Dieron a conocer la formación de la Agrupación “Salteños en Defensa de los Bienes Naturales”

Mtra. Adriana Carabajal Conti: “los fines del grupo son estrictamente ambientalistas”

La Maestra y Educadora Ambiental Adriana Carabajal Conti que dejó de presidir al grupo “Salteños en Defensa del Agua” para pasar a estar al frente de “Salteños en Defensa de los Bienes Naturales por el hecho de que “los fines del grupo no se quieren ver mezclado con otros tintes que no sean específicamente ambientales ni politizarse”.
La docente aclaró que desde el principio la lucha apuntó a la preservación del agua, del medio ambiente y de los bienes naturales y en ese curso se pretende continuar.

Una reunión del grupo ambientalista

Una reunión del grupo ambientalista

La mayoría de los compañeros que conformaban el grupo inicial se han incorporado a “Salteños en Defesa de los Bienes Naturales”. Ya se han mantenido reuniones con las autoridades de Concordia, Con Gustavo La Paz – que tiene antecedentes de trabajar con grupos ciudadanos, el Ingeniero Eduardo Grasso, Roberto Silva, Héctor Mogliazza y Artigas Coelho (secretario). La nueva agrupación está en el proceso de transformarse en la primera asociación ambientalista de Salto. Oportunamente se presentará un recurso de amparo a fin de evitar las perforaciones en el territorio. Para el próximo martes está prevista una reunión con las autoridades del Centro Comercial de Salto y se ha solicitado reunión con el Intendente Lima.
A nivel regional se está organizando un foro ambientalista con participantes de toda la región.

DECLARACIÓN DE LA RED
DE AMBIENTALISTAS
Declaración de la Red Uruguaya de ONG´s Ambientalistas, reunidas organizaciones socias del interior y capital en alerta permanente y habiendo discutido los informes recibidos que preocupan a la sociedad civil organizada, y a toda la ciudadanía.
Pese a reconocidos esfuerzos institucionales por tratar de fortalecer la gestión ambiental, vemos con preocupación que hay proyectos cuya continuidad y ejecución contribuirán aún más al deterioro ambiental y a la pérdida de nuestros genuinos recursos naturales.
En Uruguay, una larga serie de problemas ambientales, tanto urbanos como rurales, requieren medidas en los tres niveles de gobernanza, estableciendo normativas acorde y dando cumplimiento a las acciones de resguardo judicial que correspondan.
En primer lugar, las altas concentraciones de fósforo y otros contaminantes traza en los cursos de agua de todo el país, están teniendo tangibles y trágicas consecuencias en los ecosistemas de agua dulce, y potencialmente en la salud humana y animal.
En el río Negro, el fósforo está ya presente a concentraciones que van de tres a cinco veces el máximo permitido por la legislación vigente.
De manera concomitante, ya hay floraciones de algas cianobacteria.
Es así que resulta tristemente alarmante la actual nave insignia de la inversión extranjera: una nueva planta de celulosa en esa cuenca, y la continua ampliación de áreas de monocultivos intensivo-extensivos de soja, trigo e incluso maíz.
En segundo lugar, nos preocupa que pese al excelente cambio en la matriz eléctrica del país, y pese a haber firmado el Acuerdo de París, para ayudar a mitigar el cambio climático reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, desde el gobierno se insista en la búsqueda de potenciales hidrocarburos, cuyo contrato cita “en forma convencional y no-convencional”.
Esto último de manera inequívoca se está refiriendo a fractura hidráulica (“fracking”), práctica incompatible con la preservación del recurso agua subterránea (Acuífero Guaraní).
En tercer lugar, nos preocupa que cada vez se esté comercializando más leña de monte nativo, en vez de restringir su venta, lo cual menoscaba el valor de las asociaciones vegetales autóctonas en la preservación de la biodiversidad. Por último, no puede quedar sin mención las potenciales consecuencias ambientales de cierta fracción de las relaciones bilaterales con China, referente al ambiente oceánico y la pesca. La ampliación a 350 millas de espacio oceánico como de interés nacional, implica también responsabilidades de control naval, salvamento y rescate, pero además la protección de los recursos naturales, en especial la amenazada biota marina de ese sector del Atlántico. La instalación de procesamiento de 500 toneladas al año de pescado, con no claras regulaciones, la poca capacidad de control, y los permisos de captura de tres especies en peligro (merluza negra, atún y anchoíta), nos lleva a enorme preocupación.
En otro orden de cosas, ya han catalogado a nuestros puertos como de los primeros en el mundo donde se refugian barcos que no cumplen ninguna normativa, ni de derechos humanos, ni de explotación controlada del recurso acuático, ni de cuidado del ambiente.