- Diario El Pueblo - http://www.diarioelpueblo.com.uy -

Proyecto de Ley de inserción laboral de Personas con discapacidad en el ámbito privado

Por Dr. Gastón Andrés Vela Gadea.
El pasado 7 de mayo de 2018, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley relativo a la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado.
No es algo nuevo ya que en el año 2016 se había presentado un proyecto que atendía este tema y que fue aprobado por la Cámara de Representantes. No obstante, el Poder Ejecutivo y algunos sectores profesionales advirtieron ciertos problemas de carácter técnico en dicho proyecto, como por ejemplo el hecho de que algunas disposiciones incluidas requieren iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.
Ante esta problemática, el Consejo Superior Tripartito (MTSS), lo introdujo como punto de discusión. Fruto de ello se presentó un trabajo final, abarcando las indicaciones dispuestas en el Convenio Internacional de Trabajo Nº 144. El artículo 1 del proyecto de ley establece que se aplicará a empresas privadas que cuenten con 25 o más trabajadores en su planilla, las que en función de lo dispuesto en la ley deberán a partir de la entrada en vigencia de la misma, en todo nuevo ingreso de personal, emplear persona con discapacidad en los porcentajes que la ley enumera según el número de trabajadores de la empresa y de forma gradual en el tiempo. Según dispone el artículo 2 de la Ley 18.651, “se considera con discapacidad, toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física (motriz, sensorial, orgánica, visceral) o mental (intelectual y/o psíquica) que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”. Los porcentajes de incorporación de personal discapacitado van de 3% a 1% en el primer año de vigencia de la ley; 4% a 1.5% en el segundo; de 4% a 2% en el tercer año y en el cuarto año será de un 4% en todos los casos, realizándose diferentes distinciones en los primeros 3 años de vigencia de la ley según la cantidad de empleados que tengan las empresas. El proyecto establece sanciones para las empresas que incumplan con las normas laborales, prevé ajustes necesarios para la accesibilidad de los empleados afectados por la discapacidad, debiendo generar las condiciones necesarias y adecuadas. Por otra parte, propone beneficios a los empleadores que den cumplimiento a la ley; aportación a la seguridad social menor, tratamiento preferencial y beneficios a las empresas que hagan obras para mejorar la accesibilidad.
Por último, la tutela legal de estos trabajadores es superior en comparación con el régimen general: limita el despido de este personal, el que deberá obedecer a una causa razonable relacionada con la conducta del trabajador o las necesidades de la empresa, el que de no existir, impone al empleador abonar el equivalente a 6 meses de salario más la IPD que corresponda. También se propone una licencia especial sin goce de sueldo hasta un máximo de 3 meses.