Una expresión de deseo

La libertad de expresión no está amenazada en este país, pero sí parece estar bajo sospecha. Al menos es lo que nos deja como saldo todo lo que ocurrió en la semana que pasó cuando los sucesos ocurridos en el departamento de Artigas, determinaron aspectos preocupantes que por lo menos ameritan a que los mismos sean analizados. libertad
Si bien el artículo 7º de la Carta Magna habla del derecho a la libertad del que gozan los habitantes de este país, el artículo 29 del mismo texto normativo completa esa capacidad que tenemos los habitantes de todos los rincones de esta Patria al referirse específicamente al sagrado derecho a la libertad de expresión del cual gozamos.
Ciertamente con responsabilidades, esto quiere decir que si bien podemos gritar lo que nos dé la gana a los cuatro vientos, en el momento que se nos ocurra y de la manera que queramos, también nos obliga a hacernos cargo de las cosas que decimos. Ese principio, que sería una obligación básica de la contrapartida que tenemos que es el derecho a hacerlo, no siempre es respetado ni tenido en cuenta por personas que se hacen llamar periodistas y lo único que hacen con esa práctica es ofender la profesión, debido a que la irresponsabilidad manifiesta con la que actúan por sus dichos o escritos da pavor.
Hay un caso concreto de un periódico que publica una serie de comentarios en los que s encargan de ensuciar personas a diestra y siniestra, donde nadie firma ni siquiera con seudónimo, donde lo que habla es de la irresponsabilidad a la hora de enfrentarse con la libertad de prensa.
Pero para no irnos por las ramas, cuando empezamos a ver que los principales representantes del Estado, que son parte de un gobierno y son los que deben defendernos a todos, en vez de promover la protección del derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos, no solo no lo hacen sino que además maltratan a los que protestan porque lo hacen en su contra, la libertad se ve amenazada.
Y si encima, desde el mismísimo Estado, a través de los servicios de difusión de la Presidencia de la República, se encargan de denostar a las personas que manifiestan, dando a conocer sus antecedentes y sus datos personales para ponerlos en boca de todo el mundo, con una práctica autoritaria, absurda y descalificante que deja en evidencia la ausencia de respeto a la población y el uso indebido de datos por parte del gobierno sobre sus gobernados, dan cuenta de la pobreza argumental que tienen para tener que ponerse a violar el derechos de los habitantes de este país con el fin de proteger sus propios intereses, en una acción de mezquindad absoluta, solo vista en tiempos que más vale no acordarse.
En mi opinión, es mucho más preocupante la actitud del Estado con el manejo irresponsable de datos privados de los ciudadanos de este país, como práctica recurrente para pretende descalificar a una persona que protesta contra el gobierno, que el insólito hecho de que el ministro, Eduardo Bonomi, haya pisado, empujado y mandado preso a un pobre tipo, de los miles de olvidados que hay en el norte del país, que lo único que reclamaba era que se terminara el contrabando con el fin de que la industria nacional, en este caso del rubro del tabaco, prospere y de esa forma pueda preservar su fuente de trabajo.
Porque la actitud del ministro de pisarles la pancarta y hacerlos detener, muestra de cuerpo entero quién es y cuáles son sus valores, siendo el mismo una persona que en su momento salió a la calle a pelear por sus ideales de una forma tan enfática que hasta no dudo en llegar a cometer delitos que le valieran largos años de cárcel para defender sus acciones que entonces fueron vistas como políticas. Por lo que en ese caso, que una persona así se haya olvidado de todo lo que luchó, después de llevar 13 años ininterrumpidos como ministro de Estado (los primeros 5 como ministro de Trabajo y 8 como ministro del Interior), que actúe de esa forma, habla de un sujeto de baja estofa y que no está a la altura de su investidura.
Pero que encima que desde la Presidencia de la República, se dediquen a amenazar el derecho a la libertad de expresión de las personas, donde por segunda vez en un año sacan comunicados oficiales con los antecedentes de las personas con el fin de generar una campaña de descrédito formidable, como si la persona por no pagar una deuda (en el caso del colono que le dijo mentiroso a Tabaré Vázquez en febrero) o por tener antecedentes penales (como el trabajador tabacalero de Artigas) perdieran el derecho a la protesta por tales condiciones.
Si bien no las pierden en absoluto y por más antecedentes o deudas que tengan siguen siendo ciudadanos de este país y por lo tanto mantienen el sagrado derecho constitucional a la libertad de expresión, es preocupante que la Presidencia de la República mantenga esas prácticas propias de regímenes totalitarios como las dictaduras latinoamericanas de los años setenta, o las actuales de países como Cuba y Venezuela.
Es triste que la Presidencia uruguaya, que ya fue observada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo por estas maniobras artimañeras, prosiga con las mismas bajo la atenta complacencia del presidente de la República, que dice respetar la democracia, menos cuando la protesta le toca de cerca. Ojalá sea la última vez que el Estado amenace la libertad de expresión, pero estoy seguro que es solo una expresión de deseo.

HUGO LEMOS