En hecho inédito la Justicia envió a prisión a un intendente en funciones, Walter Zimmer de Colonia por abuso de funciones

En hecho inédito la Justicia envió a prisión a un intendente en funciones, Walter Zimmer de Colonia por abuso de funciones
En un hecho inédito, la Justicia procesó con prisión a un Intendente en funciones. Ocurrió ayer en Colonia con el caso del jefe comunal de aquel departamento, el nacionalista Walter Zimmer, y el director de Hacienda de la comuna, José Aunchaín. El caso es referido al empadronamiento de automóviles de otros departamentos en esa Intendencia en el 2008, cuando la autorización de la Junta los habilitaba hacerlo hasta el 2007.
Tanto Zimmer como Aunchaín dijeron que obraron en beneficio de la administración y de los contribuyentes, pero la Justicia entendió lo contrario. EL PUEBLO, accedió a la sentencia interlocutoria a través de la Suprema Corte de Justicia y presentamos un resumen de la misma.
RELACIÓN DE
LOS HECHOS
Las actuaciones estuvieron en manos de la jueza penal de 1º Turno, Virginia Ginares y de la Fiscal Darviña Viera. Todo comenzó el 26 de mayo de 2010, cuando en representación de la Intendencia de Colonia fue presentada una denuncia penal contra el entonces reelecto intendente (aún sin entrar en funciones) Walter Zimmer y el entonces y actual director de Hacienda, José Aunchaín.
“Los hechos referían al empadronamiento de vehículos en enero de 2008 haciendo figurar como fecha del acto el 31 de diciembre de 2007, la falta de controles de la intendencia en la entrega de matrículas a gestores algunas de las cuales fueron devueltas con perforaciones como si hubieren sido utilizadas ilegalmente, el pago de sobresueldos a funcionarios municipales que gestionaban proyectos de cooperación internacional, incluída la concubina del Sr. Intendente, con rendiciones de cuentas que no correspondían a las erogaciones efectuadas y cobros de saldos de cuentas cuando el Sr. Intendente se estaba retirando para iniciar campaña por su nueva candidatura y la existencia de varias empresas de arrendamiento de vehículos sin chofer que accedían a empadronarlos sin cumplir el requisito de tener domicilio en Colonia”.
Una de las pruebas fue el incumplimiento de una resolución judicial que dispuso intimar a la Intendencia para que en un plazo de 10 días informara el listado de gestores autorizados, domicilios de algunas arrendadoras de vehículos.
Ante el incumplimiento de la intimación, el caso pasó a manos de la Fiscal Dra. Darviña Viera, quien se expidió efectuando un racconto de las denuncias, elementos de prueba, conclusiones y calificación jurídica, considerando que existen elementos de convicción suficientes para imputar al entonces director de Hacienda de la comuna de Colonia, José Aunchaín, por la comisión de un Delito Continuado de Abuso de Funciones en los casos no previstos por la ley y un Delito Continuado de Falsificación Ideológica por funcionario público, en reiteración real, en calidad de autor.
En tanto respecto del intendente departamental Walter Zimmer se darían las mismas conclusiones primarias para solicitar el enjuiciamiento por la comisión de un Delito Continuado de Abuso de Funciones en los casos no previstos por la ley.
El 17 de abril de 2013 el Intendente Walter Zimmer (médico cirujano de 65 años de edad), presentó el listado de gestores habilitados y domicilios requeridos en el momento de efectuada la denuncia en el 2010. La Justicia ordenó la citación de los denunciados. En ese momento, tanto Zimmer como su director de Hacienda, José Aunchaín, designaron nuevos defensores, que opusieron excepción de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones.
Por tal motivo fue suspendido el procedimiento para elevar el caso a la Suprema Corte de Justicia. Una vez esto, los Ministros de la Corte el 19 de febrero de este año, por unanimidad desestimaron la excepción de inconstitucional y dijeron que la investigación penal siguiera adelante.
Hubo una audiencia a fines de febrero para darles la oportunidad de formular más descargos. La Defensa de Zimmer consideró “que respecto del empadronamiento fuera del 31 de diciembre de 2007 ni ordenó, ni cometió acto alguno, el que además no puede ser considerado arbitrario, ya que la decisión fue tomada por el Contador Aunchaín, siendo imposible para el Intendente controlar todo el funcionamiento del organismo y considerando además que la demanda de los contribuyentes exigía esa respuesta y no otra que de todas formas le hubiera ocasionado perjuicios a la Intendencia, máxime cuando no hubo perjuicio para la Administración, sino un incremento de recaudación”.
