Defensores de oficio preocupados porque nuevo proceso penal prevé que ahora también defenderán a las víctimas

El 65 por ciento de las personas que están procesadas en el país no tienen una condena que determine en primer lugar que son culpables del delito por el cual se les acusa en primera instancia, esto es cuando son procesados, y en segundo lugar, que especifique la pena con la que serán castigados por ser los autores del delito imputado. Aunque charlatodo esto prevé revertirse con el nuevo proceso penal del cual ahora el gobierno ha postergado su entrada en vigencia hasta estudiar bien su impacto.
El dato fue aportado por el fiscal en lo Penal de 6º Turno, el Dr. Carlos Negro, en el marco de un curso denominado “Nuevo Proceso Penal y su relación con el Periodismo”, dictado por el fiscal de marras, la defensora pública, Verónica Acuña y el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, Luis Charles, en la que participó EL PUEBLO.
En ese marco, hicieron referencia a los aspectos relativos al nuevo proceso penal que propone al fiscal como protagonista de la escena, debido a que pasará a ser el instructor y quien deberá presentarle las pruebas al juez, investigando el hecho delictivo, pero también le impone más obligaciones a los defensores públicos que deberán atender ahora también a la víctima del delito y ser sus defensores en un contexto donde también son los defensores de los victimarios, cuando éstos no tienen dinero para pagar un abogado, algo que sucede en un importante porcentaje de los casos.
ENCARCELAMIENTO
“El encarcelamiento preventivo no es tal, no lo es, aunque debería serlo. Porque no es cautelar, cuando debería ser eso solamente, porque tal como lo indica el Código del Proceso Penal (CPP) actual, la prisión preventiva debe ser cautelar, esa es su función, pero siempre termina siendo una pena anticipada, funciona de esa manera cuando tendría que ser todo lo contrario”, dijo en su exposición el fiscal letrado en lo penal, Carlos Negro.
Para el representante del Ministerio Público, cuando un juez dicta un procesamiento y remite al encausado a la prisión preventiva, lo que está haciendo en realidad, es “prejuzgar, porque ese juez más tarde es el mismo que va a sentenciar a esa misma persona en el desenlace del juicio que se inicia en su contra. Lo hará emitiendo su condena o el sobreseimiento del procesado. Pero en efecto, lo que hace actualmente con esa función el juez penal es prejuzgar, porque entiende que hay elementos de convicción suficiente como para que el sujeto posiblemente sea culpable, pero técnicamente no lo es hasta que se dicte la sentencia y esto es al final de juicio”.
El fiscal advirtió que todo esto va a cambiar en el marco de un nuevo sistema acusatorio y dijo que en la actualidad solamente el 5 por ciento de los casos, ofrece una respuesta penal al problema presentado. Mientras tanto, admitió que en el marco del nuevo proceso penal que se piensa instrumentar ahora no se sabe bien cuándo, el relato que se haga con la explicación de los hechos invocados, constituirán la base del proceso penal.
DEFENSOR PARA LA VÍCTIMA
En tanto, la defensora pública, Verónica Acuña, afirmó que “una de las cosas que más le preocupan del nuevo proceso penal que se instrumentará en los próximos tiempos, es que la víctima podrá recurrir al defensor público, con la finalidad de poder pedir su intervención en los casos penales. Pero cómo haremos para poder atender a la víctima de un caso, cuando el mismo cuerpo de abogados que tenemos en defensoría, que son muy buenos abogados todos, son los mismos que van a tener que asistir al victimario”.
El nuevo CPP establece que las personas que son carentes de recursos económicos podrán solicitar a la defensoría pública, la asistencia letrada para los casos en los que han sido víctimas de delitos. A juicio de la Dra. Acuña, esto podría establecer un conflicto de intereses en la defensa de una víctima, cuando a la vez, los mismos abogados deben asistir al victimario que por lo general es un delincuente sin recursos para poder contratar a la defensa ante el juez.
Para la directora de la defensoría de oficio, esta disposición se trata de una dualidad que puede traer controversias y las cuales al menos deberían ser revisadas antes de su puesta en práctica, considera la defensora de oficio en relación a este criterio que será aplicado por el CPP nuevo.
NO PUEDE DISPONER LA PRISIÓN PREVENTIVA
Por otra parte, el ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, Luis Charles, comentó en su exposición que “el juez en el nuevo código ya no será el que investiga, eso le va a corresponder al fiscal como titular de la acción penal, porque desaparece la figura del juez instructor. Incluso cuando un juez dicta una medida limitativa o privativa de la libertad ambulatoria queda impedido de seguir conociendo en el caso y debe destinar competencia para otro juez que deberá continuar con el caso hasta el dictado de la sentencia. Esto también tiene sus bemoles porque si el caso es muy difícil, ese juez lo mete preso y se saca el caso de arriba”, comentó.
Tampoco, según el juez Charles, podrá el juez de oficio, tal como hoy se hace “disponer la prisión preventiva, solo lo puede hacer ante la solicitud del Ministerio Público, porque el juez carece de iniciativa en materia probatoria, tampoco podrá pedir diligencias para mejor proveer. Se consagra el principio de inmediación, en la audiencia estará presente el juez, el fiscal, el defensor y el imputado. Si falta alguna de estas partes la instancia será nula”.
Otro de los aspectos que repasó el magistrado es que la audiencia será pública. “Salvo que medie alguna de las siguientes razones, algunas de orden moral, de orden público o razones de seguridad. También cuando medien razones especiales para preservar la dignidad de las partes intervinientes en el proceso. Y en otro caso, es que cuando por las circunstancias especiales del caso, la publicidad de la audiencia pueda perjudicar los intereses de la justicia o vulnerar un secreto protegido por la ley”.