Cerca de 40 trabajadores civiles en cárcel de Salto pasarán a la órbita del MEC tras concretarse un acuerdo nacional

Los trabajadores civiles de la cárcel departamental pasarán a ser funcionarios del MEC (Ministerio de Educación y Cultura) una vez que se concrete la transición de la rehabilitación de privados de libertad a una nueva institucionalidad basada en educación y trabajo, que tendrá un formato jurídico de servicio descentralizado por fuera de la órbita del Ministerio del Interior.
Según informaron fuentes vinculadas al tema, la guardia perimetral de la cárcel departamental continuará estando a cargo del Ministerio del Interior y los cerca de 40 funcionarios civiles que realizan tareas dentro de la cárcel pasarán a la órbita del MEC.
Así, aquellos trabajadores que estén vinculados al proceso de rehabilitación y tratamiento de los reclusos, en gestión laboral y educativa serían funcionarios del MEC luego de que se concrete el acuerdo planteado a nivel nacional.
Lo que aún no se sabe todavía es qué pasará con los funcionarios policiales que trabajan dentro de la Unidad Nº 20 en el proceso de rehabilitación y que por su perfil están vinculados a esa tarea así como otros funcionarios del Ministerio del Interior que desarrollan otras tareas dentro de la cárcel.
CÁRCEL DE SALTO
SELECCIONADA
COMO MODELO DE
GESTIÓN EDUCATIVA
La Unidad Nº 20 del INR (Instituto Nacional de Rehabilitación), que cuenta actualmente con 267 reclusos, tiene una particularidad respecto a otras cárceles del país ya que cuenta con varios acuerdos con el MEC y otras instituciones que harían más fácil ese proceso de transición apuntando a un mayor compromiso en las prácticas rehabilitadoras.
En este sentido, vale recordar que la cárcel de Salto fue seleccionada como modelo de gestión educativa, por sus buenas prácticas educativas en contexto de encierro, con desafíos y posibilidades para las personas privadas de libertad.
A través de este programa la cárcel presenta experiencias de educación secundaria, alfabetización, capacitación profesional y programas piloto que apuntan a contar con una currícula específica para aquellos reclusos que desean completar sus estudios.
En tal sentido el equipo de dirección de la Unidad Nº 20 que dirige el Sub- Crio Miguel Ángel Catelotti informó a este diario mediante un comunicado sobre el modelo de gestión educativa desarrollado en la cárcel departamental y cómo estas experiencias generaron una transformación positiva en el centro a partir de estas acciones educativas, los convenios laborales que se llevan a cabo y los procesos de formación tanto para el funcionariado como para los internos.
CONVENIOS DE
INSERCIÓN LABORAL
En el marco de estos convenios, una cuadrilla de internos de la cárcel departamental vienen realizando tareas de limpieza para la Intendencia de Salto, trabajos con Naranjales Guarino, varios convenios con el MEC y además, desde fines del mes de mayo otra cuadrilla de reclusos comenzó a realizar trabajos inherentes a la producción de pallets y binnes.
Este último convenio entre el Aserradero y Afines Lomadera y el INR se promueve el cuarto convenio institucional impulsado para el acceso a plazas laborales y mejora de la calidad de vida de las personas privadas de libertad. Este nuevo emprendimiento productivo que se instaló en la Unidad Nº 20 permitirá en esta primera etapa incluir entre 8 y 10 internos aplicados a la tarea. Para esta tarea se capacitó a los internos en el armado de binnes y pallets y se dispuso un área destinada específicamente al desarrollo de dicho emprendimiento. La actividad es asumida como un compromiso de responsabilidad social por parte de la empresa y se prevé una extensión de dos años en esta primera instancia.
De esta manera, el INR impulsa una de sus principales metas, propender al fortalecimiento de oportunidades laborales y de formación para el empleo, acciones que según las autoridades, incidirán directamente en el proceso de rehabilitación teniendo como cometido la disminución de la reincidencia delictual. Con estos convenios se busca también establecer diferentes procesos de inserción social generando vínculos tanto a nivel de instituciones públicas como privadas a efectos de que aquellas personas privadas de libertad establezcan relaciones laborales para su posterior reinserción social.
NUEVO FORMATO
JURÍDICO
El prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, anunció que la rehabilitación de privados de libertad contará con una nueva institucionalidad, que tendrá un formato jurídico de servicio descentralizado por fuera de la órbita del Ministerio del Interior. Derivar esta responsabilidad al Ministerio de Educación y Cultura “parece ser la mejor opción, aunque aún es un aspecto que se seguirá discutiendo”, dijo.
La disposición de descentralizar la rehabilitación de las personas privadas de libertad fue tomada por unanimidad en la reunión del Gobierno con los partidos con representación parlamentaria, encabezada por el Presidente Tabaré Vázquez, instancias convocadas para buscar consensos en materia de seguridad ciudadana y convivencia.
La nueva institucionalidad, que tendrá un formato jurídico de servicio descentralizado, se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, en principio, aunque este aspecto aún está a discusión.
También se informó que habrá que analizar la diferencia entre el tratamiento de los adolescentes en conflicto con la ley y los mayores de edad, pues “debe haber un abordaje diferente y de aquí en más afinaremos la institucionalidad”, indicó Roballo.







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