El nuevo escenario ante la Nueva Ley de Inclusión Financiera y la problemática de las Tarjetas de Crédito

Estuvo recientemente en nuestra ciudad, invitado por el Centro Comercial e Industrial de Salto, el abogado especialista en materia comercial Julio Facal, interesado en promover el intercambio de ideas sobre la nueva Ley de Inclusión Financiera, en particular, la problemática que se genera en este marco en materia de tarjetas de crédito.
Minutos antes de la charla que brindaría a empresarios y comerciantes, dialogó con LINK junto al nuevo presidente de la institución comercial salteña, el empresario Nicolás Sant’Anna, quien comenzó aclarando que “recibimos al doctor Facal, en el marco de una presentación y problemática que nos toca a nosotros. Como el resto del mundo, nos toca ahora pelear por bajar los aranceles de las tarjetas, que es una problemática mundial. Estamos un poquito atrasados en esta parte del mundo, sobre todo en este país. Para ello, contamos con uno de los profesionales que está más interiorizado del tema del país, así que es muy bueno tenerlo para esta iniciativa”, expresó.

- ¿A qué refiere esta problemática que hace mención Sant’Anna?
– Nos encontramos ante una problemática importante, por sobre todas las cosas porque la Ley de Inclusión Financiera actual, que obliga a las empresas y a los comerciantes a contratar con un banco, con esa pseudo bancarización, que en lugar de incluir a la población a los servicios financieros lo que hace es tratar de obligar a los comerciantes a contratar con un banco, agravando aún más la problemática con estos medios de pago, las tarjetas de crédito, que los pone al mismo nivel que el papel moneda.
Estos medios de pago que son fantásticos para usuarios y para comercios, hace muchos años que tanto usuarios como empresarios vienen denunciando una serie de problemas asociados al medio de pago.
Por un lado, los usuarios vienen denunciando los altos intereses, el vale en blanco. Hoy los seguros de vida sobre saldo deudor que nadie contrató, y están asociados a la tarjeta de crédito. Los fraudes. La clonación de tarjetas. Los robos. Toda una problemática que ha sido denunciada, y que el Banco Central que en alguna medida ha tomado cartas en el asunto.
Pero los comerciantes han quedado un poco de lado. Es decir, esa relación jurídica entre el comercio y el emisor de tarjeta no tiene regulación específica. Los comerciantes denunciaron prácticas abusivas hace unos cinco años. Lamentablemente las denuncias no llegaron a buen puerto.

- ¿Qué tipo de denuncias?
– Mire, me tocó trabajar intensamente en un proyecto de ley que regulaba el sistema integral de tarjetas de crédito. Regulaba estas prácticas que sufren los comerciantes a diario, el hecho de los contratos de las tarjetas que los atan y les imponen condiciones porque no tienen mecanismos sustitutivos en el mercado, no pueden elegir, tienen que aceptar tarjeta para poder vender. Y estos contratos los someten a pagos diferidos, a altos aranceles, a discriminación por sector de actividad, a prácticas exclusorias. Los martes, los miércoles, un comercio determinado tiene una promoción fantástica y los demás no, y eso indudablemente distorsiona el mercado.
Pero además de distorsionar el mercado, el empresario debe trasladarle esos costos a alguien que es, ni más ni menos, que el usuario, el consumidor final de los servicios porque son costos imposibles de soportar porque se trata de los aranceles más altos de la región.
Entonces, los comerciantes han intentado, por todos los medios, buscar soluciones para bajar estos aranceles, y una de las soluciones son los mecanismos legales que existen. Esta Ley de Inclusión Financiera tiene un artículo en particular, que entendemos que es claramente inconstitucional, porque establece que los comerciantes toda vez que aceptan tarjeta de débito o documento electrónico, no pueden trasladarle el costo de ese arancel al usuario o a nadie, sino que tienen que establecer el mismo precio contado que con tarjeta de crédito, lo cual claramente vulnera la posibilidad de que el comerciante pueda optar, la autonomía de la voluntad de las partes, la seguridad jurídica. Porque, por qué en ese caso el emisor o el Estado no se hace cargo de ese arancel. Sin embargo, se hace pesar esa carga, esa especie de impuesto sobre la parte más débil de la relación jurídica, y dentro de los comercios, entendemos que esto vulnera al pequeño comerciante, que termina siendo el más perjudicado de todo.
Por todas estas cosas, es que estamos trabajando junto a los empresarios y junto a los comerciantes, no solo por nuestra calidad de asesores de varias gremiales, de profesionales como asesores de empresa, sino también por nuestra vocación docente. Hace muchos años que venimos investigando a través de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y también de la universidad privada, este contrato de tarjeta de crédito. Es así que estamos frente a estos desafíos, donde los comerciantes se plantean distintas acciones a seguir.

