Funcionarios judiciales en conflicto dispuestos a llevar el conflicto a la Comisión Interamericana de DD.HH.

EL PUEBLO dialogó con la funcionaria judicial Rosa de los Santos, quien nos informó al respecto de las decisiones adoptadas en la última Asamblea que llevó a cabo en Montevideo la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), referentes al conflicto que mantienen con el Poder Judicial, por el no pago de una deuda que tienen a su favor desde el 2011 y la readecuación salarial del sector.
¿Se avizora una solución al conflicto?
La verdad es que no sabemos qué es lo que va a pasar; lo que nosotros pretendemos por lo menos, y lo que se reafirmó en la asamblea del jueves, fue lo que se resolvió en la realizada el 8 de febrero, que es rechazar la propuesta efectuada por el Poder Ejecutivo, dado que la moción ganadora lo que pide es ir por un 100% de la readecuación salarial, recordando que por sentencia tenemos ganado un 21, 6% de un aumento que se tuvo que haber dado en 2011, y por lo cual fuimos a más de un juicio, logrando dos inconstitucionalidades a nuestro favor.
Lo que los funcionarios pretendemos, es lo que la Asamblea reafirmó de acuerdo a la sentencia mencionada, que es la readecuación salarial a partir de ahora, y la retroactividad que sería desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2016.
¿Por lo tanto se abre la puerta al diálogo?
Bueno, la idea es abrir caminos para llegar a un acuerdo en el cual ver cómo se puede pagar lo adeudado; pero lo que también es más importante, es lograr la readecuación salarial, esperando que sea realmente salario y no una partida como lo había propuesto el Poder Ejecutivo y a o cual le dijimos que no, y que vayan al sueldo como corresponde, con los descuentos de montepío y del BPS.
¿Se tomarán medidas en caso de que no haya receptividad por parte del Poder Ejecutivo?
En ese caso se tomarían una serie de medidas anunciadas en la Asamblea, las que serán estudiadas por un Comité que se conformará al respecto, pero una de las medidas que se podría tomar, es el freno al comienzo de la aplicación del nuevo CPP (Código del Proceso Penal), que arrancaría el 17 de julio de este año; a la que paulatinamente se le irían sumando otras.
La Suprema Corte de Justicia ha sido muy cautelosa al momento de referirse al tema, ¿los funcionarios judiciales cómo toman esa actitud?
Justamente, uno de los puntos discutidos y que está en la moción aprobada en la última asamblea, es solicitarle a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que en realidad es quien nos debe, es el demandado, que se involucre más políticamente, tratando de conseguir el pago primero de la readecuación salarial y después de la deuda; creemos que no se ha involucrado demasiado como se debería, si bien sus integrantes han manifestado algunas opiniones pero de manera muy liviana.
En caso de que se pare el funcionamiento de la Justicia, digámoslo así, ¿es posible que se decrete la esencialidad o estamos ante un conflicto de potestades al tratarse de dos Poderes del Estado distintos?
Ese asunto lo tiene debajo de la manga el Poder Ejecutivo, ya que son quienes pueden hacerlo, como hicieron ahora con Inumet, o que en realidad escapa a nuestras posibilidades. De todas maneras, la lucha la vamos a dar y ellos harán la suya desde su lado; tendremos que ver con nuestros asesores jurídicos el alcance y la factibilidad de una instancia así y si no choca con potestades de otro Poder del Estado.
Todavía el tema no se ha planteado, pero puede surgir y tendríamos que estar preparados.
¿Cuántas mociones hubo?
Al principio se presentaron 15 mociones, las que más o menos iban todas por la misma línea, si bien algunas pedían presentar otro tipo de propuestas al Poder Ejecutivo, como pagar un 85%, la readecuación en dos años; lo que se hizo fue pasar a un cuarto intermedio de un poco más de 20 minutos, para unificar mociones, de las que al final quedaron solamente 6, y de estas la que le mencioné, que obtuvo unos 510 votos a favor.
¿A corto plazo cómo continúa el conflicto?
La primera medida a tomar será en los primeros días de marzo, donde se realizará una marcha a nivel nacional, que tendrá como fin llegar hasta el Ministerio de Trabajo (MTSS) y al de Economía (MEF), llevando a las autoridades la propuesta votada en la Asamblea; y en el caso de que nos contesten que no, de no prosperar el reclamo al Poder Ejecutivo, se denunciará el incumplimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo como plazo máximo el 20 de marzo,
Se ve muy unido al funcionariado y comprometido con la causa, por lo menos es lo que observamos de la concurrencia a dichas asambleas, ¿es así?
La verdad es que, tanto esta última, como la anterior del 8 de febrero que fue más concurrida, tuvieron un fuerte respaldo de los funcionarios a nivel nacional, en comparación a lo que son las habituales asambleas de la Asociación.
También se trató el asunto de las elecciones, ¿a qué resolución llegaron?
El actual Consejo Directivo de AFJU, propuso a la Asamblea adelantar las elecciones, moción que no prosperó, y que por lo tanto deja estable la fecha marcada para que se realicen las elecciones como se hacen normalmente, en el mes de agosto, como está establecido estatutariamente.
ALGUNAS DE LAS
DECISIONES ADOPTADAS Y A ADOPTAR
Acción Política:
-Que se utilicen los fondos ofrecidos y por tanto disponibles y presupuestados y se dé de inmediato cumplimiento a la adecuación salarial (21,6%).
-Cumplido esto, se abran los espacios de diálogo a efectos de abordar una solución consensuada respecto a lo adeudado.
-Realizar una conferencia de prensa donde se explique cabalmente la situación actual del conflicto.
-Convocar a una marcha nacional al MTSS a efectos de acompañar la presentación de la propuesta en los primeros días de marzo.
-Confirmar el conflicto, anunciando a la prensa el comienzo de medidas.
-Comenzar una acción política referente a la designación de Fiscal y denunciar la estrategia del Ejecutivo referente a trancar la resolución de la inconstitucionalidad del art. 733, realizando un paro general de 24 hs. con marcha a Presidencia y al MEC.
-Exigirle a la Central Obrera PIT-CNT, que se pronuncie públicamente a favor del conflicto entablado con el PE y la flagrante violación del Estado de Derecho en Uruguay.
-Solicitar al Demandado SCJ, mayor protagonismo y gestión frente al PE coordinando a su vez que los descuentos por medidas sean dirigidos a la deuda que mantienen con los funcionarios(…)
Demanda Internacional
-Implementar por intermedio de AFJU y su equipo de asesores la denuncia internacional a la brevedad, dejando a su vez en libertad a los afiliados que deseen, hacerlo con otro profesional, fijar fecha límite el 20/3/2017 para presentar, salvo que respondan afirmativo.
Otras medidas:
-Crear una comisión de estudio de medidas, referente al nuevo CPP y CPA así como otras medidas.