Se terminó el misterio…

Se terminó el misterio. Mientras el gobierno departamental no paraba de hablar en los medios sobre la herencia maldita, se tomaba su tiempo para analizar las conclusiones de la auditoría pagada a destacada empresa privada, buscando qué denunciar.

Durante casi siete meses (o más), la dirección de jurídica de la Intendencia estudió las conclusiones de la empresa

Leonardo Silva

Leonardo Silva

auditora. Aún así, el intendente entendió que tenía que contratar a un especialista en la esfera penal para que encontrara qué denunciar.

El intendente eligió al mismo abogado sanducero que acusó al anterior intendente por haber formado una “asociación delinquir” para cometer un “fraude” contra el Congreso de Intendentes, y que presentó dicha denuncia ante el Tribunal del Crimen Organizado. Dicho tribunal se excusó de actuar por entender que no tenía competencia. Pero en realidad, no solo se acusaba al exintendente y un grupo de allegados que trabajó en el Congreso de Intendentes, sino también a quien participó del supuesto “fraude”, es decir, al propio Congreso de Intendentes, el que trató a los supuestos “asociados para delinquir” como funcionarios del Congreso y además les pagaba el sueldo.

Como dijera el mismo secretario general de la Intendencia a un informativo capitalino (Telenoche de Monte Carlo), si bien sabían que no existía delito, se realizaba la denuncia porque se necesitaba buscar la forma para que los salteños no olvidaran quién era el exintendente (sic).

¿En qué quedó la denuncia?

Lo mismo puede preguntarse de la anunciada denuncia judicial que terminó siendo apenas una simple denuncia policial sobre la venta de dos máquinas a la Intendencia de Tacuarembó y de la que tanto se habló en los medios de comunicación y en las redes sociales, olvidándose que también inculpaba así al gobierno de Tacuarembó de participar de un delito (receptación o fraude).

Lo mismo puede preguntarse sobre la denuncia sobre la utilización del dinero donado por la Embajada de Japón para la creación del Banco de Leche Materna, que antes de su utilización para poder pagar el sueldo a los funcionarios municipales, se informó al entonces intendente electo y según sabemos de primera mano, también se le informó al actual director de Salud municipal por el director de Salud saliente. Sin embargo, en la conferencia de prensa donde el actual gobierno denunció al anterior por esta causa, la amnesia fue generalizada.

Lo mismo puede preguntarse sobre la reciente denuncia y acusación por parte del gobierno departamental contra un exjerarca del gobierno anterior por la supuesta apropiación de adoquines de la Intendencia, lo que como es notorio, no fue más que un fiasco que terminó injuriando pública y gratuitamente al ex jerarca.

Ahora llega una nueva denuncia ante la justicia por parte del gobierno, que como es más que notorio, ha decidido utilizar como estrategia y metodología de trabajo, la judicialización de la política.

Nadie está diciendo que en el gobierno anterior no pasó nada, pero cada denuncia que el actual gobierno departamental realiza, previa campaña mediática de propaganda, nos hace pensar seriamente que es notorio que su intención es atacar política y moralmente a quienes representaron al gobierno anterior pues lo tiene en la mira por entender que puede llegar a ser su principal adversario en la próxima campaña electoral.

Tras 18 meses de gobierno, puede hablarse ya de un modus operandi, por lo que resta esperar que en los próximos meses sigan apareciendo nuevas denuncias.







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