Las contradicciones obligatorias

La denominada ley de “inclusión financiera” Nº19.210, que es una de las banderas más importantes de los gobiernos del Frente Amplio y que imprimen su sello con la misma para la posteridad, se plantea como una reforma vanguardista que apunta a modernizar al país en las transacciones electrónicas y a su vez, establece un cambio de cultura en la población al universalizar el acceso al uso de tarjetas, buscando eliminar el manejo de dinero en efectivo y con ello presentando un nuevo escenario, el ingreso al mundo moderno.
Todavía recuerdo la última clase a la que asistí del curso Economía para Periodistas. El mismo se dictó en la sede central en Montevideo de la Universidad Católica en el año 2011, duró dos meses, donde todos los especialistas que impartían las clases esos fríos sábados de mañana, nos decían que el país iría dejando atrás paulatinamente el uso de dinero en papel y monedas, porque era algo que ya en el primer mundo y en los países emergentes estaba dejando de utilizarse. Rehenes
Primero por una cuestión de seguridad, porque era mucho más seguro tener una tarjeta para cobrar que andar con toda la plata encima. O tener que andar con la misma a la hora de pagar cuentas. Y segundo, porque el papel físicamente está dejando de usarse en todos los aspectos y en ello está el debate por otro lado, hasta del futuro de las publicaciones en papel, porque todo viene de la mano con un mundo moderno, que recicla, empieza a cuidar el medio ambiente y facilita todas las operaciones diarias de cualquier tipo, desde el pago de cuentas hasta la reserva de número para el médico, de manera electrónica.
A lo que iba con ese curso que les mencioné, fue que la última clase la tuve con el entonces ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, a la postre procesado sin prisión por el caso de Pluna, responsabilizado de cometer el delito de abuso de funciones, al haber hecho una llamada telefónica al entonces presidente del Banco República y junto a él procesado primero, pero absuelto en segunda instancia por un Tribunal de Apelaciones, Fernando Calloia, para que le otorgara un aval de 13,6 millones de dólares a un sujeto que iba con una recomendación de un empresario clave para el gobierno, como era Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus.
Lorenzo, nos dijo que acaba de venir de un viaje oficial como Ministro que lo había llevado por cuatro países de Europa y nos preguntó: “¿saben cuál fue el único país en el que precisé usar dinero en efectivo para comprar algo? Uruguay”, respondió por el mismo advirtiendo entonces que “se iban a venir cambios importantes en materia financiera”.
Lo que nos estaba diciendo el entonces ministro de Economía, era que la ley ya se estaba cocinando por sí sola. El tema en ese momento era discutir cómo implementarla, a quiénes beneficiaría la misma, qué derechos se vulnerarían y cómo hacer para que todos puedan acceder al sistema de bancarización, lo que por otro supongo que habrá planteado una interrogante muy importante para llevar a cabo tal reforma estructural del manejo financiero, la misma ¿sería obligatoria o se daría libertad para los que nos quisieran estar bancarizados?
Siendo Uruguay un país de conservador y fuertemente estatista, empieza a vivir con este sistema la coronación de una serie de leyes que impulsó el Frente Amplio, que promueven reformas que son de un corte estrictamente liberal y para nada socialistas, como las leyes de matrimonio igualitario, la despenalización del aborto o la legalización de la marihuana que ahora es defendida por todos y parece que drogarse está bien porque ya tomamos diazepan en miles y según los defensores del gobierno de todas las edades hasta la cerveza ahora es peor que consumir estupefacientes como la marihuana, pero medidas que en un país como Cuba, la Unión Soviética, China o Korea del Norte todos ellos comunistas y socialistas, no tendrían cabida.
En Rusia y lo era en la Unión Soviética, los homosexuales son castigados por su condición de tales, traficar drogas, venderlas, acopiarlas y hasta meramente consumirlas es penalizado en Cuba o China, y ni que hablar del aborto en todos estos países. Por eso, para coronar una serie de reformas liberales, el gobierno impulsó la parte que le faltaba, la de establecer la obligatoriedad de todos los uruguayos de bancarizarse, a través de la llamada ley de inclusión financiera.
Con esto los bancos están de parabienes. Porque a los que no los tenían antes adentro del sistema, ahora los agarran por todos lados, les pagan los sueldos, pero también les “ofrecen sus servicios”, ya sea préstamos o tarjetas para poder agarrarlos de una forma u otra y hacer que los mismos entren por el aro, pasando a ser clientes obligatorios de la entidad bancaria, les guste o no.
Ante todo esto, también la pregunta surge ¿cuánto ganan los bancos por emitir en nuestro país mas de 2.400.000 tarjetas de débito? Eso según los datos proporcionados por el Banco Central del Uruguay que anunció que ese es el número de plásticos circulando hoy en el país, para los cuales hay menos de 2 mil terminales Pos en todo Uruguay. Otro negocio redondo como champión de elefante para los dueños de la empresa que venden este servicio, los cuales se han vuelto millonarios colocando estas terminales en el país, sobre todo porque son solamente dos las empresas que trabajan en esta área.
Toda reforma implica este tipo de cosas, por un lado que alguien que se beneficie, que gane mucho dinero con la instrumentación de un servicio nacional, universal y obligatorio, y que haya entidades que se enriquezcan. Por otro lado, en una sociedad tan conservadora y rígida como la nuestra, toda reforma siempre trae cola, nunca nos gusta algo y hablamos con nostalgia de lo que pasaba antes, hasta decimos que lo preferimos.
Pero después pasa lo de siempre, nos acostumbramos a vivir así, usando ese servicio y ya ni nos acordamos de cómo era antes porque lo vemos tan lejano a esa antigua forma de hacer las cosas que ya ni siquiera queremos volver atrás. El tema pasa por definir si está bien que detrás de toda esta bancarización, de todo este fabuloso negocio para la banca privada y estatal, para quienes emiten las tarjetas, para sus fabricantes y para las instituciones que ganan con este sistema como la empresa que fabrica la terminales Pos para que pueda pasar la tarjeta, esté el Estado. Eso suena raro.
Un jurista del gobierno, muy equivocado en mi opinión, dijo que la ley de inclusión financiera propendía a favorecer el derecho humano de pertenecer y tener un servicio financiero. A mi me parece una locura porque no hay derecho humano que se corresponda con estar obligado a inscribirse en el sistema para que un banco privado o público te administre tus ingresos según sus cláusulas. Acá hay una clara bancarización obligatoria, de lo contrario el Estado nos dejaría en libertad a los que percibimos un salario al menos del lado privado, de cobrar en un banco y afiliarnos a su contrato de adhesión, o de recibirlo en la caja de la empresa para la que trabajamos tras los descuentos correspondientes que las empresas no pueden sortear, como el Montepío (que mas que un aporte es un impuestazo porque al final de cuentas uno no percibe ese promedio cuando se jubila sino la mitad), el IRPF y el Fonasa que dependiendo cuánto se gana de sueldo, la cuota mutual que paga.
El tema es que es otra reforma liberal en un gobierno que se dice de izquierda, pero que debe poner las barbas en remojo porque está yendo a contrapelo del dogma que dice representar. El problema pasa porque todas esas contradicciones no nos afecten a nosotros, el pueblo, que siempre termina siendo el conejillo de indias de todos los experimentos políticos y sociales que se le ocurren a los de arriba.

HUGO LEMOS







El tiempo

Ediciones anteriores

noviembre 2018
L M X J V S D
« oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

  • Otras Noticias...