Aportes de la Mesa de trabajo sobre mujeres privadas de libertad para el proyecto de ley de Organización del Sistema Penitenciario Nacional

La Mesa de trabajo sobre mujeres privadas de libertad, creada en el año 2006, se encuentra conformada por una amplia heterogeneidad de actores de la organización civil, la academia y las entidades gubernamentales con el objetivo de contribuir a mejorar las condiciones de privación de libertad de las mujeres en nuestro país.

Desde la mesa se saluda la iniciativa de crear una ley que organice el sistema penitenciario nacional y consolide las importantes transformaciones que se han venido llevando adelante en estos últimos años en el marco del proceso de reforma penitenciaria. Asimismo, consideramos como altamente favorable la salida del sistema penitenciario de la órbita del Ministerio del Interior.
No obstante lo cual, consideramos que es necesario fortalecer la perspectiva de género y, en particular, visibilizar las especificidades vinculadas a las mujeres dentro del sistema, tanto en lo relativo a las privadas de libertad como a las funcionarias.

Tal como sabemos, el sistema penitenciario constituye un ámbito que ha estado dominado históricamente por hombres, siendo éstos la amplia mayoría tanto en la población privada de libertad, como a nivel del personal y de las autoridades. Esta es una situación que no resulta privativa del Uruguay, sino que se da en los sistemas carcelarios a nivel internacional, lo cual se ha traducido en diversos modomesadetrabajo001s de invisibilización de la mujer y reforzamiento de los estereotipos tradicionales de género. Por ejemplo en cuanto al alojamiento no se establecen diferencias entre establecimientos específicos para mujeres o sectores dentro de las unidades para varones. En este sentido y para comenzar, vemos con preocupación que en el único momento en que el Proyecto de Ley hace mención específica a la situación de las mujeres privadas de libertad es cuando refiere a las madres con hijos, desconociendo las especificidades de la reclusión femenina en todos los otros aspectos de sus vidas no vinculados a la maternidad.
A continuación planteamos algunos puntos de preocupación: en relación a las actividades laborales: el Artículo 75 del proyecto considera las actividades laborales como un deber para las penadas y supone la pérdida de beneficios en caso de rehusarse a trabajar.
Desde la mesa consideramos al trabajo de las personas privadas de libertad como un derecho fundamental y que ha sido vulnerado sistemáticamente, particularmente en el caso de las mujeres.
En la actualidad estimamos que hay tan solo un quinto de las mujeres trabajando, por lo que el acceso a plazas laborales es aún más restringido que para el promedio del sistema penitenciario.
Vemos asimismo con preocupación el hecho de que el proyecto establezca explícitamente que las actividades laborales dentro de prisión no estarán reguladas por el régimen laboral de derecho común. No están previstos en el proyecto aspectos vinculados a la seguridad social laboral como jubilaciones, licencias por maternidad, asignaciones familiares, regulación de las remuneraciones.
En los casos de prisión domiciliaria señalamos que muchas de las mujeres suelen quedar abandonadas por sus familias y que si bien puede ser una muy buena medida sugerimos que en esos casos se contemplen otros apoyos con OSLA, así como posibilidades de salidas laborales, etc. Si bien el proyecto prevé en su artículo 84 el tema de la comercialización de los productos resaltamos la importancia y la urgencia de abordar este problema grave respecto al trabajo en cárceles.
En cuanto a la actividad educativa: Vemos con preocupación que no se recuperen los Art. 33 al 37 de la Ley 14.470 de 1975, que garantizan la promoción de la enseñanza secundaria por parte de la autoridad carcelaria, el fomento de la enseñanza técnica para el mayor número de reclusos posible, la coordinación de los planes de enseñanza con la Educación Pública a nivel nacional a fin de garantizar la posibilidad de continuar los estudios luego del egreso penitenciario y la obligación de contar con biblioteca en cada establecimiento penitenciario y facilitación de materiales didácticos para el aprendizaje (libros, periódicos y materiales para escribir).
En este sentido, la ley que se propone menciona en el Art. 69 únicamente la ratificación de la Constitución de la República e instituye de forma excesivamente vaga la responsabilidad del INR en la educación de las personas privadas de libertad y lo condiciona al tratamiento aplicado. En este sentido, llama la atención que las posibilidades educativas estén condicionadas al tratamiento que recibe cada persona y no a una política universal y garantista por parte del Estado.
El Art. 70 de la presente ley especifica que la educación no puede ser limitada por motivos injustificados, pero es el entender de esta Mesa que es necesario especificar que no serán justificados los motivos relativos a las medidas disciplinarias.
Creemos que es fundamental que las actividades laborales y educativas no puedan ser condicionadas por sanciones, ya que constituyen un derecho de las personas que no debería ser suspendido por la privación de libertad. De igual forma no se observan especificaciones respecto a las leyes, protocolos convenidos desde el INR con otras instituciones relacionadas a la educación como ANEP, Codicen y UdelaR.
El trabajo y el estudio conforman dos pilares básicos de las políticas penitenciarias, además de constituirse como derechos fundamentales establecidos en la normativa nacional e internacional relativa a la privación de libertad.
En este sentido, consideramos este proceso de discusión del proyecto de Ley para regular al sistema penitenciario, como una oportunidad única para dejar sentado el carácter garantista del Estado uruguayo en relación a su compromiso a velar porque estos derechos que han estado históricamente vulnerados para la población privada de libertad, y particularmente para el caso de las mujeres, se hagan efectivos.
Uno de los problemas mayores que presenta la población migrante en cárceles es la soledad absoluta en la que se encuentran.
En el caso específico de las mujeres, muchas son madres con hijos en su país de origen. En este sentido sería recomendable considerar la posibilidad de que puedan cumplir su condena en el país de origen, siempre y cuando ellas así lo soliciten.
Así como se habilite inmediatamente su retorno cuando acceden a libertad anticipada o prisión domiciliaria (cosa difícil de implementar en estos casos en la actualidad).
Otro punto importante es habilitar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo para aquellas que están en situación de encierro.
Muchas de las mujeres migrantes que caen presas al ingresar al país, están embarazadas y no pueden acceder a un aborto por los requisitos impuestos a las mujeres migrantes en la ley 18.987. Tomando como ejemplo la excepcionalidad introducida en la ley 19.580 contra la Violencia Basada en Género para migrantes víctimas es que sugerimos implementar una nueva excepción con respecto a las que se encuentran privadas de libertad.