Todos iguales ante la ley

Estoy de acuerdo con todas las manifestaciones de índole social, donde se planteen reivindicaciones, porque considero que se trata de la expresión de libertad que tienen los distintos grupos sociales para hacer valer sus intereses en busca de conquistar derechos. Pienso que deben seguir ese camino, siempre que lo hagan en forma pacífica y siendo respetuosos de quienes piensen distinto.
Por eso la semana que pasó, nos dejó en Salto varias huellas. Hubo reclamos y planteos, pero también movilizaciones que tendieron a plantear cosas que charlamos entre vecinos todos los días y que esta vez, los reclamos fueron amplificados.
En primer lugar, la marcha por más seguridad que fue llevada a cabo por personas que se autoproclamaron defensores de la actividad que desarrolla la Policía, ocurrida la semana pasada y que partió de una protesta por el procesamiento con prisión de dos funcionarios que actuaron en un procedimiento y a quienes sindicaron como los autores de la lesión de un joven, dejó varios temas en el tapete. Sobre todo en un momento donde la justicia viene investigando algunas denuncias de presunto abuso en la función policial, particularmente en una seccional de nuestra ciudad.
Creo que nadie está en desacuerdo con la nobleza que tiene implícita la función policial, que trata nada más y nada menos que de funcionarios que exponen la vida para proteger la integridad de las demás personas. Pero el caso que ocurrió dejó serios cuestionamientos que están referidos a establecer cuál es el límite de la labor policial, hasta dónde un funcionario tiene licencia para usar el poder coercitivo que le da el Estado y no pasarse de la raya. Porque puede estar vulnerando el derecho de gente inocente, o puede incluso, estar lesionando personas por tomar los casos en sus propias manos.
Pero la marcha, fue considerada histórica por muchos policías, porque ellos plantearon algunas reivindicaciones que para ellos son el a, b, c de todo esto. Como por ejemplo, que les den garantías para hacer su trabajo, que los amparen con herramientas legales para evitar sobrepasarse al momento de proceder y generar una situación que los coloque a ellos del lado del victimario y allí, los funcionarios policiales vieron en carne propia cómo mucha gente los apoya, siente que son necesarios y útiles para una sociedad cada vez más violenta.
Aunque la pregunta quedó cuando todos se fueron a sus casas ¿necesitamos una Policía más violenta?, ¿o precisamos funcionarios preparados para tener tino a la hora de proceder y así saber cómo evitar caer en manos de quienes delinquen, que usan las leyes que también les asisten derechos en tanto son personas, para exponer las flaquezas de los funcionarios policiales, en tanto seres humanos, cansados y estresados por su trabajo, pero con un arma en la mano que los expone a generar un hecho de violencia no querido?
Hay un límite que debe trabajarse en la interna, analizando y estableciendo criterios, y eso es mucho más urgente aunque no lo parezca, que el reclamo por las herramientas mismas con las que los funcionarios deben trabajar. Para muestra sobra un botón, ya que al día siguiente de esta movilización en la que la sociedad sin distinciones les brindó el apoyo y pidió respuestas, hubo un procedimiento judicial donde una andanada de funcionarios, entre ellos algunos jerarcas, debieron concurrir al juzgado para que en una maratónica instancia se determinara si eran culpables de vulnerar el derecho de unas personas que fueron detenidas hace algún tiempo.
La justicia aplica el derecho y los funcionarios siguen jugando con las mismas reglas, por lo que deberán trabajar más su responsabilidad para no exponerse a ser quienes cometen los delitos.
Eso por un lado, pero en otro caso, la movilización en el marco de la marcha por la diversidad, es algo positivo. Porque por un lado apoya a la expresión de las personas que sienten de determinada manera y que por eso se ven como distintos y hasta discriminados por la sociedad, lo que nos ayuda a nosotros a ver qué clase de sociedad tenemos, donde sus actores son diferentes y diversos y deben ser respetados en tanto todos respetemos las reglas de juego.
Por tal motivo, el artículo 8 de la Constitución de la República dice que todos somos iguales ante ley y que nos diferenciamos por nuestros talentos y virtudes. Ese precepto constitucional es la máxima que nos coloca a todos en esta sociedad en pie de igualdad ante la ley. La norma exige para diferenciar a las personas sus capacidades para el desarrollo, pero nada habla de sexo, credo, raza, religión ni orientación sexual, por lo cual esto último sobre todas las cosas no debe ser un problema.
Sin embargo, hace pocos días, los representantes del Ministerio de Desarrollo Social plantearon la existencia de un proyecto de ley por el tema de la “cuota” para el ingreso a organismos públicos de personas trans. Algo que a mi juicio es totalmente innecesario y que en cierta manera ayuda a discriminar aún más a quienes se supone que quiere proteger, porque los coloca en inferioridad y los hace distinto del resto, siendo que lo que este colectivo social ha venido promoviendo en todo momento ha sido el reconocimiento de las personas que lo integran como seres en pie de igualdad con los demás, ni distintos, ni diferentes, ni menos, ni más, simplemente iguales en tanto derechos y obligaciones que el resto, algo con lo que estoy totalmente de acuerdo.
Además creo que una ley así, que establece las famosas “cuotas”, que son imposiciones de determinados grupos sobre otros, como ya existen para el caso de las personas afrodescendientes, lo que hacen es otorgarle privilegios a ciertos colectivos y no dejarlos en pie de igualdad con el resto de los colectivos sociales que en esos casos sí deberán dirimirse, por ejemplo en un concurso público, por sus talentos y virtudes, quedando por debajo de los privilegios que se le otorgan a determinados colectivos de personas.
Tanto el colectivo trans, como los afrodescendientes, como el resto de los colectivos sociales, incluyendo a los heterosexuales, casados y católicos que son vistos como el status quo, y hasta ciertamente demonizados, deben concursar ante el Estado en pie de igualdad, por el simple hecho de que todos somos iguales ante la ley y no debe haber más verdad que esa. Por lo cual no deben existir privilegios de unos sobre otros, porque le estamos restando derechos a quienes no entren en la categoría para ser acreedores a esa cuota. Es mi opinión y creo que vale tanto como la de quienes promueven lo contrario.
Soy defensor acérrimo de los derechos humanos y una política pública basada en los principios fundamentales de esa rama jurídica, promueve a igualdad y en ese sentido, creo que elaborar una ley para establecer cuotas como ya se ha hecho, solo contribuye a que haya más desigualdad y discriminación.

HUGO LEMOS







El tiempo

Ediciones anteriores

noviembre 2018
L M X J V S D
« oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

  • Otras Noticias...