“Esperamos un cambio de mentalidad para que se vea a la defensa pública como un servicio de garantías esenciales”

Con la Dra. Adriana Berezán, presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay 

Crítica, analítica y realista, así es la Dra. Adriana Berezán, presidente de la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay quien puso énfasis en que los abogados que componen esa repartición del Estado son “la puerta de entrada al sistema de justicia” para el ciudadano, porque tienen deber de asistir a todas las personas, tengan el poder adquisitivo que tengan.

Dra. Adriana Berezán primera en la mesa a la izquierda del lector

Dra. Adriana Berezán primera en la mesa a la izquierda del lector

Si bien al abogado de oficio o defensor público, siempre se le conoció como el “abogado de los pobres”, porque su actuación la paga el Estado, Berezán explicó que su existencia obedece al derecho de la población a contar con asistencia letrada, sin importar la capacidad económica de las personas.
Berezán estuvo en Salto días pasados, en el marco de las jornadas sobre el sistema carcelario que organizó la oficina del Comisionado Parlamentario en conjunto con la Unidad Nº20 del Instituto Nacional de Rehabilitación de Salto.
En esa oportunidad dialogó con EL PUEBLO y comentó cómo incidirá en los próximos tiempos el nuevo proceso penal en el trabajo de los defensores de oficio.
-¿Por qué al defensor de oficio o defensor público, se le conoce como el defensor de los pobres y especialmente al que acuden la mayoría de las personas que ya están presas?
-Al defensor público o de oficio, siempre se lo conoció como el defensor de los pobres. Pero en materia penal el defensor público tiene la obligación de atender a todo el mundo, sin importar los recursos económicos que esa persona tenga. Lo que pasa es que lamentablemente la mayoría de las personas que están hoy en reclusión o que cometen un delito, son de escasos recursos. Pero creo que hubo o al menos estamos pretendiendo que haya, un cambio para que se vea a la defensa pública, como un servicio de garantías esenciales.
Primero eso está en la Constitución de la República porque allí estamos designados a texto expreso, la Corte Interamericana a través de muchas resoluciones reivindica la defensa pública oficial, así la llaman, además hay resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) donde convocan a los estados partes a reforzar las instituciones de defensa pública oficial, porque somos la garantía del acceso a la justicia.
La norma básica del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica del año 1969, al que Uruguay suscribió, establece que ‘el que no pueda o no quiera tener un abogado de particular confianza, el Estado debe proveerle uno’. Uruguay en la región es uno de los países que tiene la defensa pública más antigua. Nosotros tenemos defensa pública desde la época de la colonia (española) donde se le designaba ya a los condenados para cumplir la condena, pero después desde que se creó la (Suprema) Corte (de Justicia) desde 1910 para acá, la defensa fue generando en más ámbitos, ahora también hay en Familia, en materia especializada como es Violencia Doméstica, etc”.
Pero agregó que la normativa internacional “viene empujando a que el Uruguay visualice la defensa pública como una institución más fuerte. Nosotros dependemos hoy del Poder Judicial. Somos una oficina del Poder Judicial y este que tiene hoy como prioridad absoluta el estar para los jueces, no ha marcado una política de defensa pública, porque nosotros deberíamos tener una política específica para que la gente acceda a nosotros. Las defensorías públicas solamente el 20 % de lo que hacen es materia penal, el resto son distintos procesos de otras materias y sin embargo es la materia por la que más se nos conoce, porque en esos casos lo que se pierde es la libertad y porque quien está del otro lado es una víctima.
-En el sistema penal el 80 % por ciento de los reclusos no tienen condena y en su absoluta mayoría los mismos son representados por defensores públicos, entonces más que las características del proceso hasta dónde incide el factor de que esos presos la defensa que tengan sea pública?
Bueno juegan un poco las características del actual proceso, pero también el hecho de que pueda haber falta de recursos humanos para atender todos los casos que se presentan de una forma más rápida. Pero ahora para esta instrumentación del nuevo Código del Proceso Penal, se crearon para el 2017 en total para todo el país 57 cargos nuevos, la Corte pensó que se precisaban 100 y esa era la idea, pero supongo que hubo un tema financiero en el medio y ahora son menos.
En esta rendición de cuentas la Suprema Corte solamente solicitó la creación de cuatro cargos para Familia Especializada en Montevideo, pero esta nueva estructura procesal va a reclamar muchísimo más.
Porque hoy, más allá de la presión de estar de turno, podes adelantar trabajo desde tu casa, podes estudiar, hacer escritos, pero ahora deberemos trabajar en equipos, porque las resoluciones son en audiencia y en el momento, y no es para que vayas a improvisar ni en un interrogatorio ni para que vayas se solicitar una prueba por si acaso, porque habrá que trabajar en equipo con un grupo de gente pensante y otro de apoyo atrás, por lo cual yo estoy convencida que nos faltan muchísimos técnicos y evidentemente que no habrá creación de cargos nuevos hasta la próxima rendición de cuentas que será el año que viene con vigencia 2019.
El ser pocos es algo que siempre lo hemos manejado, pero el hecho es hasta dónde podremos seguir trabajando a demanda, porque llegará un momento en el que no podes estar y tampoco te podes clonar para estar en las audiencias y prestar la asistencia debida de la representación letrada, pero este dilema creo que se va a sentir mucho más en el interior del país que en la capital, estoy segura de que se va a ver mucho más por la falta de funcionarios que se tienen. Porque de alguna manera Montevideo está más fortalecido porque al haber un mayor número de defensores, siempre hay alguien que va a estar tapando el agujerito, en el interior no, porque la mayoría de los defensores que se van a seguir sacrificando son en general los que atienden las otras materias, los que a su vez están desbordados. Y sé que en el interior en algunos lugares se va a hacer agua.
-¿Por qué no se ha creado el Centro de Atención a la Víctima del Delito que crea la ley de humanización del sistema carcelario en el año 2005?
-Bueno ahora con el nuevo proceso penal la víctima cobra un rol importante, va a poder participar del proceso, tiene derecho a ofrecer pruebas, tiene derecho a aceptar algunas partes del proceso, tiene derecho a pedirle a la fiscalía que le dé algunas medidas de protección personales para sí y para su familia. Tiene derecho a pedirle a la fiscalía que le dé medidas de protección económica como el trabar un embargo sobre el victimario, pero siempre con patrocinio de defensa.
Entonces el Código dice que para las víctimas de escasos recursos, estos serán patrocinados por defensa pública, y también le habilita a que la Corte haga convenios con otros organismos para que hagan asistencia gratuita, cualquier convenio que haga el Poder Judicial para asistencia gratuita tiene que poner plata, porque nadie hace un convenio gratis, y hasta ahora no han podido formalizar convenios con nadie.
Por ahora la víctima va a ser responsabilidad de la defensa pública también y para ese rol no se han creado los cargos tampoco, así que hubo que pensar en sacrificar cargos en defensores penales para poder asistir a esa víctima, porque el mismo defensor en el juicio penal del victimario no puede ser defensor de la víctima y si esta va a querer comparecer en el juicio, va a necesitar defensa y a esa hay que crearla.
Entrevista de Hugo Lemos

 







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