“Tampoco considera cierto que se haya exigido a los re-empadronadores el pago doble de las patentes en la Comuna de origen y en la de Colonia. Respecto de la exoneración del 50% de la patente a empresas arrendadoras de vehículos sin chofer y la situación de los gestores habilitados por la Intendencia para implementar el trámite si no hubo controles efectivos corresponde a los Jerarcas respectivos o Auditores responder por las irregularidades”.
Por su parte la Defensa del director de Hacienda, estimó que “el encuadre “Guerra de las Patentes” explica la solución arribada de tomar como fecha valor del empadronamiento una diversa de la real, problema que recién fue resuelto por ley 18.860 al establecer el “Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares” y que las denuncias planteadas obedecen a cobro de viejas cuentas”.
“Respecto del abuso innominado de funciones, considera que no hubo abuso del cargo, ni acto arbitrario o fines espurios, sino que se favoreció a la Administración en su recaudación y a los contribuyentes en los beneficios resultantes de un monto de patente notablemente inferior respecto de las demás Comunas, quienes se presentaron en número cercano al millar a efectuar el trámite el 31 de diciembre, dentro del plazo establecido”.
Pero la Jueza Ginares dijo en su dictamen que “el abuso innominado de funciones se define por la conducta del funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares. Y tratándose de varias infracciones a las mismas leyes penales, cometidas en diversos momentos, se considera un solo delito continuado”.
“Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos”. Los artículos 119 y 121 del TOCAF establecen responsabilidades administrativas en materia financiero contable en forma mancomunada o solidaria. No resulta justo que el Director de Hacienda sea procesado con prisión por hechos que habría cometido con conocimiento y sin objeciones (previas, concomitantes y/o posteriores) de quien le colocó en posición de poder hacerlos”.
Tras esto, decretó el enjuiciamiento con prisión de Walter Zimmer y de José Aunchaín imputándoles “un delito continuado de abuso innominado de funciones para ambos y además el segundo también se le suma un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público”.
En un hecho inédito, la Justicia procesó con prisión a un Intendente en funciones. Ocurrió ayer en Colonia con el caso del jefe comunal de aquel departamento, el nacionalista Walter Zimmer, y el director de Hacienda de la comuna, José Aunchaín. El caso es referido al empadronamiento de automóviles de otros departamentos en esa Intendencia en el 2008, cuando la autorización de la Junta los habilitaba hacerlo hasta el 2007.
Tanto Zimmer como Aunchaín dijeron que obraron en beneficio de la administración y de los contribuyentes, pero la Justicia entendió lo contrario. EL PUEBLO, accedió a la sentencia interlocutoria a través de la Suprema Corte de Justicia y presentamos un resumen de la misma.
RELACIÓN DE
LOS HECHOS
Las actuaciones estuvieron en manos de la jueza penal de 1º Turno, Virginia Ginares y de la Fiscal Darviña Viera. Todo comenzó el 26 de mayo de 2010, cuando en representación de la Intendencia de Colonia fue presentada una denuncia penal contra el entonces reelecto intendente (aún sin entrar en funciones) Walter Zimmer y el entonces y actual director de Hacienda, José Aunchaín.
“Los hechos referían al empadronamiento de vehículos en enero de 2008 haciendo figurar como fecha del acto el 31 de diciembre de 2007, la falta de controles de la intendencia en la entrega de matrículas a gestores algunas de las cuales fueron devueltas con perforaciones como si hubieren sido utilizadas ilegalmente, el pago de sobresueldos a funcionarios municipales que gestionaban proyectos de cooperación internacional, incluída la concubina del Sr. Intendente, con rendiciones de cuentas que no correspondían a las erogaciones efectuadas y cobros de saldos de cuentas cuando el Sr. Intendente se estaba retirando para iniciar campaña por su nueva candidatura y la existencia de varias empresas de arrendamiento de vehículos sin chofer que accedían a empadronarlos sin cumplir el requisito de tener domicilio en Colonia”.
Una de las pruebas fue el incumplimiento de una resolución judicial que dispuso intimar a la Intendencia para que en un plazo de 10 días informara el listado de gestores autorizados, domicilios de algunas arrendadoras de vehículos.
