El código penal establece que la pena máxima en el Uruguay es de 30 años

El código penal establece que la pena  máxima en el Uruguay es de 30 años

Dr. Diego Gaitán

Muchas dudas han surgido respecto a las penas impuestas por el Código Penal y el cumplimiento de las mismas a raíz de la liberación de Pablo Goncálvez, ¿qué criterio se sigue y cuál es el procedimiento establecido para casos similares?, fue la primera pregunta que motivó la consulta al Dr. Diego Gaitán, abogado penalista, quien explicó a EL PUEBLO detalles del sistema penal uruguayo.
Lo importante a destacar – manifestó – es cuál es la pena máxima en el Uruguay; la que tiene una duración de unos 30 años. Algunos doctrinarios discuten que la misma podría ir un poco más allá, por medio de algunas leyes extra código, que podría llegar a unos 40 ó 45 años, pero en realidad lo que marca el Código Penal como pena máxima, es la de 30 años.
Una vez que una persona es condenada, puede continuar aún privada de libertad o no; si la pena mínima del delito es de prisión, va a poder solicitar una libertad provisional durante el proceso, siempre y cuando haya sido sujeto a una prisión preventiva. Si la pena mínima es de penitenciaría, no, debe esperar a que se termine el proceso, que quede ejecutoriada la sentencia, que ya no se la pueda modificar más, y ahí recién va a solicitar lo que es la libertad anticipada, que es lo que pasó en el caso de Goncálvez; qué pasa, la libertad anticipada se la puede solicitar una vez que se haya cumplido con la mitad de la pena, donde se sigue un trámite administrativo y judicial, pero, siempre deriva en que el recluso sea visto por profesionales idóneos, psicólogos, psiquiatras, como sucedió en el caso mencionado. Obviamente que dicha libertad puede ser denegada, por un motivo específico y una resolución fundada.
Pero aún así, si la persona trabaja o estudia, cada dos días de estudio o de trabajo, tiene una reducción en los días que debe cumplir la pena; entonces, cualquier persona privada de libertad, y estamos hablando de delitos graves, que son los que más tiempo llevan, pues si son delitos leves que llevan pena de prisión dada la circunstancia pueden obtener una libertad antes, van a tener siempre, una reducción en la pena, como la otorgada a Goncálvez que fue de unos 7 años, salvo que no estudie, no trabaje o no realice ninguna actividad.
Hoy no existen medios para mantener a una persona privada de libertad bajo estas condiciones, por más que se sostenga que la misma no está rehabilitada. Lo que sí se aplica, son las medidas de seguridad eliminativas, que son aquellas que se decretan cuando una persona no está rehabilitada y se la deja un tiempo más, tomando en cuenta los delitos cometidos y la gravedad de los mismos, las que continúan cumpliendo en la cárcel, cuya duración máxima es de 15 años, lo que no corresponde aplicar al caso específico que tratamos, porque esas medidas de aplicarse serían posteriores y estas no se aplican retroactivamente.
Se cuestiona la posible rehabilitación de quienes cometen delitos de la índole que nos ocupa, ¿qué parámetro se utiliza para corroborar la misma?
Obviamente que la sociedad puede preguntarse, por que si esta persona no está rehabilitada va a salir; en primer lugar hay que aclarar, que el que no esté rehabilitada, no es algo que se pueda probar con una verdad científica; van a existir distintas opiniones de psiquiatras, psicólogos, etc, que puedan sostenerlo, pero que vuelva a poder cometer el mismo delito, quedará en la duda, podrá hacerlo, o no, no hay algo seguro que lo afirme y en segundo lugar, cumplió su condena, en Uruguay tarde o temprano el que está privado de libertad va a salir libre, a no ser que fallezca en la cárcel, aquí no existe la pena de muerte ni la cadena perpetua para ningún delito, y si trabaja o estudia, lo hará antes. Otro tema es el tipo de rehabilitación que obtenga adentro de la cárcel; diariamente salen de las misma personas que han sido condenadas por hechos gravísimos; por violaciones aberrantes, por homicidios, por rapiñas, o sea, por casos groseros, y en la mayoría de esos casos lamentablemente no tienen una rehabilitación porque no están dadas las condiciones; no existe gente idónea para ese tipo de actividad, obviamente que se está realizando un gran esfuerzo para que se baje la reincidencia, lo que muchas veces no se logra cumplir. Reiteramos, si la persona cumplió la pena, el Poder Judicial no le puede decir, usted es fulano de tal, lo vamos a dejar aquí un tiempo más, no; eso sería ilegal.
¿Corresponde aplicarle algún tipo de medidas una vez obtenida la libertad?
No se puede perseguir constantemente a una persona que cumplió su pena y quedó en libertad; una vez que la misma la obtiene, tiene derecho a hacer de su vida lo que le parezca, fijar domicilio en cualquier parte del país, de trasladarse, de hacer lo que entienda mejor, obviamente que quedará con ese antecedente, pero ha cumplido con su pena. El tema es que con respecto a colocar medidas, por ejemplo educativas, se debe de tener en cuenta el delito cometido, esta podrá aplicarse a quien haya cometido un delito de hurto, para que la persona aprenda a convivir con los demás, pero en casos como el de Goncálvez, por más educación que pueda tener o a la que se lo someta, si es algo que hace a lo psíquico de la persona, será un caso muy difícil, más allá de las diferentes opiniones sobre el tema. Hay mucha gente que se encuentra en similares circunstancias y la sociedad no ha salido a manifestarse con tanto miedo como en este caso en particular, sucede que en Uruguay no estábamos acostumbrados a situaciones tan connotadas, pero existen casos parecidos.
La ley es la misma para todos; día a día salen personas que cometieron delitos de gravedad y que podemos dudar de su reintegro a la sociedad, pues vuelven a la misma sin rehabilitación y probablemente vuelvan a reincidir, por ejemplo sucede con los violadores, cuyo delito es relativamente grave, donde quizás padezcan de problemas psíquicos, y se les recomienda estudiar o trabajar para que consigan esa rehabilitación; le aseguro que no se rehabilitan, pues no necesitan de estudio o trabajo, sino que de un tratamiento de profesionales y vaya uno a saber si asimismo mejoran y puedan cambiar. Ese tipo de tratamiento o toda medida similar, debe darse durante la duración y cumplimiento de la pena, pero una vez que cumplió con esta, la justicia no puede retrotraerse con cualquier excusa para no otorgarle la libertad que manda la ley. Pongamos el ejemplo que, si Goncálvez no hubiese trabajado, estudiado o hecho nada, y dentro de 7 años cumplía la pena, había que ponerlo en libertad; la ley es la ley.
Sucede que nadie ha alzado la voz para reclamar un mejoramiento en las condiciones, invirtiendo dinero y que sea bien invertido y quizás que la gente se enoje y diga: porqué van a invertir en estos delincuentes; y ahí hay que explicarles que si bien lo son, el día de mañana van a estar conviviendo juntos en la sociedad.