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Nos Faltan Políticas de Estado

Salto está cada vez más proclive a sufrir inundaciones y así lo estamos viviendo, ya que cada dos años aproximadamente nos encontramos padeciendo una situación de estas características, que afectan a cientos de coterráneos. A esta altura todos tenemos un vecinos, amigo, pariente o conocido que es damnificado por la crecida del río Uruguay y esa situación genera incertidumbre en la vida de las personas, porque de aquí en más, saben que antes de los próximos tres años seguramente deberán volver a salir de sus casas.
El tema es porqué el gobierno no empieza a trabajar en una política de Estado que busque soluciones de fondo a este problemas. Creo que ya lo han pensado varias veces, que han tirado el tema arriba de la mesa, pero que el mismo ha quedado en eso. Porque para trabajar en algo que todavía no ha vuelto a pasar hay que tener tiempo y dedicación, y en una administración pública el tiempo apremia y los problemas se vuelven una vorágine constante que requieren de una respuesta inmediata, por lo tanto, cuando los tiempos de inundaciones pasan, los gobiernos encajonan el problema y siguen con otros.
Pero al cabo de un tiempo, cada vez más breve en los últimos años, esa misma catástrofe natural regresa y debe ser atendida por las autoridades, entonces hay que volver a desempolvar aquel viejo borrador que se hizo durante la última inundación y ver si se hace aplicable a esta nueva situación y si pueden plantear todas las necesidades que ellos entienden en función de los recursos con los que cuentan.
Es que si bien las instituciones públicas y de gobierno tienen la obligación de hacerse cargo de estos problemas, porque no es que están trabajando como lo hacen porque sean los buenos de la película y quieren dar una mano ahora, sino que está en el cometido específico de su función tener que hacerlo, donde cabe reconocer que vienen trabajando muy bien en este asunto sobre todo la Intendencia de Salto y las Fuerzas Armadas con el Ejército a la cabeza, pero todos ellos no cuentan con respuestas inmediatas a todos los problemas que se presentan, sino que empiezan a dar, como todas las veces que esto ocurre, respuestas graduales a los problemas y eso termina generando situaciones complejas para una población que es altamente vulnerable.
Por esa razón es que se hace imperioso el tener que contar con un plan de acción que venga acompasado de fondos específicos y no estar esperando la dádiva del gobierno central. Sino que haya un fondo de emergencia para zonas inundables que permita la construcción de refugios adecuados para la gente damnificada, sobre todo por los niños que están padeciendo esta situación. Donde a su vez un equipo multidisciplinario brinde contención social y psicológica, y se les preste una atención especial a esos niños que precisan seguir su camino en la educación, contando para ello o de un traslado al centro educativo inmediato al refugio o de un bus para el traslado de los escolares.
Pero esto, que es solo una mirada en perspectiva de cómo deberían funcionar las cosas en un lugar donde cada dos años se sufre el embate de la naturaleza, surge de ver cómo mucha gente que aún no terminó de acomodar el cuerpo tras la última inundación, que fue la peor de las últimas 5 décadas, ahora se ve nuevamente sorprendida por este tipo de cosas y en ese sentido se ve golpeada dos veces por la misma piedra.
A esto, las personas damnificadas le piden respuestas al gobierno de turno y encuentra soluciones precarias, porque saben que el gobierno departamental está dando lo máximo a su alcance, así como también lo hacen otras instituciones como las Fuerzas Armadas, la Policía o las instituciones de salud y de las atención social.
Pero mientras un país entero discute lo que ha dejado el gasto de dineros públicos de parte del actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic, en su época como presidente de ANCAP, y mientras él rehuye a decir algo parecido a una autocrítica, mientras el parlamento debate si está bien o no derogar el delito de abuso de funciones, algo que no está bien que dejara de existir en una democracia, donde a los cargos públicos los elige el pueblo, por lo tanto ese delito es una herramienta de control que tiene la gente sobre las personas a quienes les depositó la confianza para que los gobernara, en Salto están pasando cosas como estas, donde más de tres mil personas salieron de sus casas porque tienen el agua al cuello.
Y a menos de dos años de haber vivido una situación tan difícil como la actual, vuelven a ver cómo sus problemas afloran otra vez y no le pueden exigir mucho a las instituciones, porque saben que las mismas no les van a cubrir todas sus carencias y además porque el parlamento, está para discutir cuestiones políticas por las que se interesan solamente los políticos que viven de la política (es decir de todos nosotros) y para aquellos que no tienen problemas de ninguna índole en vez de estar tratando de buscar resolver los problemas de fondo que padecen sectores importantes de la sociedad.
Porque este tipo de problemas son los que tienen los afectados por la crecida; que dicho sea de paso no son solamente las personas que ven sus casas inundarse cada vez que esto ocurre y con todo lo que eso implica, sino que también los damnificados son por ejemplo los productores hortícolas, que ven afectadas las cosechas, los mercados que por esta razón no reciben tales productos, los comercios a los que les empiezan a escasear este tipo de cosas y entonces al haber mucha demanda y poca oferta, todo se encarece.
Y con el nivel inflacionario en el que ya vivimos, con los sueldos estancados desde hace al menos dos o tres años como pasa en la mayor parte de los niveles de actividad, donde lo único que se recibe (y en muchos casos ni así) un ajuste en función de la inflación pero no un aumento de sueldo, algo que reduce el poder de compra de los trabajadores, todo se complica. Asimismo, las inundaciones afectan la infraestructura, los caminos, las calles y no permite que mucha gente pueda trabajar.
En definitiva, el daño es grande pero lo que hace falta acá, no es ni siquiera poner en tela de juicio la vigencia del delito de abuso de funciones y si es violatorio de algún derecho humano en todo caso lo que hay que hacer es sustituirlo y no derogarlo, sino lo que falta acá es tener un parlamento en serio que se preocupe por este tipo de cosas.
La falta de políticas de Estado sobre temas realmente preocupantes como las consecuencias que nos trae el cambio climático, algo que nos está afectando sobremanera desde que se comenzó a hablar hace más de 20 años del agujero de la capa de ozono, es un tema mas que vigente y en Salto las inundaciones que estamos soportando cada dos años, nos lo está demostrando con una fuerte cachetada para que algún día reaccionemos.

HUGO LEMOS