Ex trabajadores de Salto Grande “están jugados” a que la ley de presupuesto contemple sus aspiraciones

Ex trabajadores de Salto Grande “están jugados” a que la ley de presupuesto contemple sus aspiraciones

Foto: Wilson Niz, dirigiéndose a la concurrencia la semana anterior en Plaza Artigas.

40 millones de dólares es el monto aproximado del reclamo de 2568 obreros.

Francisco Pablo Fernández, integrante del “Grupo de Apoyo, Continuidad y Trabajo por reclamo de los derechos adquiridos por los Ex Trabajadores de Salto Grande”, en diálogo con EL PUEBLO expresó que el reclamo está en el ámbito del Ministerio de Economía. Haciendo una comparación con un partido de fútbol indicó que “no es necesario salir del arco para definir el partido, la pelota está en el área chica, es decir que está en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”. Los ex trabajadores “estamos jugados a que la solución esté contemplada en la ley de presupuesto quinquenal que entra a estudio del Parlamento Nacional el próximo 31 de agosto “. Tienen basadas esperanzas de que su planteo se incluya en dicho proyecto de ley ya que “los legisladores de Salto tienen una reunión con el Ministro de Economía en esta semana para ver si se incluye dentro de dicha norma esta situación”. Fernández expresó que se trata de 2568 operarios ex trabajadores de Salto Grande que se anotaron y que están en el Banco de Previsión Social con la anuencia del trabajo que hizo el grupo de (Ruben) Layes. Manifestó que “el grupo de Layes luchó por las empresas conexas, por Palmar, pero nosotros solamente estamos peleando por la gente de Salto Grande, y constituimos este nuevo grupo que se fortalece mucho en el grupo anterior, no es que lo dejemos de lado o algo por el estilo, lo tenemos como referente”.

RECLAMO TOTAL  APROXIMADO DE 40 MILLONES DE DÓLARES

Sintéticamente explicó el integrante del grupo que “el Contrato SG-01 fue con la constructora Salto Grande, y uno de los ítem establecía que lo mejor en leyes laborales de un país iba a ser aplicado en beneficio de los obreros del otro país, por lo que se aplicaría la norma más favorable. La realidad marcó siempre que los trabajadores argentinos en materia laboral tuvieron mejores condiciones que nosotros, y en ese sentido cobraron el despido, las horas extras y los francos compensatorios, que en nuestra ley no existe. Nosotros de eso no cobramos nada, ya que en el gobierno de turno de aquella época se determinó que a los obreros uruguayos no se les pagara, y que se conformaran con el seguro de paro”. Luego de la vuelta a la democracia no se nos ha reconocido los derechos justos que reclamamos. Indicó que en esta legislatura el diputado Goñi presentó un proyecto de ley (ingresado el 11 de mayo de 2010) a estudio de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Representantes que pretende contemplar la situación tanto de Salto Grande como de Palmar (Soriano), proyecto que la anterior legislatura no aprobó. Dicho proyecto establece que “percibirán una pensión especial reparatoria equivalente de 36 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC) por cada año de vinculación laboral, con un máximo de cinco años. Las mismas serán abonadas, un 50% en un pago inicial, y el saldo a razón de 3 BPC mensuales”. Asimismo establece que “en caso de fallecimiento del beneficiario de esta pensión especial reparatoria su cónyuge o concubino y/o concubina “more uxorio” y sus hijos, podrán ejercer derechos de causahabiente, y que los gastos que genere la presente ley sean atendidos por Rentas Generales”.El monto aproximado, estima Fernández sería de 40 millones de dólares, y si se incluye a las empresas conexas o a la gente de Palmar sería en el entorno de 60 millones de dólares. Pero si el Poder Ejecutivo no contempla las aspiraciones económicas que propone el proyecto de ley antedicho, y dispone menos “se instrumentará en función de la erogación que considere el mismo, por eso no tenemos problemas”. Hay dos vías: una por el parlamento a través del proyecto presentado y otra es que se contemple en la próxima norma presupuestal. “En última instancia, si no se puede contemplar la totalidad de nuestro justo reclamo, nosotros preferimos ceder un poco en nuestras pretensiones y recibir lo que se proponga”.







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