Todo lo que nos falta

Debería ser harto y sabido. Al menos debería ser algo más común, pero para los uruguayos no es tan así. Nosotros lo vemos diferente. Leyendo las noticias, algo que habitualmente hago para saber qué pasa en el mundo y cuántas diferencias tenemos como sociedad con los que van adelante, me enteré de algo que me parece que tiene que ser así, pero que en realidad para muchos no lo es.

Se trata de la ética de los políticos, pero no de cualquier militante, activista o integrante de un partido, sino de los grandes dirigentes que no se permiten un acto de corrupción, o un hecho que al menos deje en duda su imagen ante la opinión pública y toman decisiones que en nuestro país, difícilmente se adopten por diversas razones.

Es que un político no es más que un servidor público, alguien que se dispone a ser una persona que va a trabajar por el interés general de una nación, de un departamento o de una ciudad y que va a dar todo de sí para que las cosas anden en serio y lo que menos esperan es el rédito personal, el ganar un buen dinero, obtener beneficios para sí y sus allegados, y mucho menos para los compañeros del Partido al que pertenecen.

Leía que días pasados en Japón, un país que es ejemplo en el mundo entero por la moral de su gente, el primer ministro hacía un pedido de disculpas públicas porque dos jerarcas de su gobierno, en ese momento exjerarcas porque ya los había despedido, habían actuado en forma sospechosa en casos que comprometían la causa pública. Habían favorecido a determinadas personas en licitaciones de obra pública, al parecer, a cambio de un beneficio económico.

A todo esto, el primer ministro nipón, Shinzo Abe, horrorizado ante la situación le pidió disculpas al pueblo porque él se sentía responsable al haber sido quien designó a los dos exfuncionarios acusados de corrupción, para ocupar esos cargos. La situación fue comentada en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina y hasta hubo programas de televisión donde le dedicaron espacios con opiniones y análisis, sobre si algún mandatario de la región haría lo mismo si algo de esto le sucediera.

Días más tarde, se conoció que en Bélgica, una ministra utilizó dinero del gobierno para comprarse artículos de uso personal. Gastó la suma de 200 dólares (unos 4.780 pesos uruguayos) y fue obligada a renunciar al cargo por haber cometido semejante acto de corrupción, al utilizar fondos públicos para sí, cuando el pueblo le paga un sueldo que ella aceptó para ejercer el cargo, por lo cual una vez esto,  si el mismo le da para vivir es otra cosa.

En Canadá el año pasado pasó algo similar. Un funcionario de jerarquía del gobierno realizó un viaje de fin de semana a costas del gobierno, y a su regreso tenía la orden de presentar su renuncia y de reembolsar los gastos ocasionados al erario público.

¿Se imagina usted que algo de esto pase en Uruguay? ¿Y en la región? Yo no me acuerdo de algo así, de una situación similar que se haya adoptado con los funcionarios de los ministerios que utilizan las camionetas para ir a los boliches de la noche cuando están de viaje por el interior, tal como lo denunció el propio Mujica cuando era ministro de Ganadería que dijo en Búsqueda que no quería ver más a las camionetas del MGAP “en la puerta de los kilombos de Salto”. O a esos que por ser jerarcas les otorgan un vehículo para ir a su trabajo y uno los ve haciendo mandados para su casa, llevando a su familia de paseo los fines de semana y yendo a comer un asado con los amigos, o a militar en el Comité, encima con la nafta pagada por todos nosotros cuando firman las boletas en las estaciones de servicio a nombre del gobierno central.

El caso de un exministro de Ganadería del gobierno de Vázquez, fue ejemplificante de la manera en la que está organizado el Estado para que quienes ocupen cargos de privilegio se enriquezcan. Cuando el hombre vino de un viaje por el exterior y fue a devolver el dinero que le había sobrado por concepto de viático y le dijeron que no tenían como reintegrar esa plata al Estado, que se la quedara. Menos mal que ese hombre se negó a aceptarlo y el dinero como sea, volvió a las arcas públicas. El hecho fue noticia en los diarios por la magnitud del suceso, que no era otro que el hecho de haber encontrado un político honesto. Lo que pinta a nuestra sociedad de cuerpo entero.

