Pobres de nosotros

Estamos viviendo momentos difíciles como sociedad, momentos de divisionismos y de sentires muy distintos, donde la situación de inseguridad determina discursos encontrados, donde unos están a favor de determinadas prácticas porque consideran que así se resuelven los problemas y otros pretenden una mirada más amplia, la que muchas veces se distorsiona y se vuelve una utopía.
El desenlace judicial que determinó la semana pasada el encarcelamiento de dos funcionarios policiales en Salto, motivó una tremenda discusión sobre los límites de actuación que debe tener la Policía para enfrentar situaciones de violencia, en la que los involucrados pueden llegar a ser o no, personas que hayan cometido delitos e incluso menores de edad, que poseen una protección especial de los marcos normativos por su condición de tal.
Por estos días, la claque discutió y debatió en los medios de comunicación y en las redes sociales, que tienen más visibilidad aún, si los efectivos estuvieron bien procesados, porque sin conocer los hechos, la gente, cansada de vivir situaciones de inseguridad, resumió el hecho por los comentarios que recibió del asunto, fabricando su propia novela, viendo a los policías como dos indefensos sujetos, ante una horda de delincuentes, los que se defendieron como podían, y que por hacerlo terminaron castigados con cárcel.
Nada más lejos de la realidad es esa historia que elucubró mucha gente, que defendiendo a ultranza el instituto policial, exigen que el resultado de las investigaciones a nivel judicial sea otro.
Yo no estuve ahí, no me enteré de la situación sino el mismísimo lunes cuando tarde en la noche cuando quisimos corroborar por todas las fuentes posibles que había dos policías procesados, pero como en ese momento no pudimos hacerlo, el diario decidió ahondar en el asunto al día siguiente para no brindar una información errónea a sus lectores.
Por eso al otro día, accedí a informes internos de la Policía y horas después al mismísimo auto de procesamiento, que no es otra cosa que una sentencia que resume los hechos que hacen de fundamento para la resolución que adopta el juez que actúa en estos casos.
Tanto en el informe policial como en la resolución judicial, se deja en claro que el joven denunciante y lesionado por el funcionario policial objeto del proceso, no estaba armado, que no había cometido un delito aparente, aunque sí era el principal sospechoso de haber dañado un camión. También resultó de ambos informes por las declaraciones de los propios policías que el sujeto se negó a responder al llamado del policía para detenerlo y que estando dentro de su casa, arrojó piedras contra el móvil y el policía en cuestión, causándole daño al coche policial pero afortunadamente no así al funcionario.
Pero surge de todos los informes que el policía habría amenazado al joven, primero con su arma de reglamento y luego lo habría insultado con referencias al padre del adolescente, quien es o era funcionario policial. Por lo cual surge de allí una relación de conocimiento y una cuestión personal entre el policía procesado y el adolescente que fue usada como argumento por parte de las autoridades para adjudicarle al funcionario un error de procedimiento. Lo que termina en que tras recibir las pedreas, el efectivo toma el arma con “munición no letal”, pero suficientemente dañina como para herir a una persona y poder inmovilizarla y detenerla.
El funcionario policial se acercó al joven a metros de la puerta de su casa, a quien pretendió detener porque era sospechoso de haberle arrojado una piedra a un camión de Transportes Berro y romperle el parabrisas, y en un ida y vuelta de insultos entre él y el joven al que pretendía detener, entre otros hechos previos como las pedreas mencionadas, el policía disparó seis tiros con balines de goma que pueden llegar a doler y lesionar mucho, de los cuales varios impactaron contra el adolescente, dejándolo en el lugar herido y retirándose de la escena sin lograr el objetivo de retener al sospechoso.
Situación que se produjo ante la vista de todos quienes estaban allí observando lo sucedido y que horas después fueron al juzgado a prestar declaraciones con nombre y apellido, ratificando estos hechos que más tarde leí para informarme.
Las autoridades judiciales entendieron que más allá de la denuncia original que determinó la persecución al adolescente -el cual era el sospechoso de causar un daño por la cual el damnificado se supone que radicará la denuncia y que en consecuencia tanto los ocupantes del vehículo como el sospechoso deberán aclarar esto por otra vía- los funcionarios policiales, según lo que consideró el juez, no debieron proceder de esa manera.
El juez citó en su sentencia el artículo 22 de la Ley de Procedimiento Policial Nº18.315 que le pone “Límites al empleo de las armas de fuego” y que establece que los policías “no deberán emplear las mismas excepto cuando una persona ofrezca resistencia armada”, lo que no ocurrió en este caso. Entonces más allá de que el sujeto al que pretendían detener “fuera problemático” como declararon los policías, no podían “amenazarlo con el arma de reglamento”, tampoco podían “proferirle insultos” y menos que estos estuvieran “dedicados al padre” del sujeto al que pretendían detener, porque hicieron del caso una cuestión personal.
Y un policía no puede tomar un hecho personal en sus manos, porque caemos en el riesgo de que quienes tienen el deber de defender y proteger a la sociedad, cometan abusos y se generan situaciones como estas, donde en vez de resolver el asunto con una detención pura y simple, quizás hasta a través de una citación a concurrir a la seccional con su madre por el hecho de que el sospechoso era un menor de edad, terminamos viviendo como sociedad el análisis de una situación de violencia que divide a las personas en buenos y malos, algo que tampoco es justo en ningún aspecto.
Donde generalizamos y decimos que todos los policías son esto, o que todos las personas que tienen determinada conducta merecen tal o cual castigo. Ni el policía actuó debidamente, claro está, porque podía haberse ido del lugar, pedir apoyo y actuar con otras garantías, pero no fue así por lo que revela el auto de procesamiento, ni el adolescente actuó de manera correcta, sino que cometió un daño y encima terminó enfrentado a la Policía, volviéndose la víctima de un episodio que con una actitud adecuada pudo haber evitado.
El desenlace tuvo varias lecturas, muchas de ellas sin conocer toda la situación tal como ocurrió y con prejuzgamientos que terminan tergiversando lo que realmente sucede en estos casos, por lo cual se cuestiona fácilmente un dictamen de esta naturaleza, lo que tampoco nos hace bien como sociedad, porque nos genera desconfianza en las instituciones y nos demuestra que estamos pidiendo no respetar las leyes. Y cuando pedimos que las cambien no sabemos ni qué estamos pidiendo, ni a quién se lo tenemos que pedir. Porque se las exigimos a los jueces y no a los diputados y a los senadores que nosotros mismos votamos, que son los que las hacen.
Pero lo que más me preocupa no es eso, sino la falta de garantías en la que nos vemos envueltos como ciudadanos ante el cumplimiento de las normas vigentes. Porque quedamos en el medio de la actuación desmedida de funcionarios públicos a quienes les pagamos para defendernos y no para violentarnos, y también de rehenes del accionar de los que cometen delitos, que a pesar de ser los generadores de daños, el propio sistema les da el derecho de hacer valer sus reclamos, los cuales cobran tanta fuerza, que pueden revertir su propia situación y pasar a ser víctimas de los actos que ellos mismos originan.
Y los que estamos en el medio, precisamos apoyo y solo encontramos una pelea entre ladrones y justicieros, que con este tipo de actitudes, nos generan más desconfianza y temor. Pobres de nosotros.

HUGO LEMOS







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