No hay que judicializar la enseñanza

La educación debe ser un tema serio y en serio. Nos debe ocupar a todos y eso requiere compromiso y acción. No podemos resumir el hecho de educar, de ser educadores y formadores, en cumplir solamente en llevar a nuestro hijo a la escuela, comprarle los útiles y el uniforme respectivo, y entregárselo a una maestra para que nos resuelva todas las cosas a las que no nos dedicamos a enseñarle.  educacion
Pero una vez esto, tampoco podemos venir después a cuestionar y a criticar cómo un docente evalúa a nuestro hijo. Debemos comprender cuáles son los métodos que emplean y conocerlos, antes de enviar a nuestros pequeños a una institución educativa, a la que después estemos poniéndole cortapisas al momento de que nos digan cómo rindió el niño a juicio de su educador, durante el año lectivo.
Eso se llama compromiso, responsabilidad y dedicación. Como padres no podemos venir con un cañón luego que nos dan el resultado, apuntando al maestro, al director y a todo lo que se mueva dentro de la escuela, colegio o liceo, por el mero hecho de que debemos confiar en la calidad académica y pedagógica de los docentes a los que confiamos la educación curricular de nuestro hijo.
El tema lo traigo a colación por lo que pasó en el mes de diciembre en nuestro país, precisamente en Montevideo, cuando los educadores de un colegio, privado y de educación católica, entendieron que una niña de 9 años no había transitado el año lectivo de manera de asimilar los conocimientos adecuados y de la forma que debía hacerlo, para cumplir con los requisitos que establece el programa para que el educando pueda continuar con su vida académica. Es decir, la niña no estaba en condiciones de pasar de año, porque no tenía el nivel de aprendizaje que debía tener y punto.
La repetición es algo más viejo que el pan. Cuando esto pasa, el niño o niña, repite el año y los maestros esperan que entre los conocimientos asimilados durante ese año que terminó reprobando y entre los que puede volver a rescatar el año que recursa, pueda conseguir mejorar el nivel de aprendizaje y seguir transitando su vida académica al menos con mayores conocimientos.
Pero en todos estos casos, estos temas deben ser resueltos siempre y en todos los casos, por los padres del niño o niña involucrado en el problema y los respectivos docentes, maestros, profesores o educadores, que son, se supone, las personas capacitadas para evaluar técnicamente la evolución de ese educando, con el que trabajaron todo el año. Son los únicos que pueden decir si alguien está apto y tiene la capacidad de poder pasar de grado.
Y es así en todos los órdenes de la vida, cuando por ejemplo, un funcionario en la administración pública da un concurso para pasaje de grado, algo que debería ocurrir más seguido, y se evalúa su capacidad para ello y para la función que viene cumpliendo en la actualidad, el resultado se acata, salvo que la persona sienta que hubo un error que terminó perjudicándolo y tiene la posibilidad de formular un procedimiento administrativo, pero siempre dentro de la administración no en el ámbito judicial, con el fin de que ésta eleve la situación a las autoridades inmediatas y allí sí, el fallo es inapelable.
Por eso, cuando una maestra le dice a los padres de una niña que la misma debe repetir el año porque no alcanzó los niveles mínimamente exigidos, los mismos deben preocuparse porque la pequeña aprenda, se eduque y supere las etapas que han determinado su reprobación. No deben ir ante un juez con una querella judicial, diciendo que el colegio es el malo, que busca frustrar las expectativas que pueda tener la joven, porque es un planteo que solamente victimiza a la niña y problematiza aún más la situación.
Además extrae de los ámbitos correspondientes el hecho de evaluar la calidad y capacidad educativa de un estudiante. Un juez no está capacitado para señalar si un niño puede o no pasar de año. No puede ni debe hacerlo. Su actividad debe pasar por otros aspectos de la vida de la gente, que no deben rozar con la intromisión de una actividad que no es la suya, en este caso la de ser maestro de una pequeña y juzgar su capacidad como si hubiera estado durante todo el año lectivo sentado a su lado, en el salón de clases.
Tampoco es bueno para la actividad jurisdiccional entrometerse en el nivel que pueden llegar a tener determinados docentes para evaluar a sus alumnos, o en si los planes de estudio de un centro educativo cualquiera son los aplicables a determinadas edades, porque lo que estamos promoviendo allí es por un lado, que un magistrado se convierta en quien no es, un sabelotodo. Y en segundo lugar, estamos generando una acción comprometedora y nada positiva para el sistema de enseñanza, que es, cuando a los padres no nos gusta el resultado de los evaluadores de nuestros hijos, los llevamos ante la justicia y ponemos el tema en un ámbito donde nada saben de cómo funciona esto, pero que tienen la potestad de decir algo y marcar un precedente importante.
Por suerte, el colegio impugnó la sentencia de primera instancia y se presentó ante un Tribunal de Apelaciones que puso las cosas en su lugar y rechazó el dictamen judicial que ordenaba promover a la niña de grado, en contra de lo que dijeron sus maestros. Ahora la niña no podrá cursar el quinto grado y deberá permanecer en cuarto, hasta poder aprender, a juicio de sus verdaderos evaluadores, de la manera correcta, para así seguir avanzando en su vida académica.
Si la educación de nuestros hijos estuviera en mano de los jueces, el problema de su educación y la evolución de sus conocimientos sería enorme, habría un desastre porque nadie sabría cuánto aprendieron esos niños, ¿total? Al final del año, recurrimos al juez de turno y probamos suerte según el abogado que podamos pagar.
El ejemplo que quiso darse con este caso fue nefasto y dejó entrever que la justicia no está capacitada para dirimir una contienda de esta naturaleza, no administrativa ni procesalmente, sino en base a la cuestión de fondo, no puede jamás un juez si su hijo o el mío, pueden pasar de año, cuando el maestro que estuvo con ellos todo el año y al que le confiamos la educación de los pequeños, dice lo contrario.
Lo otro es judicializar la educación, algo que no debe permitirse en ningún lado del mundo, porque si así fuera, pobre de nuestros niños.

HUGO LEMOS







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