No se puede permitir

La primera vez que fui a la cárcel de Salto para hacer un reportaje fue en el año 2003. Entré a un celdario que estaba cerca de la puerta de entrada, un espacio que ya no existe, porque pese a que el centro penitenciario local mantiene su antigua y precaria infraestructura, ese lugar fue reformado. delinuencia
Allí, en un recinto que medía tres metros por dos, había cuatro camas, por decirle camas, porque tres eran catres con colchones muy finitos. Los policías, que entonces eran los que controlaban el lugar me acompañaron hasta ese espacio, después de mostrarme todo el lugar, o gran parte del mismo y me dejaron adentro con los internos, por entonces llamados presos a secas.
Cerraron las puertas y permanecí por espacio de unos 40 minutos charlando con los mismos. Eran hombres jóvenes de distintos barrios de Salto, que estaban pagando penas por distintos delitos. Tenían claro dos cosas, que habían cometido un delito y que tenían que pagarlo de la manera que la Policía lo disponía en esos lugares.
Mucho se hablaba entonces de si era adecuado que los funcionarios policiales fueran los que tuvieran que investigar, detener y poner ante la justicia a los delincuentes y después encima, custodiarlos en las cárceles. Esa discusión se dio en diversos ámbitos al punto que con el paso de los años, los nuevos gobiernos decidieron que las cosas cambiaran y quisieron darle un perfil social al asunto, pero que no ha logrado hasta ahora poder dar en el clavo con este asunto.
Por lo general y salvando honrosas excepciones, donde en algunas cosas se puede contar a la cárcel de Salto, los centros penitenciarios del Uruguay, hoy denominados por ley centros de rehabilitación pero en la mayoría de los casos son solo denominaciones, vulneran todos los derechos humanos. Absolutamente todos. Generan una condición de depósito del ser humano al que no rehabilitan sino que condenan al ostracismo, y lo destinan a vivir en un estadio de violencia y supervivencia del más fuerte que es tremendo.
Hay cárceles en el país donde los presos se enfrentan a diario por sobrevivir y lo hacen con armas de fabricación casera, porque saben que es defenderse o morir. Las denuncias por esta situación realizadas, primero por los propios reclusos que pasan filmaciones desde sus teléfonos celulares a sus familiares que están afuera para que las multipliquen, a modo de denuncia, luego por los propios guardias cuya integridad física corre riesgo cada día, y luego por el Comisionado Parlamentario, un cargo creado en el país para que sea un veedor de la realidad carcelaria en el país y sus denuncias y dictámenes sobre el tema tengan asidero. Aunque sus expresiones, son una posición de deseo y no pasan muchas veces de un comentario.
Ningún gobierno le ha hincado el diente al sistema carcelario, nadie ha destinado los recursos necesarios ni mucho menos extraordinarios para meterle mano a algo que es muy importante para la sociedad uruguaya. Nadie de los que ha estado en el gobierno hasta ahora, ha creído realmente que se deben reformular las cárceles desde sus estructuras edilicias hasta sus políticas internas, ni mucho menos las han considerado una política de Estado, ya que allí se supone que van las personas que cometen delitos, es decir, las que se salen del contrato social y vulneran las reglas de pacífica convivencia para dañar al otro sin importar las consecuencias y es tarea del Estado, reencauzarlas para devolverlas a la sociedad con la convicción de que deben respetar a los demás.
La cárcel de Salto ha evolucionado, pero los problemas sociales no los va a terminar dando talleres, ni haciéndolos leer y escribir, ni mucho menos dándoles mejor comida o televisión con cable. Hay un problema de reeducación que falta, no hay una política carcelaria (en todo el país) que determine que el interno, que es un costo para la sociedad, deba cumplir allí dentro con determinadas obligaciones para aprender nuevos hábitos con los que deberá salir del lugar.
Sobre todo porque tiene una población muy vulnerable, con jóvenes que han crecido con nuevos códigos, más violentos y sin respeto por la autoridad. El narcotráfico está presente entre los internos, las rivalidades generan problemas internos y la ausencia de una política más rigurosa para que se generen conductas apropiadas al lugar donde se encuentran pauta el diario vivir de personas que pronto volverán a la sociedad y seguramente seguirán en la misma. Pero como a algunos de ellos no los agarran más porque no cometen el mismo error que les valió el encierro la primera vez, las tasas de reincidencia son otras.
Entonces cuando alguien quiere poner límites se encuentra en un estado de situación que se vuelve mucho más complejo, que genera fuertes rechazos y que termina como en el caso de la directora actual de la cárcel, una funcionaria que ingresó hace algunos años a trabajar allí pero que es civil, no es policía, que recibe un ataque a balazos en su propia casa como un mensaje mafioso, donde le dijeron directamente que cuide su vida porque saben donde vive y cuáles son sus movimientos.
Esa situación en una sociedad pequeña como la nuestra, es imperdonable y la Policía debe buscar hasta en el último hueco a estos delincuentes para dar un mensaje claro, no toleramos sicarios ni matones que quieran amedrentar a nadie. Por más que las cárceles no los reeduquen, por más que su vida en la sociedad sea entre las cloacas y con hábitos de pandilleros, no se les puede permitir este tipo de ataques.
Pero también es un mensaje claro para la jerarca, el sistema carcelario no funciona como debe y las autoridades nacionales y sobre todo de gobierno, deben darse cuenta que han fallado en este tema y que deben hincarle el diente cuánto antes, como política de Estado, para que la sociedad encuentre un respaldo en serio a la hora de querer combatir la delincuencia y reformar los hábitos de estas personas, para poder vivir en paz.

HUGO LEMOS