Fiscal de Corte cree que futuro del delito de abuso de funciones es decisión política que corresponde al parlamento

“El delito de abuso innominado de
funciones existe desde el año 1934 y ha sido duramente cuestionado por la doctrina penalista. La decisión de si al delito se lo mantiene o se lo deroga es de política criminal que tiene que tomar el legislador, de hecho han existido y existen proyectos en el parlamento para su derogación”, dijo el Fiscal de Corte.
Sostuvo que el primero en querer derogar este delito fue el entonces senador colorado y expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, aunque la iniciativa no prosperó, pero en la actual legislatura la misma intención la tuvo el senador de Alianza Nacional, del Partido Nacional, y exintendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, y como cuando finaliza una legislatura y el proyecto de ley no fue aprobado, para que en la próxima la misma iniciativa tenga estado parlamentario hay que ingresarla nuevamente.
Aunque actualmente, el Dr. Jorge Díaz. informó que en el nuevo proyecto de Código Penal el delito de abuso de funciones quedaría derogado. Indicó que desde el punto de vista técnico hay tres posibilidades para la variabilidad de la figura delictiva “dejarlo como está, introducirle modificaciones y reformarlo, o derogarlo”.
Señaló que el tipo penal del abuso de funciones “es muy abierto” y es entonces cuando el mismo “comprende a un montón de situaciones”, por eso Díaz opina que si el mismo se deja “hay que acotarlo”.
Argumentó que si bien nuestro país ha adherido a convenciones internacionales tanto de la OEA como de la ONU, sobre políticas anticorrupción, los convenios internacionales recomiendan al Estado tipificar un delito de abuso de funciones en su ordenamiento jurídico, pero como es una “recomendación y no es una obligación, Uruguay podría derogarlo o modificarlo, y estaría en línea con la convención o podría dejarlo como está, pero eso es una definición política que debería tomar el parlamento”.
LEY DE FALTAS
En otro orden, el Fiscal de Corte, dijo que a su juicio la ley de faltas que fue sancionada recientemente y que estuvo en el ojo de la tormenta ya que se cuestionó la constitucionalidad de la misma, “el artículo que establece que debe haber una instancia única y que no es susceptible de apelación, es inconstitucional”.
Para esto, Díaz se apoya en el Pacto de San José de Costa Rica de 1969 que fue ratificado por nuestro país, donde se establece que debe haber un debido proceso legal y si bien nuestra Constitución no las especifica y la doctrina sí lo hace, dijo que fue la Corte la que entendió que la doble instancia, o sea la doble oportunidad que tiene una persona de ser juzgado por un mismo hecho en un mismo procedimiento legal, no estaba especificado y por lo tanto no era necesario hacerlo con el proceso de la ley de faltas.
“Pero todos los derechos humanos consagrados por el país integran la Constitución de la República por vía del artículo 72, que dice que todos los derechos enumerados anteriores son sin perjuicio de los inherentes a la persona humana y allí van todos los derechos humanos. Y el pacto de San José de Costa Rica dice que no para cualquier tipo de procesos pero sí para los procesos penales que el imputado tiene derecho a recurrir su sentencia ante un tribunal superior. Entonces la doble instancia debe estar consagrada en la ley de faltas”, fundamentó el Fiscal de Corte, Jorge Díaz.
Empero, señaló que si bien esa fue su postura, la Suprema Corte de Justicia plantea lo contrario y entonces cree que la misma es constitucional y “mientras siga esta integración, la jurisprudencia va a ser la misma, por lo tanto, no tiene sentido seguir discutiendo esto ahora, quizás sí más adelante”.
Por otro lado, el máximo jerarca del Ministerio Público y Fiscal de nuestro país dijo que prefiere “no arriesgar plazos” para la aprobación del nuevo proceso penal, ya que si bien ahora estamos en tiempos electorales, es difícil que el parlamento lo apruebe. Y en ese caso, el mismo se vería aplazado algunos años.
“No me animo a marcar tiempos en la aprobación del nuevo proceso penal, pero creo que deberían darnos tiempo en la preparación de toda su implementación, con nuevos recursos humanos y materiales, así como con nueva infraestructura, con la finalidad de que cuando se aprueben los recursos para instrumentar los cambios que promueve el proceso penal nuevo, ya sabemos en qué gastarlos, lo hagamos y después de eso pongamos en funcionamiento el sistema, porque no tiene sentido”, dijo.
Díaz también se refirió a que en el caso de que se llegue a incrementar el número de juzgados penales en Salto, tal como lo dijo a EL PUEBLO el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, quien por la cantidad de casos que se están dilucidando en las dos sedes penales actuales, dijo que debería duplicarse el número de juzgados de esa materia. El jerarca del Ministerio Público también entiende que tendría que acompasarse esa medida con “un aumento del número de fiscales, no así de las fiscalías”.
“Tendríamos que tener más fiscales para que se pueda cumplir con todas las actuaciones, de lo contrario no podríamos cumplir bien nuestro trabajo”, dijo.

