Sobre los derechos y obligaciones del contribuyente ante una eventual inspección fiscal

Entrevista a Adrián Gutiérrez

Días pasados estuvo en nuestra ciudad el doctor Adrián Gutiérrez, abogado de Baker Tilly Uruguay, para dar una charla sobre los derechos y obligaciones del contribuyente ante una eventual inspección fiscal, la que se llevó a cabo en la sede del Centro Comercial e Industrial de Salto. Previo a la misma, LINK dialogó con el profesional sobre el objeto de su charla.
- ¿Los comerciantes están protegidos cuando llegan inspecciones fiscales?
– Por lo que hemos conversado con algunos comerciantes, nos ha dado la sensación que hay preocupación de sentirse en realidad desprotegidos frente a una inspección fiscal. Y esa preocupación e inquietud que no solo se vive en Salto sino también en Montevideo y en otras ciudades del país, es lo que nos ha empujado un poco a la realización de este tipo de encuentros. 20180726_181705
Primero, debemos partir de la base que quien realiza una actividad comercial está sujeto a ciertas obligaciones frente al fisco, básicamente los organismos de recaudación que mayor impacto tienen en la actividad comercial, como la DGI, el BPS. El Código Tributario, como forma de amparar lo que es la actividad de la administración tributaria, que es justamente una actividad recaudatoria, establece determinadas obligaciones que los contribuyentes deben cumplir. Para exigir el cumplimiento de esas obligaciones, el mismo Código Tributario y otras normas legales establecen ciertas facultades en favor de la administración tributaria para poder así cumplir con esa actividad, y también determinadas prerrogativas que los sujetos de Derecho común no lo tienen.
Ahí es donde muchas veces se plantea, pero bueno, ¿qué es lo que puedo hacer frente a una inspección fiscal? Evidentemente el uso de esas facultades tiene un límite que es donde empiezan los derechos de los contribuyentes. Entonces, hay que conocer cuáles son esas facultades y también cuáles son los derechos de los contribuyentes.
- A veces los contribuyentes, por desconocer sus derechos pueden terminar actuando de manera indebida en este tipo de inspecciones, ¿cuál sería el principal consejo que le p uede dar a un comerciante que recibe una inspección sorpresa?
– Muchas veces el problema que vemos, fruto del nerviosismo, que en esa intención desmedida de colaborar con los inspectores lo pueden llevar a cometer errores, lo puede llevar a dar información que no tenían que dar, e incluso proporcionar información que no era objeto de la inspección. Entonces, en ese sentido, uno de los elementos principales que nosotros consideramos y recomendamos, es que al momento de la inspección se evalúe la situación concreta y si es necesario, solicitar el asesoramiento del profesional de su confianza. Eso le va a dar no solo las debidas garantías al contribuyente sino también a los inspectores saber que ese contribuyente está siendo asesorado en ese momento.
Recientemente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dictó una sentencia sumamente relevante en este aspecto, en donde termina anulando un acto de determinación, o sea, una resolución de la DGI que determinaba tributos a un contribuyente porque ese contribuyente no había contado con el debido asesoramiento al momento de la inspección. Ese contribuyente no había sido advertido que tenía derecho a contar con un asesoramiento, como cuando se ve en las películas que le advierten que tiene derecho a permanecer callado o será utilizado en su contra, lo que se llaman las Advertencias Miranda, bueno, fueron justamente un elemento que consideró el Tribunal, diciendo que en este caso el contribuyente tenía derecho a estar asesorado, no se le advirtió y lo que sucedió en ese caso fue que el contribuyente se auto inculpó. Además, también existe como un derecho de defensa el derecho a no auto inculparse…
- Pero en materia civil, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa.
– Por supuesto, pero también no debemos olvidar que hay Principios Generales del Derecho como el derecho de defensa que se aplica en todas las ramas del Derecho, y por supuesto también en el Derecho Tributario. Justamente, el principio del debido proceso incluye una cantidad de elementos, entre ellos, el derecho a estar asesorado en todo momento por su profesional de confianza. Y claro está, también está siempre presente el derecho a no auto inculparse.20180726_181614
- En caso que le caiga de sorpresa una inspección, ¿el contribuyente o el comerciante tienen derecho a frenar la inspección hasta que llegue su asesor profesional?
– Sí, tiene el derecho dentro de tiempos razonables. La DGI y también el Banco de Previsión Social en las fiscalizaciones que se están realizando, por lo menos hasta donde nosotros hemos tenido conocimiento, en muchas de ellas, se ha hecho lugar a esa solicitud y han esperado a que se haga presente el profesional.
También hay que destacar que lo que es la fiscalización, y sobre todo lo que son los equipos inspectivos, se han profesionalizado mucho. De muchos años a esta parte se ha visto una evolución no solo del punto de vista técnico del conocimiento de la materia de los inspectores sino también en lo que tiene que ver al respeto a las garantías de los contribuyentes. Antes veíamos que las inspecciones eran un poco más agresivas y el contribuyente se sentía un poco más avasallado en sus derechos, y si bien hoy puede haber situaciones puntuales de éstas, en realidad los inspectores son mucho más respetuosos. Eso se debe a esa profesionalización, y también al hecho que algunos de los casos en donde las inspecciones no han seguido sus cauces formales, terminan siendo anuladas por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, justamente por la inobservancia de esos procedimientos y por esas garantías que deben darse en el caso de una inspección.
