“Con el debido respeto, no falte más a la verdad y dígala toda, director…” dice recluso que lleva 12 años sin condena

Recibimos y publicamos

La nota publicada en la contratapa de este prestigioso diario el pasado domingo 8 de enero de 2017 me mueve a hacer sonar “la otra campana” acerca de la excelente propaganda (autobombo) de la gestión de la actual dirección de la Cárcel Departamental.
Y decimos “cárcel” y no “centro de rehabilitación” porque lo primero nunca jamás ha dejado de serlo; antes bien, a partir de su pasaje al Instituto Nacional de Rehabilitación se desandaron todos los pasos positivos dados en tal sentido por las anteriores Direcciones (principalmente del Comisario Leopoldo Santana y su sucesor Jorge Álvarez) para convertirla, cada vez más, en un mini penal, feudo de la actual dirección, donde no se respetan la ley ni los derechos ni existen garantías reales y efectivas para nadie.
Se dice, por ejemplo que en la chacra trabajan unas 40 personas y se ha plantado (como si fuera muchísimo) ¡una hectárea!, para el consumo del establecimiento, cuando desde hace años se viene tirando lastimosamente su magra producción (lo último fue una enorme cantidad de repollos y lechugas con que se terminó alimentando un par de chanchos que, entre la mugre, se crían en el lugar). Se dice que en el lugar trabajan unos ochenta funcionarios de los cuales treinta son operadores, entre los cuales se cuentan una abogada y dos futuros colegas, hoy estudiantes aventajados. Pero no se dice que estos trabajan ¡de llaveros!, limitándose a abrir y cerrar mecánicamente puertas en lugar de desempeñarse en la oficina jurídico administrativo del centro donde una funcionaria pública se niega a devolver a los peticionarios copia firmada de los escritos que recibe (no sabemos si por ignorancia o por miedo a ser responsabilizada, en un clima de desaprensión y terror, por el extravío o pérdida de las numerosas solicitudes que o bien demoran siglos en ser contestadas o se pierden en el olvido sin llegar a ser nunca jamás respondidas). Se habla de la intención de abrir las puertas del “centro” a la Universidad (o las de esta a los internos del establecimiento, tanto da…), haciendo alharacas por el egreso de un interno como higienista dental; pero a quien esto escribe, a quien restan tan solo tres materias para terminar Notariado no se le ha permitido jamás salir a estudiar desde que se inscribiera en la Regional Norte en el mes de febrero de 2008, en tanto sí se han dado posibilidades de realizar un curso de cooperativismo a tres compañeros (nos reservaremos los nombres) sin la formación básica indispensable como para realizar cursos terciarios. No se dice tampoco que los presos vivimos hacinados en medio de una verdadera mugre, sin agua dulce (mucho menos caliente), con techos que se llueven, cucarachas que caminan por sobre las camas y cámaras que desbordan materia fecal hacia el interior del pasillo o la improvisada cancha de fútbol donde -además- se realiza la recortada visita de los fines de semana, con una nutrida afluencia de niños y ancianos, cual si se tratara de un parque de recreo… No se habla nada del manoseo a que a menudo se ve sometida la gente que va de visita (y aún los profesionales que no tienen ni dónde sentarse cómodamente a entrevistar a sus clientes), ni de la comida que se tira lastimosamente, ni del altísimo consumo general de fármacos, por adicción o escapismo, alentado por una absoluta falta de control.
No se dice tampoco que si bien se imparten cursos de enseñanza primaria y secundaria, se “regalan” certificados de estudio que, para quienes estudiamos en serio, sabemos que poco o nada habrán de servir en el competitivo mercado laboral actual, donde resulta mucho más rentable dedicarse a la usura, el contrabando o la droga, que tratar de abrirse camino “por derecha” a través de algún género de comercio, industria o aún auténtica y verdadera profesión universitaria, de las tradicionales, que más exigen.
Entretanto, se limpia y acondiciona el lugar (y hasta se mejora la comida adrede, tan solo para dichas puntuales ocasiones) ni bien se sabe que alguna visita importante habrá de visitar el lugar (bien sean jueces, el comisionado parlamentario o el actual intendente, en recorridas que parecen tener más de gira proselitista que de real injerencia funcional en todo lo atinente a la buena marcha del lugar), sacando presos del calabozo y generando -a como diere lugar- un falso clima de armonía y plena satisfacción por las condiciones de vida en el lugar. Sin embargo, se viola a diario la ley penitenciaria y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos cada vez que se conduce un recluso de buena conducta, que no lo merece, esposado y engrillado en forma innecesariamente degradante (que la propia ley tipifica expresamente como delito de tortura moral y sicológica) ante el juez, el médico o con alguna otra finalidad legítima y necesaria; cuando se le extravían los papeles; cuando no se le responden en tiempo y forma legítimas solicitudes de salidas transitorias o libertades anticipadas (que demoran meses y que a veces llegan al año y más); cuando se les niega a los reclusos no privilegiados el derecho a redimir pena por trabajo o estudio o se les niega el legítimo derecho a mantenerse informado en tiempo real del lapso que se lleva redimido. O cuando, habiendo al menos una docena de funcionarios en la Enfermería (de los cuales media docena son médicos y casi otro tanto enfermeros), por las noches prácticamente no hay guardia suficiente y quien lo necesita debe clamar en el desierto para ser atendido por alguno de los múltiples funcionarios que van a dormir y cobrar el sueldo, a comer y mirar televisión con aire acondicionado, a pasarse todo el tiempo “jugando” con celulares de última tecnología de dudosa necesidad en la mano o a jugar al truco con los compañeros.