Ese buen hombre no es otro que Ernesto Agazzi, lástima que sus compañeros no siguieron el ejemplo, porque años después, Fernando Lorenzo pudo haberse evitado la vergüenza de haber sido el ministro que llamó al Banco República (entidad que también es de todos los uruguayos) para que usaran casi 14 millones de dólares de las arcas públicas y se las dieran en dos horas y sin garantías a un “recomendado” para comprar unos aviones que eran “causa nacional”, lo que me hace acordar a las “vaquitas y a los bancos privados” que con dinero de todos los uruguayos protegía Jorge Batlle.

Si usted va hoy al “Banco País” a pedir un crédito social, porque lo precisa como el agua para vivir, pagar una cuenta o lisa y llanamente parar la olla por unos días, le hacen dar más vueltas que una bailarina de ballet, y encima por h o por b, seguramente no se lo dan. Pero si usted hace negocios con el Estado y el ministro es Lorenzo, llamará por teléfono para que le den un préstamo por el “interés nacional”.

Si tanto el exministro como el expresidente del BROU, Fernando Calloia, vivieran en países de primera como lo son (ellos sí y no nosotros) Japón o Bélgica, seguramente habrían sido obligados a renunciar de inmediato y el presidente los habría conminado de inmediato a pedir disculpas públicas, pero como esto es Uruguay, esas cosas no pasan, ni van a pasar. Ni le digo si ambos fueran jerarcas del gobierno del dictador de Korea del Norte, los dos habrían sido ahorcados en la plaza pública. Pero acá esas cosas no pasan.

Y con los vecinos que tenemos menos todavía, porque si Argentina mantiene en funciones a un vicepresidente que está procesado dos veces por la Justicia, el que por estas horas ejerce la presidencia del país por enfermedad de la titular, está todo dicho.

¿Se imagina usted a un ministro uruguayo, renunciando al cargo porque gastó 4 mil pesos de los fondos públicos en adquirir algo para uso personal? ¿O al director departamental de un ministerio por utilizar la camioneta que le entregaron para trabajar, por usarla para llevar a su hijos al liceo y a su esposa, e ir al comité? Si eso pasa es porque está soñando y mejor, no despierte, porque la realidad es peor que una pesadilla.

