¿A quién educa el INAU?

El Estado tiene el deber de velar por los intereses y derechos de los más vulnerables de este país. A veces parece una frase hecha que es repetida hasta el cansancio por los gobernantes de turno, porque además de ser un eslogan del dibujoEstado Protector que fue creado por el batllismo a principios del Siglo XX y que hoy vemos en muchos aspectos con los distintos gobiernos del Frente Amplio, sintetiza lo que todos esperamos que el Estado haga por los más débiles.
Pero cuando vemos la situación en la que se encuentran principalmente hoy, los niños y adolescentes que están internados en los distintos hogares del INAU, nos preguntamos si todo cae por su propio peso, si las normas que establecen el especial cuidado de los más chicos que están en situación de desamparo no son un chiste, si el Interés Superior del Menor, del que habla el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), sancionado en 2004 haciendo la diferencia entre ambas franjas justo para eliminar el concepto de Menor, que los englobaba a todos los menores de 18 años de edad, es solo una gran farsa, o si en realidad todo es así y nos hacen creer que el Estado protege y ampara en los papeles, pero luego las instituciones encargadas de hacerlo y sus funcionarios se pasan esas obligaciones por donde no les da el sol y lo de la protección era solamente un cuento.
Cuando vi el video de la golpiza que le dan los funcionarios del INAU al grupo de adolescentes infractores que estaban reclamando la presencia de los mismos, internados en ese mal llamado “hogar” que en realidad es un centro de reclusión, porque no es otra cosa que una cárcel juvenil con todas las características de un recinto penitenciario común y corriente, pero que se hace llamar “hogar” cuando justamente de “hogar” no tiene nada, no quise hacer comentario alguno por varias razones. Primero, porque si los jóvenes que están en ese lugar son delincuentes, allí los estaban tratando como tales al tenerlos encerrados, enrejados y con códigos carcelarios, que les hace suponer que el próximo paso al salir de allí, será el Comcar.
Lo otro, es que a los funcionarios a quienes estos jóvenes recluidos estaban llamando, se encontraban en ese momento en una asamblea por motivos gremiales, las cuales se han transformado en muchas instituciones públicas como una suerte de rituales, donde muchos funcionarios se juntan para quejarse de lo mal que trabajan por la escasez de recursos con los que lo hacen; mientras que al mismo tiempo el gobierno sale a contradecirlos y dice que los ha dotado con el mayor presupuesto de la historia en sus respectivas áreas.
Aunque sobre todo, los trabajadores se quejan de lo poco que ganan y de las ganas que tienen de no hacer nada de nada para demostrar que están disconformes con su puesto de trabajo, al que abandonan en los hechos cuando salen a quejarse, pero tampoco renuncian para darle lugar a otro que por ahí también se queja igual o menos que ellos, pero capaz que trabaja y atiende sus obligaciones y evita situaciones como éstas, las que fueron generadas en parte porque la legítima y legalmente amparada asamblea gremial en su lugar de trabajo, desatendió la necesidad de contención y educación de estos jóvenes infractores que están en recintos como éstos por una sola razón, la de ser atendidos por personal capacitado que tenga conocimiento y compromiso con esa realidad y sobre todo que se ocupe de darles la educación adecuada para ser rehabilitados.
Si bien, todos sabemos que esos adolescentes que estaban reclamando previo a ser golpeados, no son carmelitas descalzas, tampoco puede venir una patota, darles una paliza para que tengan y no reclamen y después no querer que les caigan con todo por actuar como patovicas. En cierta forma, los funcionarios del INAU que les propinaron la paliza a los infractores, trasladaron con esa actitud violenta, la frustración que sienten cuando el Estado contra quien ellos se quejan, hace exactamente lo mismo, no escucha sus reclamos y directamente les pega una patada.
Aunque esta vez se les fue la moto y mal, porque terminaron castigando a estos jóvenes que ya vienen siendo hostigados por la sociedad, la que los considera parias por su conducta delictiva y los excluye, los aloja en un lugar donde el Estado controla y cuenta con funcionarios presuntamente capacitados, los que se deberán encargar de velar por el Interés Superior del Menor del que tanto habla el CNA, educándolos, cuidándolos, enseñándoles a cambiar su conducta y a tener una mentalidad que les permita vivir en sociedad, sin violencia y con una actitud proactiva, aunque nada de esto es verdad porque ni el lugar es el adecuado ni los funcionarios están capacitados para esto, y eso es una verdad absoluta, máxime cuando el propio presidente del sindicato del INAU, Joselo López, dijo que había funcionarios de esos hogares “que están terminando sus estudios de secundaria”, lo que deja en evidencia la precaria calidad de funcionarios para un ámbito de estas características.
Pero después de ver ese video y todo lo que sobrevino después, la pregunta surge indefectiblemente ¿a quién educa el INAU? ¿Qué garantía nos dan esos funcionarios pagos por la sociedad, de que van a trabajar para rehabilitar a esos jóvenes que terminaron en esos centros de reclusión por haber cometido delitos siendo adolescentes? ¿Cuál es el protocolo de acción que tiene el INAU para atender a los jóvenes violentos y qué preparación tienen realmente sus funcionarios? Esto que vimos todos los uruguayos y que nos causó estupor por la violencia que se emplea en esos lugares que se suponen de contención, ¿es la primera vez que pasa, o se trata de algo que es moneda corriente en esos ámbitos mal llamados hogares?
Como ciudadano me preocupa mucho todo esto y me hace sentir que en cierta forma estoy siendo estafado por el Estado, más allá de quién gobierne, porque no concibo que las instituciones públicas y sus trabajadores, a las que alimentamos con el dinero de nuestros impuestos, no cumplan ni con el más mínimo criterio que establece su existencia. Como periodista, sé que este tipo de casos son frecuentes, no tengo pruebas contundentes pero he sido informado por diversas fuentes de hechos ocurridos tanto en Salto como en otros lugares del país, de que este tipo de cosas ocurren y que más allá de que los jerarcas de turno tienen toda la voluntad de hacer las cosas bien, estos hechos trascienden su potestad jerárquica e igual suceden cada vez con más fuerzas.
También sé que hay una línea muy delgada que separa al funcionario que trabaja en esos lugares donde se siente hasta hostigado por trabajar en un ambiente donde hay gente violenta, con códigos que deben ser transformados y que siendo ellos mal pagos y teniendo carencia de recursos, tampoco están preparados, porque incluso no cuentan con la educación adecuada ni con la formación suficiente como para enfrentarse a estas realidades.
Por eso sugiero, antes de seguir pegándole al INAU ya en el piso, que sus funcionarios sean formados adecuadamente para trabajar en este tipo de lugares, que quienes cumplen tareas en centros de detención y penitenciaria juvenil sean rotados, o que en el mejor de los casos, se trate de personal capacitado para una tarea que es difícil, que supone un trato firme y riguroso con quien cumple la pena, pero no violento.
Porque el funcionario debe ser preparado para la función y ese es un deber del Estado que debe salvaguardar el interés general de todos los uruguayos, para hacer que el mismo cumpla con su tarea de forma eficiente y correcta y sobre todas las cosas, sin violencia, porque de lo contrario, no estará educando a nadie, mucho menos a éstos jóvenes que ya han sido violentados incluso antes de saber hablar.

Hugo Lemos