- Más allá del profesionalismo que existe en los inspectores, pueden ocurrir errores en las inspecciones. De hecho, ha pasado. ¿Cuál sería entonces el derecho del contribuyente para tratar de corregir ese error que puede perjudicarlo?
– El contribuyente tiene derecho, en primer lugar, a expresar sus descargos, incluso a ofrecer medios de prueba antes del dictado de una resolución. Entonces, esa instancia que prácticamente en todos los procedimientos administrativos, por lo menos en los que he participado, salvo excepciones contadas, generalmente se observa y se da esa oportunidad de defensa previa. Si esa oportunidad de defensa previa no se diera, ese procedimiento va a estar viciado porque hubo una afectación del derecho de defensa, y ahí el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene jurisprudencia firme en cuanto a que hay una violación del debido proceso y por tanto, anula ese procedimiento.
Pero ya frente a un acto de determinación, o sea, cuando se da la resolución que pone fin a ese procedimiento administrativo, que culmina con una resolución y que puede ser estableciendo una adeudo tributario, allí el mecanismo que existe es el de los recursos administrativos, que se interponen contra la administración que dictó el acto y allí se abre un período ventana en donde la administración tiene plazos –si estamos hablando de un acto de determinación de la DGI o del BPS son 200 días- paras resolver esos recursos.
Entonces la administración puede aceptar los recursos, y por lo tanto se termina allí el tema, o rechazarlos expresamente o si transcurre ese plazo de 200 días, se entiende fictamente que se denegaron los recursos, y ahí nos queda la instancia frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un órgano jurisdiccional, y por lo tanto ya salimos de la órbita de la administración, porque hasta ese momento con los recursos era la propia administración que había dictado el acto que resolvía si revocaba o no su decisión o en su caso la del subordinado. Pero en términos generales, estábamos siempre frente a la administración hasta que agotamos la vía administrativa y luego de allí sí, tenemos la instancia ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que analizará si esa decisión fue legítima o no, y si no lo fue, anulará la decisión.
- ¿Qué tipo de documentación puede ser solicitada en este tipo de inspecciones fiscales?
– Justamente, una de las mayores dudas que se plantea respecto al tipo de documentación que los inspectores pueden solicitar, y en su caso incautar en una actuación inspectiva, surge cuando se plantea ¿qué pasa con la información que yo tengo en mi computadora? ¿Se pueden llevar la computadora? ¿Se pueden llevar toda la información? En ese caso lo primero que tenemos que decir es que la computadora no, porque además, hoy en día llevarse la computadora en sí mismo no porque es la herramienta de trabajo, y por lo tanto me dejaría a mí sin poder desarrollar mi actividad. Lo que habitualmente se hace es sustraer la información a través de lo que puede ser un mecanismo regrabable, y que dé ciertas garantías de que esa información es la que se sustrajo de allí.
Además, no cualquier información se puede sustraer sino solo aquella que tiene relevancia fiscal y que hace al objeto de la inspección. Porque a veces en una computadora podemos tener información personal o de otros clientes o de estrategias comerciales o incluso de correspondencia con nuestros asesores profesionales que está amparado por el secreto profesional y que no hacen a la cosa objeto de la inspección. Entonces, ¿cómo se delimita qué información si y cuál no? Eso es un trabajo que debe hacerse concomitantemente con el inspector cuando se toma esa información de la computadora.
Luego, esa información debe ser impresa, porque el procedimiento administrativo tributario es escrito, y por lo tanto debe ser impresa pero en presencia del contribuyente, para que vea que esa es la información que efectivamente se sustrajo de su computadora y que se suscribe posteriormente de conformidad. Recalco esto porque en algunas ocasiones ha sucedido que se sustrajo la información, la administración tributaria imprimió la misma en las oficinas, la incorporó al expediente, y recién ahí llamó al contribuyente. Por lo tanto, no había garantías que realmente esa era la información que se había sustraído de su computadora. Tal es la relevancia en este aspecto que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en definitiva es el que termina definiendo estas cuestiones, anuló esos procedimientos porque había un vicio formal que no daba las adecuadas garantías a los contribuyentes.
O sea que los contribuyentes tenemos que saber que tenemos nuestras obligaciones, tenemos que saber que la DGI tiene una batería de facultades, pero también tenemos que conocer nuestros derechos y hasta donde podemos ejercer los mismos.

PORTFOLIO DE ADRIÁN GUTIÉRREZ
Soltero, tiene dos hijos. Es del signo de Libra. Es hincha de Liverpool.
¿Una asignatura pendiente?
Muchas.
¿Una comida? Asado.
¿Un libro? Me encantan los libros de mi materia, Derecho Administrativo.
¿Una película? El secreto de sus ojos.
¿Un hobby? Fútbol.







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