Asamblea del Claustro de la Regional Norte de la Universidad se pronunció contra la rebaja de la edad de imputabilidad

La Ley Orgánica de la Universidad de la República Nº 12.549 establece que le incumbe a dicha institución, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno” (art. 2).

Al amparo de esta disposición, y en consonancia con el pronunciamiento del Consejo Directivo Central (CDC) sobre la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal, la Asamblea del Claustro del CENUR Noroeste entiende que la Universidad de la República en la Región no puede ser indiferente a la problemática y quiere dejar sentada su total oposición a dicha iniciativa.

Bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años implicaría  que nuestra Constitución de la República (pacto político fundamental de todo país) consagre una concepción absolutamente retrógrada y estigmatizante de la adolescencia y la juventud, ajena a la realidad biológica de adolescentes y jóvenes en general y de la realidad social de adolescentes y jóvenes uruguayos en particular.

Se parte de argumentos y percepciones que carecen de sustento y que desconocen la integridad biopsicosocial de las personas. Resulta totalmente falso que los adolescentes y jóvenes “maduran más rápido”; los estudios científicos evidencian que esta es una tesis absolutamente equivocada. La adolescencia y la juventud se separan cada vez más del mundo adulto debido al carácter más exigente de los mercados de trabajo y de la conformación de una conducta cívica consciente y prudente.

En ese contexto es imperativo garantizar el correcto desarrollo de la adolescencia para el ejercicio de una ciudadanía plena, considerando las desigualdades sociales y las desintegraciones familiares que imposibilitan a muchísimos adolescentes y jóvenes vivir de forma normal y pacífica ese tránsito.

No es correcto afirmar que los adolescentes y jóvenes uruguayos gozan de impunidad. Los adolescentes y jóvenes son penalmente responsables y pasibles de sanción, puesto que así lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), que ha previsto un sistema de responsabilidad penal juvenil. Y en el ámbito del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguayo (INAU), a través del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), se han generado programas para la atención de los adolescentes y jóvenes infractores.

Está plenamente demostrado el notorio aumento de la población adulta privada de libertad y sin embargo no ha disminuido el número de delitos, ni la sensación de inseguridad. El encarcelamiento temprano, solapado en una supuesta “resocialización”, solo servirá para adquirir de forma temprana la cultura de la cárcel, lo que sería demoledor para el futuro de cualquier adolescente y cualquier joven y por lo tanto de cualquier sociedad.

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal revela una sobredimensionada criminalización de adolescentes y jóvenes, una falsa representación de la participación de los mismos en los delitos cometidos, puesto que ella no supera el  5%, encontrándose además en descenso o en estancamiento, según demuestran las estadísticas elaboradas en base a resoluciones judiciales e intervenciones policiales.

Los jóvenes no son victimarios sino víctimas de los procesos de desigualdad y pobreza iniciados y consolidados en los años 80 y 90, siendo actualmente los más castigados por el desempleo, la expulsión educativa, la exclusión del acceso a la vivienda. La pobreza juvenil supera porcentualmente la pobreza general; el desempleo, que muestra mínimos históricos, igualmente afecta en mayor medida a los jóvenes; la educación sigue mostrando un sistema expulsivo incapaz de eliminar la influencia de las brechas sociales en los resultados.

Por los fundamentos antes expuestos, la Asamblea del Claustro del CENUR del Noroeste Resuelve:

1º. Adherir y difundir el contenido del Documento “la Universidad de la República y el debate público sobre la imputabilidad penal para los adolescentes” en el marco de propiciar/promover una estrategia de comunicación que facilite una discusión libre y consciente de los ciudadanos sobre las cuestiones de fondo de esta temática.

2º. Continuar trabajando desde la Región, junto a otros actores, en la búsqueda de soluciones a esta problemática, aunando los esfuerzos para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

3º. Rechazar firmemente el proyecto de reforma constitucional que pretende bajar la edad de imputabilidad penal, por considerarlo inconveniente para la seguridad ciudadana y lesionar principios éticos fundamentales.

