“Hay que reconocer que existe una tensión entre los poderes Judicial y Legislativo”, dijo vocero de la SCJ

Atentos como nunca antes. Así están por estos días las autoridades del Poder Judicial ante la ola de manifestaciones públicas de distintas corrientes de la izquierda que reaccionaron contra una concatenación de decisiones que el máximo órgano de ese poder del Estado, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ha adoptado y que van a contrapelo de uno de los intereses más caros de este gobierno, la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar y la cacería de represores, algunos de los cuales ya están presos.
Asimismo, el traslado de la jueza Mariana Mota primero y la decisión posterior de declarar nulo el texto de ley interpretativo de la ley de caducidad, que declaraba a los delitos cometidos durante el régimen de facto como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles para ser juzgados, ha desatado el enojo de los legisladores del Frente Amplio, que tienen como una de sus voces más resonantes en este caso, a la esposa del presidente y primera senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky.
Por lo tanto, lo inconveniente de que la primera dama sea la principal acusadora de los ministros de la Corte, que se supone un poder independiente del que maneja su esposo, el presidente Mujica, ha generado cortocircuitos importantes entre los tres poderes del Estado, como pocas veces en la vida democrática y por primera vez desde el regreso a la institucionalidad, tras la feroz dictadura que por más de una década impusieron los entonces mandos de las Fuerzas Armadas.
Pero el hecho derivó en una serie de marchas y protestas contra la posición que tienen los ministros de la Corte y si bien el lunes en Montevideo, la manifestación de repudio fue importante en concurrencia, ayer tuvo sus réplicas en el interior del país y Salto fue uno de los lugares escogidos para ello por parte del Frente Amplio local y el PIT CNT.
Mientras desde los medios de comunicación y la opinión pública en general, la situación es de debate permanente, desde la Suprema Corte de Justicia están esperando que pase la tormenta para seguir adelante. Ya que afirman una y otra vez que las decisiones fueron tomadas en base a los argumentos básicos del natural desenvolvimiento de la institución.
En relación a lo que viene sucediendo con respecto a los tires y aflojes entre la opinión pública y el Poder Judicial EL PUEBLO consultó al vocero de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Raúl Oxandabarat.
MÁS SEGURIDAD
Oxandabarat dijo que los ministros de la Corte “no andan con custodia permanente ni mucho menos, simplemente decidieron anunciar al Ministerio del Interior, incluso a raíz de los sucesos de público conocimiento (ocupación con desmanes del edificio de la SCJ para impedir el traslado de la jueza Mota) decidieron dar a conocer a las autoridades policiales un itinerario como para que se conozcan sus movimientos habituales y contar con una vigilancia discreta pero nada más, no hay guardias de seguridad ni nada de eso, la Corte no contrató ningún servicio”.
El vocero también dijo que el pasado lunes fue vallado el edificio de la Corte con la finalidad de evitar “algún desborde durante la movilización que llevaron a cabo los manifestantes, para preservar el edificio que está a su cargo, pero esa es la historia y no hay mucho más que eso”.
TENSIÓN
Por otro lado, si bien dijo que la SCJ no ha emitido ninguna declaración al respecto, el portavoz del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, reconoció a EL PUEBLO que “hay un estado de tensión entre los poderes del Estado, el Judicial específicamente y el Legislativo, pero es una tensión justamente entendible y normal en un caso como éstos. Son Poderes con distintas funciones, pero según el ideal de la división de poderes, esto ocurre para que haya un contrapeso entre uno y otro, y un poder controle al otro, y en ese equilibrio y en esa separación de las funciones puede haber roces y tensiones. Pero nosotros entendemos, que es el roce o tensión normal de un sistema democrático, que irá disminuyendo en la medida que se comprendan las cosas, se pase el momento pasional o emotivo que pudo haber generado esta decisión de la Corte y se vaya comprendiendo las razones por las cuales la SCJ sentenció lo que sentenció”.
Por otro lado, con respecto a la ley de caducidad dijo que “se podrá disentir con lo que la Corte falló, pero está debidamente fundado, se trata de una sentencia que cuenta con más de 60 páginas, donde se expone con total raciocinio los fundamentos por los cuales se dicta esa sentencia, se hizo un estudio exhaustivo y se brindó un dictamen sobre la constitucionalidad de una ley, tal cual lo prevé su función. Pero la Corte hizo lo que tenía que hacer, cumplió su misión y su objetivo, se podrá discutir el producto de esa función pero hay que respetarlo como tal y en definitiva acatarlo, porque ese es el propósito de que exista un poder independiente que se encargue de juzgar”.
No obstante, el vocero de la SCJ prefirió no emitir opinión respecto a la comprensión de la gente que se manifestó públicamente en torno a este asunto, y dice que “desde la Justicia lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el trabajo se haga correctamente, que el debido procedimiento se cumpla, que se den garantías a todos los implicados y en definitiva una vez que se falle, asegurarnos que esa sentencia se cumpla debidamente”.

