Que por lo menos haya debate

Dos personas llegaron hasta el Liceo Nº5 ayer domingo por la mañana y antes de entrar miraban para todos lados, tenían temor de ser perseguidos, escrachados y maldecidos por alguien. Pero después de mirar con cara de espanto a quienes por allí pasaban, entraron sin dudarlo y se dirigieron a la mesa de votación. debate
“Parece que hemos perdido la libertad”, dijo una de las personas, “si nosotros queremos venir a votar lo que nos parece, pero estamos a contracorriente de lo que se ha impuesto éntre la opinión de la gente, tenemos que pedir disculpas y entrar a votar con miedo que nos puteen”, dijo una mujer a los presentes cuando la miraban en la puerta del centro educativo.
Creo que la consulta popular realizada ayer no tenía que medir necesariamente un resultado concreto, no tenía que generar una guerra entre buenos y malos, ni tampoco tenía que poner de un lado a los que no quieren a las personas trans y del otro lado a los que sí las quieren.
Sino que lo que podía establecer la consulta popular realizada en la pasada jornada, generaba algo más de fondo, algo que los uruguayos tenemos que entenderlo de otra manera y que deberíamos saber que es muy importante para la convivencia pacífica entre todos, que es alimentar la discusión pública de los temas que realmente importan.
En el país estamos acostumbrados a que se voten leyes con las que no estamos de acuerdo, pero que debemos acatar porque los parlamentarios, que nosotros mismos votamos en las elecciones del 26 de octubre del 2014, fueron los que aprobaron con sus manos esta normativa. Ley de la que muchos habríamos querido aportar algo antes, pero de la que el sistema se encargó de laudar por los caminos institucionales.
Entonces habría sido sano, a mi juicio, que se alcanzaran los votos que se necesitaban y que así lo requería la instancia de ayer, para que se abra una discusión pública sobre el tema, para que se ahonde en este caso y para que se diga lo que se tiene que decir sobre cada aspecto que está planteado en esta norma.
Yo no estoy en desacuerdo con que se le concedan derechos a determinados colectivos sociales porque los mismos han sido históricamente postergados, no quiero que le prohíban su identidad sexual, ni tampoco que se les quite la reparación pecuniaria a las personas trans que sufrieron castigos por su condición de tal en el período dictatorial que vivió nuestro país. Considero que no solo se trata de derechos adquiridos en esos casos, sino que también se trata de una reparación justa y necesaria.
Pero no estoy de acuerdo, por ejemplo, y defendiendo mi opinión como una más y no como una verdad absoluta pero sí tan válida como las demás, de que el Uruguay debe ser un país de derechos y no de privilegios. No podemos darle determinados privilegios a unos y no atender los derechos de otros, porque eso atenta contra nuestra concepción republicana donde “nadie es más que nadie” y donde por mandato de nuestra Constitución “todos somos iguales ante la ley”.
Por esa razón, no creo en las leyes de cuotas, porque posicionan a algunos uruguayos sobre otros, cuando en realidad lo que deben hacer es ratificar esa situación de igualdad poniéndolos en igualdad de condiciones como debe ser.
En tal sentido, creo que si prosperan los centros de hormonización públicos, donde el Estado se hace cargo de los mismos, no es justo con otras situaciones que también son vulnerables y que requieren de una atención urgente de parte del Estado y no serán contempladas por la falta de recursos que aducen todos los gobiernos para ello.
Me refiero a que si prospera un centro de esas características por parte del Estado, y todos nosotros solventamos esos procesos para cumplir la voluntad de determinadas personas, también se deben volcar recursos para la creación de centros de rehabilitación de personas adictas a la pasta base, algo que las madres y familiares piden hasta el cansancio, porque no cuentan con los recursos para enviarlos a una clínica donde puedan tratarlos para salir de esa terrible adicción. Y el Estado siempre les contesta lo mismo, no podemos construir centros de rehabilitación porque no se cuenta con recursos para ello.
Tampoco, aunque hay que reconocer que sí se hace pero son casos contados con los dedos, el Estado responde con la mayoría de los casos en los que hay niños y personas de todas las edades con cáncer, que necesitan cubrir tratamientos costosos.
Por ende, mal podría el Estado, que en definitiva somos todos, que Uruguay no tiene plata para construir un centro de rehabilitación o para pagar un tratamiento a un niño con cáncer, pero sí puede costear un tratamiento para las personas que integran estos colectivos porque son vulnerables y necesitan desarrollar su condición.
Estoy de acuerdo con esto, que desarrollen su condición, que sigan teniendo acceso a la educación, a la salud, a la justicia y a la libertad de poder vivir su sexualidad, como lo reclamaban en un spot de la Unión Trans del Uruguay, donde nadie plantea derogarle estos derechos, y es falsa y animosa esa falacia construida desde ciertos grupos de que se pretende sacarle derechos, porque además es algo imposible, por el mero hecho de que son tan uruguayos como usted y como yo.
Pero no se le puede dar privilegios a determinadas personas y negarle a su turno, a otras personas, el acceso a otros derechos como el de curarse en manos del Estado ya sea por un centro de rehabilitación que hoy no existe o por un tratamiento para una enfermedad terminal.
Pero más allá de este aspecto puntual, que repito, es solo una opinión con la que se puede estar o no de acuerdo, creo que era necesario y aún lo es, que se debate públicamente todo este tema y que haya una discusión entre los uruguayos sobre qué sociedad queremos. Creo que eso es lo más importante hoy y siempre. Más fácil es negar algo o decir del otro lado, que se plantea porque hay odio. Son facilismos que me cuesta aceptar.

HUGO LEMOS