El defensor de los pobres.

- El defensor de oficio penal tiene la obligación de atender todos los casos, más allá de estar o no de acuerdo con sus defendidos. En Salto hay solo dos y cada vez atienden más casos.

“La ley es tela de araña. En mi inorancia lo esplico: No la tema el hombre rico, Nunca la tema el que mande, pues la ruempe el vicho grande y solo enrieda a los chicos”, con esa poesía de Martín Fierro, que luce como cuadro principal en su escritorio, el abogado Hugo Guerra, defensor público o de oficio en materia Penal desde hace 20 años, aunque antes de eso
estuvo una década prestando servicios en materia de Familia, deja traslucir de alguna manera su
pensamiento sobre el sistema de Justicia.
Al lado de esto, había un recorte que señalaba otra frase que también acompasa su visión de la función que a diario debe cumplir: “Trabajar para que la ley se aplique justamente todos los días, no es un trabajo fácil”, dice.

Es que el defensor público o defensor de los pobres, es el que lleva la tarea más difícil, que es la de defender o asistir a todos los ciudadanos que se presenten para solicitarles sus servicios para enfrentar al sistema de justicia, el que muchas veces es engorroso y lesivo para el justiciable (quien se presenta ante la Justicia).
En Salto hay tres mujeres defensoras de oficio que cumplen su tarea atendiendo los cientos de casos que en materia de Familia llegan hasta esa oficina. Pero algo que puede llegar a considerarse verdaderamente nocivo para una persona que deba enfrentarse al sistema de justicia, ocurre cuando le toca en suerte ser sometido a la Justicia Penal y necesita que el Estado le proporcione un abogado que lo asista.
Es que si bien la voluntad, el conocimiento y la experiencia de los únicos dos profesionales que ejercen en esa materia en nombre del Estado en nuestro medio, es incuestionable, la sobrecarga de trabajo por la inmensa cantidad de casos a tratar se vuelve un problema para el defendido, aunque ellos aseguran que “dan todo” para que las cosas salgan bien.
Esto ha sido reconocido por los ministros de la Suprema Corte de Justicia que en una reciente visita a Salto, los que al ser consultados por este diario esgrimieron que “conocían el problema” de Salto, refiriéndose a que estaban realizando un llamado para asignar un nuevo funcionario a esa repartición.
Pero ¿cuál es la situación de estos profesionales que trabajan como defensores del pueblo? ¿Siempre tienen que estar o pueden negarse? ¿Cómo se accede al defensor de oficio? Esto en el siguiente informe de EL PUEBLO.

