“Ahora vienen sobre las ruinas que dejaron a reclamar que se les pague lo adeudado”, dijo

Luego que la diputada Cecilia Eguiluz y otros tres exjerarcas del gobierno anterior que encabezara el actual senador colorado, Germán Coutinho, comenzaran un reclamo judicial a la actual administración por sus liquidaciones salariales, el intendente de Salto, Andrés Lima, hizo pública una carta dando a conocer su posición sobre el tema. Destaca que si bien “como funcionarios generaron derechos” si “tuvieran un mínimo de conciencia” no es buena cosa “querer cobrar volúmenes de dinero que harían sonrojar a cualquiera luego de su accionar tan desprolijo en el manejo de finanzas públicas”. Lima declaró en una nota que ordenó que “primero cobren los funcionarios, luego los proveedores y por último los cargos de particular confianza”. Publicamos la carta remitida a nuestra Redacción.
LA CARTA
“La Intendencia de Salto fue citada para los días 7 y 8 de diciembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por la Diputada y ex Secretaria General de la Intendencia, Cecilia Eguiluz, así como por Verónica Ocampo, Nickie Volpi y Marisel Calfani”, comienza la nota.
Prosigue narrando: “la ex Secretaria General de la Intendencia, Cecilia Eguiluz reclama $ 775.952 por concepto de aguinaldos, licencias, salarios vacacionales, daños, perjuicios y multas. Verónica Ocampo reclama $ 377.060 por rubros similares. Nickie Volpi reclama la suma $ 92.768. Y Marisel Calfani reclama la suma $ 175.166. El reclamo total de los 4 excargos de confianza de la administración anterior asciende a la suma de $ 1.420.946”.
“Esta semana que pasó, dejó la citación para la Oficina de Trabajo de cuatro jerarquías del gobierno anterior. Quienes ocuparon cargos de dirección o la propia Secretaría General, saben hasta el hartazgo lo que fueron capaces de generar ellos mismos como responsables de la conducción del gobierno, que llevó al caos de no poder pagar los sueldos en el mes de junio, de cortar la cadena de pagos de la comuna, de no pagar las retenciones judiciales, de no pagarle al BPS, a UTE, a Ancap, a Créditos Sociales del BROU y a más de 600 proveedores, de no pagar egresos de funcionarios de carrera, ni primas por estudio, ni nada. Pero ahora vienen sobre las ruinas que dejaron, a reclamar que se les pague lo adeudado”.
Dijo que “es cierto que como funcionarios generan derechos, pero también saben que hoy la realidad es heredada de su propio accionar. Quizás creyeron el cuento de que fue solo un momento complicado y ya superado. Ellos se creyeron sus propios dichos, los que le decían a la tribuna antes del 10 de mayo, pero que una vez que perdieron aceptaron, aunque antes era un secreto a voces. Ahora le exigen, mediante el accionar de un abogado (Dr. Pablo Perna), actual Edil del Partido Colorado y ex Asesor Jurídico de la Junta Departamental del Gobierno anterior, que las actuales autoridades comparezcan ante la sede del Ministerio de Trabajo para cobrar volúmenes de dinero que harían sonrojar a cualquiera que tuviera un mínimo de conciencia por su accionar tan desprolijo en el manejo de finanzas públicas y sin tener vergüenza ciudadana”. “Esta gente que reclama a la Intendencia el pago de rubros aparentemente generados en el ámbito laboral, se olvida que en 5 años hicieron lo que parecía imposible: fundir lo público, fundir la Intendencia de Salto. El día 7 y el 8 de diciembre se celebrarán las audiencias por los reclamos de Nickie Volpi (por $92.768), Marisel Calfani (por $175.166), María Cecilia Eguiluz (por $775.952) y Verónica Ocampo (por $377.060). El reclamo total de los cuatro excargos de confianza de la administración anterior asciende a $1.420.946, que de ser abonados los pagaremos todos los ciudadanos de este Departamento con nuestros impuestos”. “Más allá del eventual derecho que pudiera asistirles resulta llamativo, la oportunidad en que presentan el reclamo, cuando la comuna recién el 15 de diciembre terminará de pagar un Convenio Colectivo con sus funcionarios por deudas que generó el Gobierno anterior y que como tantos otros compromisos hemos debido afrontar”, destacó.
E instruyó “que primero se pagará a los más de 600 proveedores de la comuna. Primero se terminará de pagar a los trabajadores y funcionarios de la Intendencia, los incentivos por ceses jubilatorios, luego a los proveedores que quedaron impagos al 30 de junio de 2015 y en último término, se pagará las liquidaciones a los cargos políticos de particular confianza”.







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