4º. Instar a una reflexión amplia sobre las oportunidades que se le abren al País en materia de convivencia social y prevención de la violencia y el delito en caso de no aprobarse esta iniciativa de reforma constitucional.

a Ley Orgánica de la Universidad de la República Nº 12.549 establece que le incumbe a dicha institución, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno” (art. 2).
Al amparo de esta disposición, y en consonancia con el pronunciamiento del Consejo Directivo Central (CDC) sobre la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal, la Asamblea del Claustro del CENUR Noroeste entiende que la Universidad de la República en la Región no puede ser indiferente a la problemática y quiere dejar sentada su total oposición a dicha iniciativa.
Bajar la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años implicaría  que nuestra Constitución de la República (pacto político fundamental de todo país) consagre una concepción absolutamente retrógrada y estigmatizante de la adolescencia y la juventud, ajena a la realidad biológica de adolescentes y jóvenes en general y de la realidad social de adolescentes y jóvenes uruguayos en particular.
Se parte de argumentos y percepciones que carecen de sustento y que desconocen la integridad biopsicosocial de las personas. Resulta totalmente falso que los adolescentes y jóvenes “maduran más rápido”; los estudios científicos evidencian que esta es una tesis absolutamente equivocada. La adolescencia y la juventud se separan cada vez más del mundo adulto debido al carácter más exigente de los mercados de trabajo y de la conformación de una conducta cívica consciente y prudente.
En ese contexto es imperativo garantizar el correcto desarrollo de la adolescencia para el ejercicio de una ciudadanía plena, considerando las desigualdades sociales y las desintegraciones familiares que imposibilitan a muchísimos adolescentes y jóvenes vivir de forma normal y pacífica ese tránsito.
No es correcto afirmar que los adolescentes y jóvenes uruguayos gozan de impunidad. Los adolescentes y jóvenes son penalmente responsables y pasibles de sanción, puesto que así lo establece el Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA), que ha previsto un sistema de responsabilidad penal juvenil. Y en el ámbito del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguayo (INAU), a través del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (SIRPA), se han generado programas para la atención de los adolescentes y jóvenes infractores.
Está plenamente demostrado el notorio aumento de la población adulta privada de libertad y sin embargo no ha disminuido el número de delitos, ni la sensación de inseguridad. El encarcelamiento temprano, solapado en una supuesta “resocialización”, solo servirá para adquirir de forma temprana la cultura de la cárcel, lo que sería demoledor para el futuro de cualquier adolescente y cualquier joven y por lo tanto de cualquier sociedad.
La propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal revela una sobredimensionada criminalización de adolescentes y jóvenes, una falsa representación de la participación de los mismos en los delitos cometidos, puesto que ella no supera el  5%, encontrándose además en descenso o en estancamiento, según demuestran las estadísticas elaboradas en base a resoluciones judiciales e intervenciones policiales.
Los jóvenes no son victimarios sino víctimas de los procesos de desigualdad y pobreza iniciados y consolidados en los años 80 y 90, siendo actualmente los más castigados por el desempleo, la expulsión educativa, la exclusión del acceso a la vivienda. La pobreza juvenil supera porcentualmente la pobreza general; el desempleo, que muestra mínimos históricos, igualmente afecta en mayor medida a los jóvenes; la educación sigue mostrando un sistema expulsivo incapaz de eliminar la influencia de las brechas sociales en los resultados.
Por los fundamentos antes expuestos, la Asamblea del Claustro del CENUR del Noroeste Resuelve:
1º. Adherir y difundir el contenido del Documento “la Universidad de la República y el debate público sobre la imputabilidad penal para los adolescentes” en el marco de propiciar/promover una estrategia de comunicación que facilite una discusión libre y consciente de los ciudadanos sobre las cuestiones de fondo de esta temática.
2º. Continuar trabajando desde la Región, junto a otros actores, en la búsqueda de soluciones a esta problemática, aunando los esfuerzos para la construcción de una sociedad más justa y solidaria.
3º. Rechazar firmemente el proyecto de reforma constitucional que pretende bajar la edad de imputabilidad penal, por considerarlo inconveniente para la seguridad ciudadana y lesionar principios éticos fundamentales.
4º. Instar a una reflexión amplia sobre las oportunidades que se le abren al País en materia de convivencia social y prevención de la violencia y el delito en caso de no aprobarse esta iniciativa de reforma constitucional.
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