Defensas con experiencia y cabal conocimiento de la realidad

La Constitución de la República establece que toda persona que acude a la Justicia debe ser sometida “a un debido proceso legal”. En este caso, el defensor público cumple un rol preponderante porque las leyes que reglamentan el proceso penal, estipulan que cada justiciable debe comparecer obligatoriamente ante el Juez asistido por un abogado y en caso de que no lo tenga, el estado le asignará uno.
Ahí, cuando no tienen uno, sea el caso que sea, es cuando entran a la cancha los defensores de oficio, algo que cada vez hacen más seguido. Los que deben familiarizarse con el caso y con el sujeto sometido a la justicia para prestarle sus servicios.
Son funcionarios del Poder Judicial y cobran un sueldo mensual que oscila entre los $36.359 pesos uruguayos (por 40 horas semanales) y que puede alcanzar los $41.876 pesos por las compensaciones que reciban. Y deben tomar todos los casos que se les presenten, sin poder negarse a la asistencia, como lo hacen algunos abogados particulares.
“Hay muchas veces que es difícil defender a determinadas personas. Sobre todo cuando se trata de delitos contra menores, como violaciones u homicidios. Trato de hacer mi trabajo, prestar mis servicios lo mejor que puedo y listo. Pero no crea que muchas veces no me voy pensando si hice bien, o si hice mal. Recuerde que yo tengo el deber de prestarle asistencia a todas las personas que llegan hasta mi despacho. Aunque me cuestione en mi fuero interno cómo encarar esa defensa por las cosas que hizo esa persona”, comentó el defensor público, Hugo Guerra, para este informe.
Si bien subyace en algunos ámbitos del colectivo social que un abogado que asiste como defensor de oficio y no cobra al justiciable, es porque “sabe poco” o porque “no le da mucha importancia a ese trámite en particular con la excusa de que tiene muchos casos que atender, éstos adquieren experiencia en derecho penal por los años que trabajan en la materia.
“El tema es que hay muchas personas que suponen que si no le cobran, la defensa no va ser adecuada y entonces prefieren pagar para estar mejor defendidos. Cosa que lamentablemente para ellos en la mayoría de los casos no es cierto”, comentó y añadió que “hay un promedio de gente que se va de la defensoría y otro promedio altísimo de gente que regresa a la defensoría”.
Informó en ese sentido, que “hay gente que son narcotraficantes pesados, que se sabe que mueven mucho dinero, pero que optan por ser defendidos por la defensoría de oficio. Marta (Abdala, la otra defensora de oficio penal que hay en Salto) y yo tenemos casos así”.
ATENCION EN
CRECIMIENTO
La oficina de la defensoría de oficio en lo penal está ubicada en un entrepiso de la sede del Palacio de Oficinas Públicas, lindero a la Jefatura Departamental de Correos y debajo de las oficinas de la Dirección Nacional de Catastro. Una pequeña puerta con un letrero que informa que allí está ubicada la defensoría departamental y enseguida otro letrero que reza “cuidado con el escalón”, advirtiendo a los “nerviosos usuarios” que allí pueden caerse antes de llegar al juzgado.
Escritorios, máquinas de escribir, papeles para donde se mire y dos funcionarios trabajando son el componente de esta singular oficina pública. Detrás, dos despachos separados. El de los defensores públicos de Salto, la Dra. Martha Abdala y el Dr. Hugo Guerra.
“Durante años, la Dra. Abdala trabajaba ella sola los casos penales y yo me dedicaba a los casos de Familia, pero hace 20 años que yo trabajo con ella en estos casos de materia Penal. Es que el volumen de gente que se atiende ha crecido enormemente”.
Pero el Dr. Guerra asegura que esto se da por varios factores. Uno de ellos es que el trabajo de la “defensoría” se ha hecho “conocido”. Pero además, los tiempos cambian. “Hoy nos enfrentamos a muchos casos de violencia doméstica que terminan en nuestras manos porque hay lesiones y delitos que se cometen en ese ámbito. Y otro de los casos más comunes es el de la creciente minoridad infractora”.
Para este abogado, en el caso de los menores infractores “la ley (el Código de la Niñez y la Adolescencia) permite ciertas impunidades. El menor infractor tiene tantas garantías, que al final termina siendo casi impune. Cuando viene al juzgado penal, como cosa muy grave puede llegar a ser derivado a la (Colonia) Berro. Y sino lo entregan a los padres y esa misma noche el joven vuelve a las andadas. Entonces la propia Policía está saturada con eso”, afirmó.
Dijo que “naturalmente este no es un problema de la Justicia sino de la legislación. (El Código de la Niñez y la Adolescencia) es un Código avanzado y bien elaborado, pero está pensado para otro país, donde se trabaje con un equipo multidisciplinario, con atención integral al adolescente problemático, pero eso no pasa acá, no es nuestra realidad”, indicó.
En Salto el juzgado penal cuenta con un solo médico forense, una asistente social, una psicóloga que cuando la necesitan la llaman y listo. A juicio de nuestro entrevistado “el Poder Judicial necesita urgente nutrirse de técnicos que trabajen en forma integrada y puedan prestar un servicio eficiente para resolver problemas más de fondo. Porque ya no es la justicia de antes, ahora hay otros temas que son necesario encararlos”.
BAJAR LA EDAD
A 14 AÑOS
Más allá de esto y de su protesta silenciosa con un cuadro con la leyenda del Martín Fierro con el que comienza este informe, Guerra opina que él trabaja “con total libertad, las quejas son con el sistema que está armado de esa manera. Creo que los defensores de oficio podemos hacer mucho por la gente, pero es de larga data y es algo arraigado en la gente que la Justicia es solo para algunos”.
Pero algunas cosas cambian y los hechos que suceden ahora no son los mismos que años anteriores. La sociedad se ha transformado y eso lo sabe esta persona que a diario choca con la más profunda de nuestras realidades. Este defensor público con tres décadas de ejercicio en esa función, aseguró que “persona más contraria a la rebaja de edad para la imputabilidad era yo. Por mi formación profesional, por mi formación universitaria y por los profesores que tuve en la Universidad”.
Sin embargo, atado a las coyunturas, Guerra manifestó que “si hoy me dicen que bajamos la edad de imputabilidad a los 14 años de edad, yo lo voto enseguida. Lamentablemente es así. No hemos podido controlar la situación y ahora se ha vuelto muy difícil (el manejo de los menores infractores). Tampoco creo que sea “la” solución, pero uno a través del tiempo va cambiando sus pareceres. Hoy soy partidario de la rebaja de la edad para imputar delitos”, afirmó.

“No me voy feliz todos los días”

Todas las defensas. Todos los casos que sean necesarios. Todos los hechos que se denuncien. No hay excusas ni exclusiones. Para los casos de Familia, hay una declaración jurada que las personas deben realizar antes de acceder a una defensa, haciendo saber que no pueden pagarse un abogado particular. Pero en los casos penales el ciudadano debe presentarse con un abogado ante el juez, y tiene la posibilidad de elegir a uno de oficio, aún pudiendo pagar a los particulares.
Por eso el defensor público debe estar preparado para todo lo que se le pida, esas son las condiciones. Ahora, para los casos que moralmente le son repudiables, ¿están preparados para hacer su trabajo?
En ese sentido el Dr. Hugo Guerra opina que “sí estamos preparados por la experiencia que adquirimos. Pero hay casos que tener que atenderlos es duro. Sobre todo cuando se involucra a niños. Yo no me voy todos los días feliz para mi casa por lo que hice. Yo cumplí con mi trabajo y de repente me voy conforme porque cumplí con mi deber. Pero de ahí a que me vaya conforme y feliz con lo que hice, para nada”, afirma.
Enfatiza además que “muchas veces me cuestiono lo que hice. Pero bueno yo estoy preparado para defender. Para acusar y penar están el fiscal y el juez. Me comprometo a que simplemente, más allá del delito que ha cometido el individuo, éste tenga las garantías del debido proceso porque eso es elemental y así funciona”.
Este defensor público también opinó que tal como está planteado, el proceso penal actual es “obsoleto”. “Todos sabemos que hay una reforma que está ahí, pero que no se implementa y es necesario que se den los cambios con urgencia para poder servir mejor a la gente, porque este proceso primero te mete preso y mientras tanto averigua si sos inocente. Y eso está mal”, aclaró.
Aunque echa por tierra el hecho que haya “muchos” reclusos sin condena y que estén pagando una prisión preventiva. “Hacemos visitas periódicas a la cárcel y estamos en contactos con quienes están allí para hacerles el seguimiento de sus casos”, explicó, aduciendo que el defensor del pueblo “no puede apartarse de la gente porque a ella se debe”.