“El delito de abuso innominado de funciones existe desde el año 1934 y ha sido duramente cuestionado por la doctrina penalista. La decisión de si al delito se lo mantiene o se lo deroga es de política criminal que tiene que tomar el legislador, de hecho han existido y existen proyectos en el parlamento para su derogación”, dijo el Fiscal de Corte.

Sostuvo que el primero en querer derogar este delito fue el entonces senador colorado y expresidente de la República, Julio María Sanguinetti, aunque la iniciativa no prosperó, pero en la actual legislatura la misma intención la tuvo el senador de Alianza Nacional, del Partido Nacional, y exintendente de Tacuarembó, Eber da Rosa, y como cuando finaliza una legislatura y el proyecto de ley no fue aprobado, para que en la próxima la misma iniciativa tenga estado parlamentario hay que ingresarla nuevamente.

Aunque actualmente, el Dr. Jorge Díaz. informó que en el nuevo proyecto de Código Penal el delito de abuso de funciones quedaría derogado. Indicó que desde el punto de vista técnico hay tres posibilidades para la variabilidad de la figura delictiva “dejarlo como está, introducirle modificaciones y reformarlo, o derogarlo”.

Señaló que el tipo penal del abuso de funciones “es muy abierto” y es entonces cuando el mismo “comprende a un montón de situaciones”, por eso Díaz opina que si el mismo se deja “hay que acotarlo”.

Argumentó que si bien nuestro país ha adherido a convenciones internacionales tanto de la OEA como de la ONU, sobre políticas anticorrupción, los convenios internacionales recomiendan al Estado tipificar un delito de abuso de funciones en su ordenamiento jurídico, pero como es una “recomendación y no es una obligación, Uruguay podría derogarlo o modificarlo, y estaría en línea con la convención o podría dejarlo como está, pero eso es una definición política que debería tomar el parlamento”.

LEY DE FALTAS

En otro orden, el Fiscal de Corte, dijo que a su juicio la ley de faltas que fue sancionada recientemente y que estuvo en el ojo de la tormenta ya que se cuestionó la constitucionalidad de la misma, “el artículo que establece que debe haber una instancia única y que no es susceptible de apelación, es inconstitucional”.

Para esto, Díaz se apoya en el Pacto de San José de Costa Rica de 1969 que fue ratificado por nuestro país, donde se establece que debe haber un debido proceso legal y si bien nuestra Constitución no las especifica y la doctrina sí lo hace, dijo que fue la Corte la que entendió que la doble instancia, o sea la doble oportunidad que tiene una persona de ser juzgado por un mismo hecho en un mismo procedimiento legal, no estaba especificado y por lo tanto no era necesario hacerlo con el proceso de la ley de faltas.

“Pero todos los derechos humanos consagrados por el país integran la Constitución de la República por vía del artículo 72, que dice que todos los derechos enumerados anteriores son sin perjuicio de los inherentes a la persona humana y allí van todos los derechos humanos. Y el pacto de San José de Costa Rica dice que no para cualquier tipo de procesos pero sí para los procesos penales que el imputado tiene derecho a recurrir su sentencia ante un tribunal superior. Entonces la doble instancia debe estar consagrada en la ley de faltas”, fundamentó el Fiscal de Corte, Jorge Díaz.

Empero, señaló que si bien esa fue su postura, la Suprema Corte de Justicia plantea lo contrario y entonces cree que la misma es constitucional y “mientras siga esta integración, la jurisprudencia va a ser la misma, por lo tanto, no tiene sentido seguir discutiendo esto ahora, quizás sí más adelante”.

Por otro lado, el máximo jerarca del Ministerio Público y Fiscal de nuestro país dijo que prefiere “no arriesgar plazos” para la aprobación del nuevo proceso penal, ya que si bien ahora estamos en tiempos electorales, es difícil que el parlamento lo apruebe. Y en ese caso, el mismo se vería aplazado algunos años.

“No me animo a marcar tiempos en la aprobación del nuevo proceso penal, pero creo que deberían darnos tiempo en la preparación de toda su implementación, con nuevos recursos humanos y materiales, así como con nueva infraestructura, con la finalidad de que cuando se aprueben los recursos para instrumentar los cambios que promueve el proceso penal nuevo, ya sabemos en qué gastarlos, lo hagamos y después de eso pongamos en funcionamiento el sistema, porque no tiene sentido”, dijo.

Díaz también se refirió a que en el caso de que se llegue a incrementar el número de juzgados penales en Salto, tal como lo dijo a EL PUEBLO el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, quien por la cantidad de casos que se están dilucidando en las dos sedes penales actuales, dijo que debería duplicarse el número de juzgados de esa materia. El jerarca del Ministerio Público también entiende que tendría que acompasarse esa medida con “un aumento del número de fiscales, no así de las fiscalías”.

“Tendríamos que tener más fiscales para que se pueda cumplir con todas las actuaciones, de lo contrario no podríamos cumplir bien nuestro trabajo”, dijo.