Atentos como nunca antes. Así están por estos días las autoridades del Poder Judicial ante la ola de manifestaciones públicas de distintas corrientes de la izquierda que reaccionaron contra una concatenación de decisiones que el máximo órgano de ese poder del Estado, la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ha adoptado y que van a contrapelo de uno de los intereses más caros de este gobierno, la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar y la cacería de represores, algunos de los cuales ya están presos.

Asimismo, el traslado de la jueza Mariana Mota primero y la decisión posterior de declarar nulo el texto de ley interpretativo de la ley de caducidad, que declaraba a los delitos cometidos durante el régimen de facto como de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles para ser juzgados, ha desatado el enojo de los legisladores del Frente Amplio, que tienen como una de sus voces más resonantes en este caso, a la esposa del presidente y primera senadora del Frente Amplio, Lucía Topolansky.

Por lo tanto, lo inconveniente de que la primera dama sea la principal acusadora de los ministros de la Corte, que se supone un poder independiente del que maneja su esposo, el presidente Mujica, ha generado cortocircuitos importantes entre los tres poderes del Estado, como pocas veces en la vida democrática y por primera vez desde el regreso a la institucionalidad, tras la feroz dictadura que por más de una década impusieron los entonces mandos de las Fuerzas Armadas.

Pero el hecho derivó en una serie de marchas y protestas contra la posición que tienen los ministros de la Corte y si bien el lunes en Montevideo, la manifestación de repudio fue importante en concurrencia, ayer tuvo sus réplicas en el interior del país y Salto fue uno de los lugares escogidos para ello por parte del Frente Amplio local y el PIT CNT.

Mientras desde los medios de comunicación y la opinión pública en general, la situación es de debate permanente, desde la Suprema Corte de Justicia están esperando que pase la tormenta para seguir adelante. Ya que afirman una y otra vez que las decisiones fueron tomadas en base a los argumentos básicos del natural desenvolvimiento de la institución.

En relación a lo que viene sucediendo con respecto a los tires y aflojes entre la opinión pública y el Poder Judicial EL PUEBLO consultó al vocero de la Suprema Corte de Justicia, el Dr. Raúl Oxandabarat.

MÁS SEGURIDAD

Oxandabarat dijo que los ministros de la Corte “no andan con custodia permanente ni mucho menos, simplemente decidieron anunciar al Ministerio del Interior, incluso a raíz de los sucesos de público conocimiento (ocupación con desmanes del edificio de la SCJ para impedir el traslado de la jueza Mota) decidieron dar a conocer a las autoridades policiales un itinerario como para que se conozcan sus movimientos habituales y contar con una vigilancia discreta pero nada más, no hay guardias de seguridad ni nada de eso, la Corte no contrató ningún servicio”.

El vocero también dijo que el pasado lunes fue vallado el edificio de la Corte con la finalidad de evitar “algún desborde durante la movilización que llevaron a cabo los manifestantes, para preservar el edificio que está a su cargo, pero esa es la historia y no hay mucho más que eso”.

TENSIÓN

Por otro lado, si bien dijo que la SCJ no ha emitido ninguna declaración al respecto, el portavoz del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat, reconoció a EL PUEBLO que “hay un estado de tensión entre los poderes del Estado, el Judicial específicamente y el Legislativo, pero es una tensión justamente entendible y normal en un caso como éstos. Son Poderes con distintas funciones, pero según el ideal de la división de poderes, esto ocurre para que haya un contrapeso entre uno y otro, y un poder controle al otro, y en ese equilibrio y en esa separación de las funciones puede haber roces y tensiones. Pero nosotros entendemos, que es el roce o tensión normal de un sistema democrático, que irá disminuyendo en la medida que se comprendan las cosas, se pase el momento pasional o emotivo que pudo haber generado esta decisión de la Corte y se vaya comprendiendo las razones por las cuales la SCJ sentenció lo que sentenció”.

Por otro lado, con respecto a la ley de caducidad dijo que “se podrá disentir con lo que la Corte falló, pero está debidamente fundado, se trata de una sentencia que cuenta con más de 60 páginas, donde se expone con total raciocinio los fundamentos por los cuales se dicta esa sentencia, se hizo un estudio exhaustivo y se brindó un dictamen sobre la constitucionalidad de una ley, tal cual lo prevé su función. Pero la Corte hizo lo que tenía que hacer, cumplió su misión y su objetivo, se podrá discutir el producto de esa función pero hay que respetarlo como tal y en definitiva acatarlo, porque ese es el propósito de que exista un poder independiente que se encargue de juzgar”.

No obstante, el vocero de la SCJ prefirió no emitir opinión respecto a la comprensión de la gente que se manifestó públicamente en torno a este asunto, y dice que “desde la Justicia lo que tenemos que hacer es asegurarnos que el trabajo se haga correctamente, que el debido procedimiento se cumpla, que se den garantías a todos los implicados y en definitiva una vez que se falle, asegurarnos que esa sentencia se cumpla debidamente”.







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