LA INQUISICIÓN

Por Dr. Adrián Báez
Estimados lectores. Como hombres que hemos estudiado el derecho, somos fieles defensores de esa máxima imprescindible para la convivencia social y de imperiosa garantía a la dignidad humana, que reza que: “Todos son inocentes hasta que se compruebe lo contrario”.
Así se encuentra estipulado en nuestra Constitución y en nuestras Leyes, como también en todos aquellas Convenciones a nivel internacional ratificadas por Uruguay, que bregan por los Derechos Humanos, entre los cuales se encuentra aquella, a la que se le agrega inherentemente el otro derecho fundamental, que es el del Debido Proceso, también presente y jerarquizado en las normativas mencionadas.
Pero parecería que en los últimos tiempos, en nuestro País, el que supo ser admirado y respetado por el mundo entero a causa de su apego a la Ley, que al decir de Don José Batlle y Ordóñez nos transformaba en una Nación “Fanática de la legalidad”; la consigna de que todos somos iguales ante la misma, y que a todos se nos debe permitir formular pruebas y descargos a favor de nuestra defensa, ha quedado en el olvido, siendo que hasta hace poco tiempo, se luchaba contra una dictadura que socavaba esos mismos derechos y que veía enemigos en todo lugar en el que no se apoyara sus delirios.
Por lo cual, lo que viene ocurriendo en nuestro Departamento, es preocupante. No es la primera vez que el principal jerarca y hombre más importante de Salto, el Sr. Intendente, menosprecia esos postulados democráticos y republicanos, saliendo ante la opinión pública acusando a troche y moche a varios ciudadanos, de violar las leyes y de cometer actos ilegales y con apariencia corrupta, no habiendo hasta el momento, presentado elementos de convicción suficiente que avalen sus dichos, ni realizando las denuncias correspondientes en los lugares debidos para que los “supuestos” delitos que él aseveran que lo son, sean dilucidados por la única voz autorizada para condenar: la Justicia.
Me refiero en particular a casos específicos como los del ex Intendente Álvaro Compá, y el actual Presidente de la Junta Departamental Martín Pertusatti y dos Ediles más de su mismo sector y Partido. En el primero de los casos, asombró el desconocimiento de una normativa concreta en el tema como lo es el TOCAF, la que habilitaba la operación efectuada por la comuna, y que debió ser consultada antes de estampar la duda de la legalidad o no de la misma.
En el segundo de los hechos, el Sr. Intendente y sus colaboradores, sin una previa investigación administrativa en el Ejecutivo; sin una previa comisión investigadora en el órgano del que forman parte los denunciados y de las cuales deberían salir contundentes reproches y las consecuentes denuncias penales en caso de que la situación lo amerite, no sin antes haberles proporcionado a los involucrados la oportunidad de generar pruebas y formular sus descargos; anunció en una conferencia de prensa, con lujo de detalles, nombrando y retando a las personas en cuestión, la presunta adulteración de una boleta que correspondía a dinero recibido en concepto de viáticos.
Más allá de la existencia o no de responsabilidades; envilece a la política salteña, la cacería de brujas que viene desarrollando el Ejecutivo, atribuyéndose potestades que no posee, colocando a ciudadanos en la incómoda posición de ver sus nombres mancillados, sin tener derecho a réplica, generando en la sociedad un sentimiento de repudio hacia esas personas, las cuales tienen una familia detrás, y que sufren tanto como ellos, y a veces más, las miradas desconfiadas y acusadoras; al mejor estilo de los detestables regímenes fascistas y comunistas.
No se da cuenta el Sr. Intendente, que existen otros métodos para demostrar que no congenia con las irregularidades y muchísimo menos con posibles actos de corrupción por más insignificantes que ellos sean; que no está mal que desee apartarse de los terribles actos de doble moral en los que ha incurrido su fuerza política a nivel nacional, y que el sector político debe encaminarse a limpiar su alicaído prestigio; pero, no puede, no debe, el Sr. Intendente, quien debería conocer el derecho a causa de su profesión, acusar sin pruebas; y en caso de tenerlas, no seguir los carriles correspondientes, si no desea ser él quien se siente en el banquillo de los acusados como difamador e injuriador, amén del daño moral que provoca en sus perseguidos y que se le podrá solicitar en algún momento. Que no incurra el Sr. Intendente en el aberrante error de permitir que su administración vuelva a los tiempos de la inquisición.