HUGO LEMOS

ebería ser harto y sabido. Al menos debería ser algo más común, pero para los uruguayos no es tan así. Nosotros lo vemos diferente. Leyendo las noticias, algo que habitualmente hago para saber qué pasa en el mundo y cuántas diferencias tenemos como sociedad con los que van adelante, me enteré de algo que me parece que tiene que ser así, pero que en realidad para muchos no lo es.
Se trata de la ética de los políticos, pero no de cualquier militante, activista o integrante de un partido, sino de los grandes dirigentes que no se permiten un acto de corrupción, o un hecho que al menos deje en duda su imagen ante la opinión pública y toman decisiones que en nuestro país, difícilmente se adopten por diversas razones.
Es que un político no es más que un servidor público, alguien que se dispone a ser una persona que va a trabajar por el interés general de una nación, de un departamento o de una ciudad y que va a dar todo de sí para que las cosas anden en serio y lo que menos esperan es el rédito personal, el ganar un buen dinero, obtener beneficios para sí y sus allegados, y mucho menos para los compañeros del Partido al que pertenecen.
Leía que días pasados en Japón, un país que es ejemplo en el mundo entero por la moral de su gente, el primer ministro hacía un pedido de disculpas públicas porque dos jerarcas de su gobierno, en ese momento exjerarcas porque ya los había despedido, habían actuado en forma sospechosa en casos que comprometían la causa pública. Habían favorecido a determinadas personas en licitaciones de obra pública, al parecer, a cambio de un beneficio económico.
A todo esto, el primer ministro nipón, Shinzo Abe, horrorizado ante la situación le pidió disculpas al pueblo porque él se sentía responsable al haber sido quien designó a los dos exfuncionarios acusados de corrupción, para ocupar esos cargos. La situación fue comentada en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina y hasta hubo programas de televisión donde le dedicaron espacios con opiniones y análisis, sobre si algún mandatario de la región haría lo mismo si algo de esto le sucediera.
Días más tarde, se conoció que en Bélgica, una ministra utilizó dinero del gobierno para comprarse artículos de uso personal. Gastó la suma de 200 dólares (unos 4.780 pesos uruguayos) y fue obligada a renunciar al cargo por haber cometido semejante acto de corrupción, al utilizar fondos públicos para sí, cuando el pueblo le paga un sueldo que ella aceptó para ejercer el cargo, por lo cual una vez esto,  si el mismo le da para vivir es otra cosa.
En Canadá el año pasado pasó algo similar. Un funcionario de jerarquía del gobierno realizó un viaje de fin de semana a costas del gobierno, y a su regreso tenía la orden de presentar su renuncia y de reembolsar los gastos ocasionados al erario público.
¿Se imagina usted que algo de esto pase en Uruguay? ¿Y en la región? Yo no me acuerdo de algo así, de una situación similar que se haya adoptado con los funcionarios de los ministerios que utilizan las camionetas para ir a los boliches de la noche cuando están de viaje por el interior, tal como lo denunció el propio Mujica cuando era ministro de Ganadería que dijo en Búsqueda que no quería ver más a las camionetas del MGAP “en la puerta de los kilombos de Salto”. O a esos que por ser jerarcas les otorgan un vehículo para ir a su trabajo y uno los ve haciendo mandados para su casa, llevando a su familia de paseo los fines de semana y yendo a comer un asado con los amigos, o a militar en el Comité, encima con la nafta pagada por todos nosotros cuando firman las boletas en las estaciones de servicio a nombre del gobierno central.
El caso de un exministro de Ganadería del gobierno de Vázquez, fue ejemplificante de la manera en la que está organizado el Estado para que quienes ocupen cargos de privilegio se enriquezcan. Cuando el hombre vino de un viaje por el exterior y fue a devolver el dinero que le había sobrado por concepto de viático y le dijeron que no tenían como reintegrar esa plata al Estado, que se la quedara. Menos mal que ese hombre se negó a aceptarlo y el dinero como sea, volvió a las arcas públicas. El hecho fue noticia en los diarios por la magnitud del suceso, que no era otro que el hecho de haber encontrado un político honesto. Lo que pinta a nuestra sociedad de cuerpo entero.
Ese buen hombre no es otro que Ernesto Agazzi, lástima que sus compañeros no siguieron el ejemplo, porque años después, Fernando Lorenzo pudo haberse evitado la vergüenza de haber sido el ministro que llamó al Banco República (entidad que también es de todos los uruguayos) para que usaran casi 14 millones de dólares de las arcas públicas y se las dieran en dos horas y sin garantías a un “recomendado” para comprar unos aviones que eran “causa nacional”, lo que me hace acordar a las “vaquitas y a los bancos privados” que con dinero de todos los uruguayos protegía Jorge Batlle.
Si usted va hoy al “Banco País” a pedir un crédito social, porque lo precisa como el agua para vivir, pagar una cuenta o lisa y llanamente parar la olla por unos días, le hacen dar más vueltas que una bailarina de ballet, y encima por h o por b, seguramente no se lo dan. Pero si usted hace negocios con el Estado y el ministro es Lorenzo, llamará por teléfono para que le den un préstamo por el “interés nacional”.
Si tanto el exministro como el expresidente del BROU, Fernando Calloia, vivieran en países de primera como lo son (ellos sí y no nosotros) Japón o Bélgica, seguramente habrían sido obligados a renunciar de inmediato y el presidente los habría conminado de inmediato a pedir disculpas públicas, pero como esto es Uruguay, esas cosas no pasan, ni van a pasar. Ni le digo si ambos fueran jerarcas del gobierno del dictador de Korea del Norte, los dos habrían sido ahorcados en la plaza pública. Pero acá esas cosas no pasan.
Y con los vecinos que tenemos menos todavía, porque si Argentina mantiene en funciones a un vicepresidente que está procesado dos veces por la Justicia, el que por estas horas ejerce la presidencia del país por enfermedad de la titular, está todo dicho.
¿Se imagina usted a un ministro uruguayo, renunciando al cargo porque gastó 4 mil pesos de los fondos públicos en adquirir algo para uso personal? ¿O al director departamental de un ministerio por utilizar la camioneta que le entregaron para trabajar, por usarla para llevar a su hijos al liceo y a su esposa, e ir al comité? Si eso pasa es porque está soñando y mejor, no despierte, porque la realidad es peor que una pesadilla.