Ley. N° 19.690 FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS LABORALES ANTE INSOLVENCIA DEL EMPLEADOR

La legislación uruguaya ha ido perfeccionando y acrecentando la protección del trabajo a lo largo de la historia a través de diferentes leyes que buscan asegurar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores; derechos que se encuentran consignados y protegidos en la Constitución de la República. El progreso en esta materia ha constado de varios hitos, entre los que se destacan la convocatoria de los Consejos de Salarios, la protección de los derechos laborales en la tercerización, el impulso de la negociación colectiva, la reforma del proceso laboral, la creación del seguro por desempleo, entre otros.
El amparo de los créditos laborales conforma un punto clave en el proceso de protección del trabajo, por lo que el pasado 29 de octubre de 2018 el Poder Ejecutivo promulga la Ley N° 19.690, que crea en el ámbito del Banco de Previsión Social (BPS) el Fondo de Garantía de los Créditos Laborales ante la Insolvencia del Empleador.
Fundamentación
El riesgo de insolvencia patronal ha sido considerado una contingencia social y sin perjuicio del avance que ha representado la Ley de Proceso Concursal N° 18.387 del 23 de octubre de 2008, declarando la preferencia de los créditos laborales en caso de quiebra o liquidación judicial de la empresa, el privilegio del crédito resulta insuficiente a la hora de garantizar la efectiva satisfacción de los mismos.
Al tratarse de un riesgo dentro del sistema de seguridad social se crea el Fondo en el ámbito de BPS, siendo este por mandato constitucional el Ente encargado de gestionar, coordinar y asegurar el cumplimiento de la seguridad social.
Ámbito subjetivo y exclusiones
Se encuentran comprendidos dentro del campo de aplicación de la ley todos los trabajadores de la actividad privada, con excepción de:
a. Allegados al empleador o dirección de la empresa por afinidad o vínculo de parentesco de hasta el tercer grado inclusive.
b. Trabajadores de alta dirección con facultad de decisión en la actividad de la empresa.
c. Empleados que hayan constituido una cooperativa de trabajo con el propósito de continuar prestando servicios y siempre que el Juez la haya designado como depositaria de los bienes de la empresa, según lo reglamentado en la Ley de Proceso Concursal.
En caso de fallecimiento del titular del crédito, el beneficio pasará a los causahabitantes, cónyuge o concubino. En caso de concurrencia corresponderá el 50% al cónyuge o concubino y el restante 50% se distribuirá en partes iguales entre los demás beneficiarios.
Alcance de la garantía
La garantía prevista consta de tres aspectos fundamentales: el tipo de crédito, la verificación de su existencia y el tope máximo.
Los créditos garantizados por el Fondo son:
a. Sueldos y jornales generados en los seis meses posteriores a la fecha de cese de pago o último salario abonado, b. licencias, salarios vacacionales y aguinaldos generados en los últimos dos años previos a la fecha prevista en el literal anterior, c. indemnización por despido legal, y d. multa del 10% prevista en el art 29 de la Ley 18.572 respecto a los créditos de los literales antecedentes.
En ningún caso se garantizará solicitudes de amparo de trabajadores que invoquen créditos laborales prescriptos.
Estos créditos se verificarán cuando sean reconocidos dentro del procedimiento concursal o por sentencia firme dictada por la justicia competente en materia laboral; y como máximo se garantizará un monto equivalente de hasta 105.000 UI ($420.000 aproximadamente a la fecha).
Pago de la prestación
Verificados los supuestos requeridos por esta ley, el BPS pagará en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo el crédito al beneficiario.
La verificación y pago del crédito se dará cuando una vez declarada la insolvencia del empleador,
a. mediante el procedimiento previsto en el Título VII del Código General del Proceso,
b. o por la Ley de Proceso Concursal N° 18.387,
y se haya reconocido el crédito, la suma de la deuda salarial no se hubiere satisfecho.
Financiación del Fondo
La financiación del Fondo de Garantía será exclusiva con aportes patronales, creándose una Contribución Especial de Seguridad Social equivalente al 0.025% sobre los rubros que constituyan materia gravada. El BPS podrá financiar las prestaciones con cargo al Fondo, independientemente del ámbito de afiliación jubilatoria del empleador, así como también con los recuperos de los créditos subrogados por los trabajadores beneficiarios.
El Estado podrá integrar el Fondo en caso de ser necesario asegurar la cobertura del riesgo de insolvencia patronal hasta tanto se restablezca la financiación de la prestación.
El Poder Ejecutivo podrá reducir la tasa de aportación o suspenderla temporalmente en caso de contar con recursos.
Vigencia y reglamentación
La ley entrará en vigencia el primer día hábil del mes de diciembre de 2018 y garantizará los créditos devengados a partir de los 180 días desde esa fecha. El Poder Ejecutivo deberá reglamentarla en un plazo de 90 días desde la fecha de su promulgación.
Cra. María Cristina Gabrielli
Noviembre 2018








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