ALARMA INSTITUCIONAL

Por Dr. Adrián Báez.
Estimados lectores. La aprobación del Presupuesto ha dejado demasiados sin sabores, y muchísimos enconos y decepciones. Parecería que el gobierno lo planificó al margen de la realidad nacional y de aquella voluntad popular que

Adrián Baez.

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tantas veces invoca, cuando le conviene, para legitimar sus acciones, pero que desoye cuando la misma lo coloca en aprietos, que no son tales, sino la exigencia del cumplimiento de lo prometido.
Sabido por todos son los descontentos y consecuentes reclamos; pero debemos hacer hincapié en un caso en particular, pues nos preocupa en demasía y no podemos dejar pasar por alto, sin incurrir en una gran irresponsabilidad cívica.
Por primera vez en la historia de Uruguay, uno de los Poderes del Estado, ha sido relegado intencionalmente de un presupuesto CONSTITUCIONAL, peligrando su normal funcionamiento y con él, el menoscabo de una de las principales funciones que debe realizar un Estado, como lo es la Justicia; siendo, además, una peligrosa intromisión en la independencia esencial que se exige que exista entre ellos, quebrando de hecho, la separación de poderes que tanto esfuerzo le costó a Montesquieu, que comprendiéramos y asimiláramos, como soporte sine qua non de la República y de las garantías que ésta le debe a sus ciudadanos.
El dejar al Poder Judicial con los mismos recursos de hace cinco años, es realmente un acto de revanchismo e ignorancia. Revanchismo claro y sonoro, por haberse la Suprema Corte de Justicia, atrevido a declarar inconstitucionales tantas leyes absurdas y carentes de lógica jurídica, como las promulgadas en los dos primeros períodos de gobierno frentista, y por haber demostrado que con prepotencia y presiones, no la sacarán buena, cumpliendo, dignamente y como corresponde, con su función, que no es ni será, la de hacer la voluntad del gobernante de turno, sino el de dar fiel cumplimiento a la Constitución de la República y a las leyes que respeten a la misma. Ignorancia, al pretender excusarse de tal atropello a una de las instituciones del estado, con el viejo y ridículo verso de la austeridad, la cual, por cierto, no tienen en cuenta al condonarle a Cuba 50 millones de dólares; o levantar una faraónica obra como el ANTEL ARENA; o no investigar la misteriosa desaparición de otros tantos millones, que han dejado a ANCAP prácticamente en la ruina, etc., etc.
No sirve argumento alguno que pueda salvar el enorme mal que esto provoca en el derrotero democrático nacional. Nadie nos asegura, con éste accionar, que lo próximo que vendrá, no será una perversa incursión e injerencia en el desarrollo de la actividad estrictamente jurídica; habida cuenta de las oscuras manifestaciones públicas realizadas por la Senadora Topolansky -de la que dudo aún hoy de su fidedigno apego a las normas democráticas, no por su impecable participación en el sistema, sino por sus permanentes reminiscencias a un socialismo dubitativo de aquellas normas y a sus justificativos de regímenes totalitarios-, de realizar una reforma constitucional donde se crearía un Tribunal Constitucional, no surgiendo, por ejemplo, de manera clara, como sería la designación de sus miembros ni las garantías que hoy se ofrece a quien se ve lesionado en su interés directo, personal y legítimo; quitándole a la Suprema Corte esa función originaria y exclusiva, que sabiamente se le otorga, con la obvia finalidad, y permítaseme el beneficio de la duda, de que dicho Tribunal, falle a favor del gobierno actuante, siempre, claro está, que sea de izquierda.
Amén de todo esto, preocupa también el injusto sometimiento de un derecho legítimo que tiene todo funcionario judicial, de acceder a mejores salarios y con él a una mejor calidad de vida; injusticia aberrante, que lo coloca en desigualdad de oportunidades ante otros funcionarios públicos, quedando en el medio de una guerra de la que no debería y de hecho no forma parte, siendo que sin él y tengámoslo muy en claro, no funciona el soporte judicial y por ende la justicia misma.
Pero lo reiteraremos las veces que sean necesarias, pues así lo creemos; esta embestida irracional y fascista contra el Poder Judicial, es producto de la lealtad con que el mismo ha actuado respecto de su función, frente a un gobierno, que muy solapadamente, ha intentado incursionar en el manejo del Poder del Estado que le falta, para poseer in totum, el Poder, y así, subyugar la libertad.
Por eso, y no sin tristeza y profunda decepción, es que anunciamos, sin temor a equivocarnos, hasta que se demuestre lo contrario, una ALARMA INSTITUCIONAL.