UNA JUSTICIA BOICOTEADA

Por Dr. Adrián Báez
Estimados lectores. Que uno de los Poderes del Estado y que los Organismos de Contralor dispuestos por la Constitución de la República, tengan que mendigar recursos económicos para lograr funcionar de manera no ya “eficiente”, sino solamente para ejercer la principal actividad para la que existen, muestra una clarísima erosión del sistema republicano y habla a las claras de la poca seriedad del gobierno y de la débil firmeza del sector político todo, allende los colores ostentados, que no perciben lo malo y peligroso que es, que uno de esos Poderes tenga de rehén a otro y a quienes deben controlarlo para garantizar el fiel cumplimiento de su actividad. Eso es lo que continúa sucediendo entre un Ejecutivo tozudo e irresponsable, y un Poder Judicial, una Corte Electoral, un Tribunal de Cuentas y una Junta Anticorrupción endebles y acorralados.
La semana pasada nos enteramos que dichos Organismos de Contralor no llegarían a cubrir sus gastos de funcionamiento en los próximos meses, pero lo que más nos indignó, fue el escuchar del mismísimo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Ricardo Pérez Manrique, que ante la realidad que encierra el Poder Judicial que atraviesa por un panorama “absolutamente deficitario”, se decidió suprimir seis Juzgados de Paz del interior, correspondientes a los departamentos de Paysandú, Soriano y Tacuarembó, con el objetivo de ahorrar y “redireccionar” unos $ 4 millones del presupuesto anual, agregando que si bien el suprimir Juzgados “no es lo ideal”, “estamos tratando de abatir gastos” producto de la falta de fondos.
El Magistrado también reconoció que “la justicia está teniendo dificultades para pagar ciertos gastos de funcionamiento como compra de papel, financiar la limpieza de algunas sedes y pagar suministros como teléfono y energía eléctrica”, por lo cual “la SCJ pidió al Poder Ejecutivo una partida presupuestal de $26 millones para cubrir el rubro gastos de acá al 31 de diciembre”. “Es la curta Rendición de Cuentas en la que no recibimos un centésimo. En el Presupuesto Quinquenal no recibimos un centésimo y en esta Rendición de Cuentas recibimos fondos exclusivamente para implementar el Código del Proceso Penal”.
A buen entendedor… Pero de nada sirve el entenderlo, el comprenderlo, el denostarlo, si no se toman medidas al respecto por los que deben hacerlo en primer lugar, que son quienes llevan adelante los liderazgos de las colectividades políticas y sindicales, sean afines o no al gobierno de turno, si es que en realidad se siente un ser democrático e interesa que haya en Uruguay una Justicia que cuente con herramientas sólidas para ser impartida, no bastando con la existencia de Leyes, sino que le es imprescindible los elementos materiales y humanos para efectuarla.
Sucede que en tiempos en los que se pregona el fin de las ideologías y el advenimiento de un pragmatismo a ultranza, que pone en jaque a los principios y soportes esenciales de las ideas, sin las que no existe, es imposible que se tenga un horizonte hacia el cual ir; el convencimiento de lo que significa una República con todo lo que ella requiere y representa, se ve denostado y herido de muerte por los que se encuentran seguros de que lo que importa es llegar a la obtención del poder, sin importar los medios.
Uruguay es una sociedad en la que se realizan movilizaciones por cualquier tema que un puñado de gente piense que importa, lo que está bien pues es inherente a nuestra condición de País democrático; pero que no se salga a blandirse el Pabellón Patrio en defensa del Poder que es responsable nada más y nada menos que de la Justicia, por la que siempre reclamamos pero la cual nos sacudimos de encima cuando ella es víctima de atropellos como los que ha venido padeciendo por parte del gobierno “Progresista”, deja al descubierto una triste hipocresía, de la que esperamos nunca tener que arrepentirnos como pueblo.
La Democracia y la Libertad no solamente se piden, se exigen y se lloran cuando no están; se deben cuidar, proteger y solidificar con acciones responsables y serias.
Un mayor presupuesto para el Poder Judicial, no puede ser visto sólo como el aumento de sueldos, lo que es necesario y justo; debe de ser considerado también, desde la óptica de que si deseamos una mayor y mejor Justicia, primero tenemos que respaldarla en su buen desarrollo; pues si es cierto que una Justicia lenta no es Justicia; tampoco lo es, una Justicia boicoteada.







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