Por el Dr. Juan Diego Menghi Pérez del Castillo & Asociados. Proyecto de Ley del Poder Ejecutivo será tratado en Diputados

FONDO DE GARANTÍA DE CRÉDITOS LABORALES ANTE INSOLVENCIA DE EMPLEADOR

El Poder Ejecutivo presentó un Proyecto de Ley que propone la creación de un Fondo de Garantía de créditos laborales financiado por aportes patronales. Actualmente el Proyecto cuenta con media sanción parlamentaria ya que fue aprobado recientemente por la Cámara de Diputados.
I. OBJETO Y JUSTIFICACIÓN
Dispone la creación de un Fondo de Garantía administrado por el Banco de Previsión Social (BPS) y financiado por aportes patronales, que sería utilizado para satisfacer determinados créditos laborales en situaciones de insolvencia de empleadores.
En la justificación de motivos del Proyecto se establece que la creación del Fondo de Garantía de créditos laborales tiene por objetivo continuar avanzando en la protección del trabajo y solucionar la problemática de la insolvencia patronal y sus repercusiones en los créditos de los trabajadores. Ello en el entendido que los actuales mecanismos existentes (ley 18.387, de 23 de octubre de 2008: en adelante “LC”) si bien en su momento representaron un avance respecto a la normativa anterior son –según el texto del Proyecto- insuficientes e inadecuados para lograr la completa satisfacción de los créditos laborales.
II. TRABAJADORES BENEFICIADOS Y EXCLUÍDOS
Se propone como beneficiarios del régimen de garantía a todos los trabajadores de la actividad privada. En caso de fallecimiento del titular del crédito (trabajador), se considera beneficiario a los causahabientes, cónyuge o concubino. En caso de concurrencia, le corresponderá el 50% del total a percibir al cónyuge o concubino y el 50% restante se distribuirá por partes iguales entre los causahabientes.
Se excluye del elenco de trabajadores beneficiarios a:
i. los vinculados al empleador o a los miembros del órgano de dirección por afinidad o consanguinidad hasta el tercer grado inclusive;
ii. el personal de alta dirección, tales como “directores, gerentes generales y todo aquél que tuviera facultades de decisión sobre cuestiones sustanciales de la actividad del empleador”; y
iii. los trabajadores que constituyan una cooperativa de trabajo con el propósito de dar continuidad al emprendimiento donde prestaban servicios, siempre que el Juez la haya designado como depositaria de los bienes de la empresa, con facultades de uso precario de los mismos (según LC, art. 174, num. 2).

III. TIPOS DE CRÉDITOS Y TOPES GARANTIZADOS
Los créditos garantizados son: (i) sueldos o jornales generados en los seis meses inmediatos a la fecha de cese de pago o último salario abonado; (ii) licencias, salarios vacacionales y aguinaldos generados en los dos últimos años previos a la fecha prevista en el numeral anterior; (iii) indemnización por despido legal; y (iv) multa del 10% sobre los créditos mencionados.1 No se garantizan solicitudes de amparo de trabajadores que invocaren créditos prescriptos.
Se establece asimismo un límite máximo garantizado: hasta un monto máximo de UI 105.000 (ciento cinco mil unidades indexadas), que hoy equivalen aproximadamente a $ 418.509. Los trabajadores que hayan cobrado créditos laborales por el procedimiento del pronto pago (LC, art. 62), imputarán dichas sumas al límite máximo mencionado anteriormente.
IV. FINANCIACIÓN DEL FONDO
El Fondo se financiará con una contribución especial por parte de todos los empleadores de la actividad privada de hasta 0,025% sobre todos los rubros que constituyan materia gravada (el Poder Ejecutivo puede reducir el porcentaje referido o suspenderlo temporalmente), más lo percibido por el Fondo en el ejercicio de sus potestades de subrogación.
V. REQUISITOS PARA QUE EL FONDO PAGUE CRÉDITOS
Para que el BPS distribuya los montos respectivos, se requiere:
1. Insolvencia patronal: se considera configurada una “situación de insolvencia”, cuando el trabajador no hubiere visto satisfecho su crédito laboral ante:
– La promoción de ejecución de sentencia firme en materia laboral.
– La sustanciación de un proceso de ejecución colectiva y/o de la LC.
2. Verificación de los créditos: se considera verificado los créditos laborales:
– Dentro del procedimiento concursal (artículos 93 a 107 de la LC).
– En un proceso laboral de conocimiento ante la judicatura competente. Ante esos supuestos, el BPS se subrogará en los derechos y acciones de los trabajadores por las cantidades nominales abonadas, más sus acrecidas, con cargo al Fondo.
VI. PRESUNCIÓN DE FRAUDE. REGLAMENTACIÓN.
Se prevé que el BPS remitirá a la Fiscalía las actuaciones de las que resulte una presunción de fraude, y que el Poder Ejecutivo reglamentaría el Proyecto al término de los 90 días desde su promulgación.
VII. CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO
Se comparte la búsqueda de un instrumento que permita garantizar los créditos laborales que no alcanzan a ser cobrados en casos de cierre de empresas o concursos, pero el instrumento propuesto por el Proyecto no justifica la creación de un instituto paralelo al de la ley de concursos (que establece mecanismos particulares de pago de créditos laborales) ni es coherente con aquel.
Antes de avanzar con el Proyecto sería necesario conocer efectivamente en cuántos concursos judiciales los trabajadores no llegaron a cobrar, cuántos se vieron perjudicados por ello y por qué montos. También correspondería contar con información técnica y objetiva que justifique la tasa de la contribución patronal propuesta.
De confirmarse la necesidad del Proyecto sería recomendable realizarle modificaciones. Como mínimo que la financiación del Fondo se complemente con contribuciones a cargo de los trabajadores, sindicatos de trabajadores y/o del Estado, lo cual promovería un manejo más cuidadoso del dinero del Fondo.