- ¿Hay equidad en cuanto a los aranceles? Le pregunto porque se ha mencionado que las grandes superficies pagan menos.
– Justamente, dentro de las prácticas denunciadas, una es la gran dispersión…

- ¿Qué es eso?
– Hay unos que pagan muy poco y hay otros que pagan mucho, y esto sin duda perjudica al pequeño comerciante. No nos olvidemos además que los aranceles estaban en casi un diez por ciento en una época. La lucha de los empresarios y comerciantes hace cinco años que comienza con los hoteles de Punta del Este que dicen que no aceptan tarjeta, de todas maneras no era la mejor práctica, porque era como caer en una práctica que los propios empresarios denuncian. Pero hubo una necesidad de salir a manifestarse.
A partir de allí, con las denuncias en defensa de la competencia, con el proyecto de ley, es que las tarjetas van a hablar con el Estado, y le piden que por favor que ese proyecto no se apruebe y que ellos voluntariamente, en acuerdo entre privados, van a bajar los aranceles. Allí bajan los aranceles del 8, 9, 10, al 5 o 4.9% en crédito, 2.5 o 2.9% en débito que es el tope que se tiene hoy.

- Igualmente se habla de muchos millones de dólares que recaudan, sin ningún tipo de riesgo, estas empresas emisoras de tarjetas de crédito, dinero que se termina fugando del país.
– Una de las cosas que nosotros decimos, es que este contrato de tarjeta de crédito es un contrato de colaboración empresarial, y nace para facilitar el comercio. Sin embargo, hoy, necesariamente, el negocio pasa por la tarjeta de crédito. Hay muchos comerciantes que terminan trabajando para el usuario. El otro día le enviábamos al Centro Comercial extractos de una conferencia de prensa que estuvimos dando en Montevideo, y cuando terminamos, nos llega un mensaje de un amigo almacenero, que nos ponía el ejemplo con una cerveza. De la ganancia neta que le quedaba, deducido el IVA de las comisiones, el arancel, los costos administrativos, diferir los pagos, era el 0.2%. Hay negocios que claramente van a pérdida.
Nos dicen que en los quioscos de Montevideo la recarga de celulares genera un 3.5 de rentabilidad. Cuando van a liquidar la tarjeta de crédito es el 4.9. Entonces, indudablemente en lugar de ser un contrato facilitador para el comercio, termina siendo que el negocio pase por la tarjeta, y no es la idea. Nada más ejemplificante que el débito, ¿cómo el débito puede tener un arancel del 2.5 cuando antes era el mismo que el crédito? ¿Cuál es el servicio que el débito presta? Más allá de un servicio de caja, que quizás haya que costearlo, que podemos estar de acuerdo que puede ser un servicio, igualmente nos parece que el arancel es elevadísimo para una simple operación financiera que hace que se le debite directamente de la cuenta al usuario, y además ese dinero queda depositado 24 o 48 horas en los bancos, y los intereses que genera son bastantes grandes.

- Ante este movimiento que están realizando, ¿cuál ha sido la respuesta por parte del Ministerio de Economía?
– Le voy a contestar desde el punto de vista técnico. Sobre la respuesta que hemos obtenido del Ministerio de Economía le puedo decir que los empresarios no han tenido mucha repercusión ni aceptación por parte del Ministerio. Las respuestas técnicas que se nos han dado, consideramos que son erróneas. Por un lado, el Estado ha entendido que no quiere regular aranceles porque sostiene que se trata de una relación entre privados. Nosotros decimos que eso es erróneo, porque esto no es cualquier producto, esto es un sustitutivo de la moneda, esto interviene a niveles de la economía como el crédito, la moneda, el ahorro. Es intermediación financiera, y además, está en manos de bancos. Los bancos captan ahorro público, están trabajando con el dinero de la gente, no trabajan con dinero privado. Por tanto, hay interés general, y toda vez que hay interés general, el Estado debe intervenir.
Por otro lado, el Estado ha dicho que el comerciante es libre de aceptar tarjetas, más allá que la Ley no le imponga la obligación de aceptar tarjeta, cosa que es cierto, es una falacia porque el monopolio está concentrado en cuatro o cinco emisores de tarjetas de crédito, y por tanto, como decíamos hoy, el empresario no puede optar, no puede no aceptar.
Pero supongamos que es así, que puede no aceptar, una vez que acepta la propia Ley le dice, en caso que usted acepte no puede diferenciar contado de crédito, el arancel lo va a tener que asumir usted. ¿Por qué el comercio? Entonces, las respuestas que nos han dado no han sido del todo positivas ni desde el punto de vista técnico ni ha satisfecho a los empresarios. Nosotros pensamos que hay un gran cuidado del negocio bancario.

- ¿Por qué?
– Por varias razones. Primero, porque esta Ley de Inclusión Financiera lo que tiene de principal es la formalización de la economía. Hay un intercambio de información con las entidades bancarias a cambio de más negocios, más clientes. Y en segundo lugar, que también se han flexibilizado normas del secreto bancario que en cierta medida perjudican al inversor. Hablamos de las normas del secreto, un poco por presiones de organismos internacionales, entonces el negocio bancario empieza de alguna medida para algunos inversores a no ser tan rentable, y creo que un poco el Estado lo que está intentando es proteger el negocio bancario, y por tanto, timoratamente no ha tomado medidas en el asunto.

- Con la generalización del uso de las tarjetas, ¿corre algún peligro la existencia de los pequeños comercios?
– Claro, la prueba más evidente de eso es que los decretos reglamentarios de la Ley de Inclusión Financiera se han venido postergando. No se sabe cuándo se va a poner en aplicación la ley. Da la impresión que no saben cómo hacerlo, esa es la verdad.