ALUR S.A. pagó por «error» U$S 100.000 a un proveedor cuando debía pagar $100.000 y le intimó a la devolución

Según la información con la que cuenta el Diputado Dr. Nicolás Olivera, en la Planta de ALUR de Paysandú se habrían abonado por «error» a un proveedor la suma de U$S 100.000 dólares americanos, cuando en realidad ALUR debía $ 100.000 pesos uruguayos, seõún afirmó el departamento de prensa de Alianza Nacional.
CITACIÓN A COMISIÓN
Con carácter urgente el Diputado Nicolás Olivera solicitó la convocatoria del Directorio de ANCAP a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes a fin de tomar conocimiento directo de las circunstancias que dieron lugar a esta situación irregular, así como también, analizar los procedimientos de selección de personal que se han llevan a cabo en ALUR, ante la información de que se han producido ciertas irregularidades en la forma de ingreso y la gestión de los recursos humanos.
La gravedad del caso, habría determinado el cese del Gerente de la Planta de ALUR SA, así como de otros jerarcas de la empresa subsidiaria de ANCAP.
En tal sentido, consideró imprescindible la comparecencia de las autoridades de ALUR ante la Cámara de Representantes a fin de que puedan brindar las explicaciones del caso, sobre todo cuando este tipo de «errores» se cometen con financiamiento de dineros públicos. La deficiencia de los controles, así como la presunta existencia de móviles políticos para la designación de personal, hacen necesario – expresó el Diputado Nicolás Olivera – recorrer esta instancia para conocer la real situación de la empresa, sobre todo cuando se han comprobado duplicación de pagos, irregularidades en las contrataciones, manejo arbitrario de la política de recursos humanos, entre otros elementos. Es imperioso – reafirmó – que las autoridades aporten datos sobre la existencia de casos similares, indicando a cuánto ascienden los pagos irregulares, a quién se le efectuaron, qué acciones se han adoptado en tal sentido y cómo se va a obtener el reintegro de las sumas indebidamente abonadas.
A estos efectos, el Diputado señaló también, que es importante acceder a la información que permita saber con cuántos funcionarios cuenta la Planta de Paysandú, cómo ingresaron, que procedimientos de selección se ha realizado, las remuneraciones, etc.
FALTA DE CONTROLES
El Diputado Nicolás Olivera manifestó que esta situación pone en evidencia un claro déficit del control en el manejo y la gestión de las llamadas empresas subsidiarias del Estado, que si bien son financiadas con dineros públicos, se rigen por el derecho privado y están por fuera de los controles, como por ejemplo los que lleva adelante el Tribunal de Cuentas.
A estos efectos recordó que desde el 2016 se encuentra a estudio de la Comisión de Asuntos Internos de la CRR su propuesta para generar dentro del ámbito de la Cámara de Representantes, una Comisión Especial que tenga por finalidad legislar, informar y asesorar en gestión del patrimonio público, con el objeto de dotar al sistema de mecanismos de control efectivos.
En la misma línea señaló que el control parlamentario muchas veces pierde efectividad ante la falta de respuesta a los pedidos de informes, recordando que aún se mantiene pendiente de respuesta un pedido de informes cursado originalmente en agosto de 2016 relativo a la gestión de recursos humanos en la Planta de ALUR SA de Paysandú, a fin de conocer los procedimientos de ingreso de personal, altas, bajas, remuneraciones, etc
LA POSICIÓN DE ALUR
ALUR constató que en mayo de 2016 se realizó un pago de una factura en dólares cuando el mismo debió haberse realizado en pesos uruguayos, a un proveedor que prestaba servicios en la planta de etanol de Paysandú.
Inmediatamente de conocido el hecho, la empresa inició una investigación administrativa separando de forma preventiva, y hasta tanto la situación sea aclarada, a los funcionarios intervinientes en el pago mencionado.
El objeto de dicha investigación será la determinación precisa de las causas que motivaron este hecho, verificar si otros desvíos ocurrieron con anterioridad y, como consecuencia, implementar las medidas correctivas y disciplinarias que correspondan. Sin prejuicio de ello, en forma simultánea, la empresa intimó al proveedor involucrado a devolver los fondos percibidos, suspendió toda actividad con el mismo, iniciando las acciones civiles de recupero. A su vez, realizó inmediatamente la denuncia penal correspondiente ante la Justicia competente con el fin de que la misma investigue y se expida sobre el hecho ocurrido y sus responsables. La Dirección de ALUR se encuentra plenamente comprometida con la mejora de los mecanismos de control interno y sistemas de gestión así como con el fortalecimiento del equipo de profesionales a cargo de su ejecución.