Ante el incumplimiento de la intimación, el caso pasó a manos de la Fiscal Dra. Darviña Viera, quien se expidió efectuando un racconto de las denuncias, elementos de prueba, conclusiones y calificación jurídica, considerando que existen elementos de convicción suficientes para imputar al entonces director de Hacienda de la comuna de Colonia, José Aunchaín, por la comisión de un Delito Continuado de Abuso de Funciones en los casos no previstos por la ley y un Delito Continuado de Falsificación Ideológica por funcionario público, en reiteración real, en calidad de autor.
En tanto respecto del intendente departamental Walter Zimmer se darían las mismas conclusiones primarias para solicitar el enjuiciamiento por la comisión de un Delito Continuado de Abuso de Funciones en los casos no previstos por la ley.
El 17 de abril de 2013 el Intendente Walter Zimmer (médico cirujano de 65 años de edad), presentó el listado de gestores habilitados y domicilios requeridos en el momento de efectuada la denuncia en el 2010. La Justicia ordenó la citación de los denunciados. En ese momento, tanto Zimmer como su director de Hacienda, José Aunchaín, designaron nuevos defensores, que opusieron excepción de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones.
Por tal motivo fue suspendido el procedimiento para elevar el caso a la Suprema Corte de Justicia. Una vez esto, los Ministros de la Corte el 19 de febrero de este año, por unanimidad desestimaron la excepción de inconstitucional y dijeron que la investigación penal siguiera adelante.
Hubo una audiencia a fines de febrero para darles la oportunidad de formular más descargos. La Defensa de Zimmer consideró “que respecto del empadronamiento fuera del 31 de diciembre de 2007 ni ordenó, ni cometió acto alguno, el que además no puede ser considerado arbitrario, ya que la decisión fue tomada por el Contador Aunchaín, siendo imposible para el Intendente controlar todo el funcionamiento del organismo y considerando además que la demanda de los contribuyentes exigía esa respuesta y no otra que de todas formas le hubiera ocasionado perjuicios a la Intendencia, máxime cuando no hubo perjuicio para la Administración, sino un incremento de recaudación”.
“Tampoco considera cierto que se haya exigido a los re-empadronadores el pago doble de las patentes en la Comuna de origen y en la de Colonia. Respecto de la exoneración del 50% de la patente a empresas arrendadoras de vehículos sin chofer y la situación de los gestores habilitados por la Intendencia para implementar el trámite si no hubo controles efectivos corresponde a los Jerarcas respectivos o Auditores responder por las irregularidades”.
Por su parte la Defensa del director de Hacienda, estimó que “el encuadre “Guerra de las Patentes” explica la solución arribada de tomar como fecha valor del empadronamiento una diversa de la real, problema que recién fue resuelto por ley 18.860 al establecer el “Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares” y que las denuncias planteadas obedecen a cobro de viejas cuentas”.
“Respecto del abuso innominado de funciones, considera que no hubo abuso del cargo, ni acto arbitrario o fines espurios, sino que se favoreció a la Administración en su recaudación y a los contribuyentes en los beneficios resultantes de un monto de patente notablemente inferior respecto de las demás Comunas, quienes se presentaron en número cercano al millar a efectuar el trámite el 31 de diciembre, dentro del plazo establecido”.
Pero la Jueza Ginares dijo en su dictamen que “el abuso innominado de funciones se define por la conducta del funcionario público que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares. Y tratándose de varias infracciones a las mismas leyes penales, cometidas en diversos momentos, se considera un solo delito continuado”.
“Los funcionarios públicos deberán observar estrictamente el principio de probidad, que implica una conducta funcional honesta en el desempeño de su cargo con preeminencia del interés público sobre cualquier otro. El interés público se expresa en la satisfacción de necesidades colectivas de manera regular y continua, en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en el desempeño de las atribuciones y obligaciones funcionales, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos”. Los artículos 119 y 121 del TOCAF establecen responsabilidades administrativas en materia financiero contable en forma mancomunada o solidaria. No resulta justo que el Director de Hacienda sea procesado con prisión por hechos que habría cometido con conocimiento y sin objeciones (previas, concomitantes y/o posteriores) de quien le colocó en posición de poder hacerlos”.
Tras esto, decretó el enjuiciamiento con prisión de Walter Zimmer y de José Aunchaín imputándoles “un delito continuado de abuso innominado de funciones para ambos y además el segundo también se le suma un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público”.






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