En una palabra: si bien se nos enseña que el funcionario debe estar al servicio de su función y no podría ser normal, legal y lógico que fuera al revés, aquí es todo al revés.
Quien esto escribe, auténtico preso “social” desde hace más de once años sin sentencia, a quien se le vienen violando a raudales casi todos sus derechos humanos fundamentales desde hace largos años, se encuentra hoy mucho peor que cuando llegó a Salto, en junio de 2007, proveniente del COM CAR al cabo de un traslado arbitrario que fuera anulado por ilegitimidad por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el 4 de octubre de 2011, todo porque por razones de neto corte ideológico, político y social ha sido declarado (y tratado) como enemigo por la justicia de este país, la actual dirección y su Junta de Tratamiento. El 20 de octubre de 2015, el mismo día que se encontraba cumpliendo una década de prisión preventiva sin sentencia como paciente oncológico aún bajo control fue sancionado con un re ingreso intramuros tras una espirometría que se le practicara en chacra tras obligársele a que se levantara de su corta siesta de siempre, todo para hacer lugar a los amigotes y reincidentes recalcitrantes mimosos del sistema desde siempre. Y cuando tuvo el “toupet” de movilizar los recursos administrativos y aún la acción de amparo que la ley le otorga a su favor para rever la sanción que en forma totalmente sesgada y desmedida se le aplicó, el actual director le incautó hasta el presente (desde hace más de un año y dos meses) el ordenador que tenía autorizado prácticamente desde su ingreso para poder trabajar y estudiar. El mismo contiene información personal que si bien no es secreta y el suscripto no tiene absolutamente ningún inconveniente en que se le revise, la misma sí es de carácter personal y privado (y hasta profesional) del suscripto. Requerida que ha sido su devolución por parte de escribana pública, la misma fue literalmente echada de la dirección por el titular del “centro”, quien aduce la necesidad de una orden judicial para devolver los efectos incautados. Por lo que, mientras transitamos a diario entre la mugre, la ordinariez, la violencia y la total irresponsabilidad funcional, entre “pipazos” y porros, nos encontramos aguardando nuestra inminente liberación tras la próxima puesta en práctica del nuevo Código del Proceso Penal para ir a reclamar personalmente al juez Hugo Rundie Mintegui, si es que realmente de él depende, dicha devolución, producto de una ilegal incautación de un bien propio que el director no nos puede indebidamente retener sin responsabilidad alguna por uno más de sus múltiples y apañados excesos jamás contenidos ni debidamente sancionados.
Ser preso en un país que no respeta sus propias normas, sean las que él mismo dicta o a las que soberanamente adhiere, donde determinados funcionarios frente a quienes no se tienen garantías reales de ningún tipo actúan arbitrariamente, sin límites ni responsabilidad alguna, cultivando un autobombo proselitista que resulta chocante para cualquier auténtico republicano (y si se es hombre de Derecho, tanto peor), es la peor experiencia personal que al suscripto le ha tocado en la vida. En este “centro de rehabilitación modelo” que pretende ser la cárcel de Salto la única forma de hacer carrera y obtener beneficios es convertirse en un perfecto alcahuete, soplón o buchón en perjuicio de los propios compañeros de infortunio, nada más alejado de los códigos más elementales que hacen a una auténtica dignidad humana, se esté donde se esté (recordemos por un momento el terminante alegato final de Al Pacino en “Perfume de Mujer”). Y si se piensa que por este camino de continuas mentiras, falsedades y atropellos se puede llegar a rehabilitar auténticamente a alguien, estamos todos rematadamente locos.
Digo mi verdad sobre la base de la libertad de expresión que aún me asiste y defiendo, con base en cuanto dispone la Constitución de la República, aunque sepa que con ello me expongo nuevamente a las más furibundas reacciones de la autoridad, sin garantía alguna. Y lo hago porque aún preso sigo siendo un hombre de Derecho espiritualmente libre, orgulloso defensor de mi dignidad humana y de mis derechos fundamentales cuyo reconocimiento tanta sangre, sudor y lágrimas costara a nuestros sufridos ancestros y en homenaje, pues, a ellos, me juego yo también por un país mucho mejor para mis hijos.
Dr. Gastón Pesce Echeverz







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