Que crezcan sanamente

Por fin luego de tantos años, el tema se pone en debate y las autoridades comenzaron a tomar cartas en el asunto. Se trata de una situación que desnuda una grave violación a los derechos del niño, que vulnera en todos sus aspectos el Interés Superior del Menor del que habla el Código de la Niñez y la Adolescencia, pero que además vulnera todos los derechos humanos y las convenciones sobre estos a los que el país ha suscrito en distintas leyes y convenciones.
Estamos hablando de los casos de niños que están en las cárceles acompañando el estado de reclusión de sus madres. Esos pequeños, que van de edades de 0 a 8 años, porque si bien la ley pone un límite de 4, hay niños un poco más grandes, fue pensada para las madres, está hecha para que ellas se sientan acompañadas y no pierdan el vínculo con sus hijos, para que no se les sume el drama de que además de estar presas pierdan el contacto con sus pequeños.
El espíritu de la norma atiende un estado de sensibilidad muy entendible, algo que nadie puede desconocer ni quiere echar atrás, porque solo ellas, que están pasando por esa condición pueden saber lo que significa separarse de sus hijos de un día para el otro y dejarlos en manos de otras personas, por más que las mismas sean familiares directos, porque parecido no es lo mismo y la presencia de una madre es fundamental para el crecimiento y desarrollo saludable de sus hijos. niños
Pero convengamos que los niños no son una cosa por sí solos, son personas que se están formando de una manera muy delicada, que están aprehendiendo valores y desarrollando sentimientos, comprendiendo principios y códigos de vida, por lo cual necesitan estar en un espacio que pueda brindarles esa seguridad, tranquilidad y situación adecuadas.
Por lo tanto, la permanencia de un niño en una cárcel, aprendiendo en forma explícita los códigos carcelarios, la forma del manejo de  vida en reclusión y los códigos de conducta que allí existen, generan en ellos un aprendizaje muy fuerte, que determina formas de comportamiento a futuro y que genera condiciones mentales de adaptabilidad a un lugar al que un ser que mantenga una vida sin conflictos con la ley, no debería llegar jamás.
En ese sentido, desde hace mucho tiempo reclamo por esta situación. Cuando tuve la oportunidad de visitar la cárcel de mujeres en reiteradas oportunidades en Salto, me causó profunda tristeza ver cómo niños de la edad que tiene mi hijo, juegan en el patio interno del lugar entre sí, mientras sus madres se sientan a observarlos, estando todos juntos como en una plazoleta pública, solo que rodeados por cercos perimetrales coronados por alambres de púa, con guardiacárceles del otro lado, que refrescan en ellos la triste realidad que les toca vivir, situándolos en un sitio terrible y doloroso.
Ese estado, que recuerda a sitios de las peores tragedias de la humanidad (por más que en realidad disten de serlo ya que las autoridades del lugar junto a los funcionarios trabajan para ello), puede verse cuando uno transita por la calle Defensa en la zona del barrio Williams en nuestra ciudad, a pocas cuadras de su casa y de la mía. Haga la prueba y pasen un domingo por la tarde por allí y observen lo que puede apreciarse a simple vista desde la calle.
Esto, que aparece así nomás como algo naturalizado en el paisaje de los vecinos que circulan a diario por la zona, es en el caso de esos niños, una forma flagrante de violación a sus más básicos y elementales derechos humanos.
Y si el país, vive en un estado de derecho, con leyes y garantías para todos los ciudadanos, no puede permitir que haya nada más y nada menos que niños, viviendo en estado de reclusión junto a sus madres.
Porque son ellos los que están atravesando esa condición junto a sus madres que fueron las que cometieron el delito por el cual terminaron procesadas. Ellos son víctimas de esa situación y el Estado, en vez de depositarlos en el INAU, donde tampoco reciben la atención que merecen por las graves carencias que tiene ese organismo y del que todos sabemos pero nadie dice nada, permite que los mismos vayan con sus madres a las cárceles, a convivir en esa situación y a pasar en cierta medida a ser parte de la población reclusa. Algo tan tremendo como denigrante para la personalidad de esos pequeños.
Y cuando esos niños sean adolescentes y se les ocurra levantar la mano para tirar una piedra, quién piensa que una cárcel los puede detener a comportarse de tal manera, si ellos ya pasaron por esa situación. Ya estuvieron presos de niños, qué les va a hacer volver a ese lugar ya de grandes. Parece algo inverosímil lo que estoy diciendo, pero lamentablemente es la pura verdad.
Aunque al parecer ahora hay luz verde para empezar a estudiar esa situación, ya que el Comisionado Parlamentario, Juan Miguel Petit, a quien tengo el honor de conocerlo y con quien tuve el privilegio de participar en sus cursos de Derechos Humanos, entiende que es necesario buscar la manera de ponerse a trabajar para revertir este tema.
Si la ley se modifica y crea un lugar especial de cuidado y atención a niños con madres privadas de libertad, las mujeres no dejarán de tener la condición de madres de esos niños. Pero como tales seguramente van a comprender que si el Estado se hace cargo y les brinda un lugar adecuado a sus hijos para su crecimiento, mientras ellas atraviesan por ese estado de reclusión, no solo les están ayudando sino que además les están resolviendo un problema. Es la hora de que el Estado uruguayo asuma su responsabilidad en un tema del que está omiso, dejando a esos niños al arbitrio de un sistema que no funciona ni le brinda las garantías adecuadas a nadie, como es el sistema penitenciario. Ojalá hayan solución al corto plazo.

HUGO LEMOS







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