa y el 332 que establece que la Carta ampara todos los derechos que emanen de la forma republicana de gobierno. Si bien en los últimos años en nuestro país hubo avances notorios con respecto a la libertad de expresión y de prensa, ya que con la consagración de la ley de acceso a la información pública, además del respeto consabido y como es debido en líneas generales a los medios de comunicación, sin injerencia del gobierno, solamente en algunos casos puntuales de expresiones desafortunadas de parte de gobernantes y actores políticos, fue suficiente, para que Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones internacionales posicionaran a Uruguay, junto a países como Chile, Canadá y Costa Rica como los de mayor libertad de expresión del continente, por encima de Estados Unidos en muchos casos. Y a Nicaragua, Venezuela, Honduras y Cuba como los de mayor represión y hostigamiento hacia los periodistas y de nula libertad de prensa como el caso de la dictadura cubana.

Hugo Lemos