Funcionarios judiciales esperan con expectativa una pronta solución a su conflicto salarial, el martes habrá otra reunión

Los funcionarios judiciales esperan llegar pronto a una solución a su conflicto que mantienen contra el Estado por diferencias salariales, del cual cuentan con una sentencia firme en segunda instancia que los avala a exigir el pago.
Jesús Nasario, integrante del gremio de AFJU (Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay), explicó a EL PUEBLO las últimas novedades de este conflicto que ya lleva varios años.
“Se dio lo que esperábamos, que (el gobierno) se iba a colgar del art. 733 que sigue siendo inconstitucional y todavía se está estudiando y esperando que algún Fiscal asuma la competencia para tratar su inconstitucionalidad”, comenzó diciendo el gremialista.
El 733, es un artículo del presupuesto del Poder Ejecutivo que modifica el art. 400 del CGP que había sido modificado por la ley 19310 que al ser declarada inconstitucional en algunos artículos lo volvió a dejar plenamente vigente.
Cuando se hace el presupuesto de Tabaré Vázquez para el período 2015-2020 incluyen el art. 733 que vuelve a modificar el art. 400 del CGP. “En esta nueva modificación se establece que los créditos que los litigantes tengan contra el Estado y cuenten con sentencia laudada favorable será paga en la instancia presupuestal siguiente, que para mí es la próxima Rendición de Cuentas, y como año a año se pueden hacer ajustes a ese presupuesto que es quinquenal, nosotros podemos conseguir algo”, explicó el funcionario judicial.
“Yo creo que se puede pagar en el 2018, donde se dijo que se adherían al 733 y se estaba viendo cómo proveer los créditos, incluso se iba a hacer efectivo el pago de la deuda contraída con los funcionarios”, agregó.
Sin embargo, lo que más preocupa a Nasario es que el gobierno no “aggiornó” que la condena futura que se mantuvo en segunda instancia es para completar el porcentaje (de los salarios de los judiciales) que en algunos casos es del 21,5 en otros es del 22 ó 26 %. Para mí, a partir de 1º de enero del año que viene tienen que completar la diferencia de ese aumento, porque el año pasado nos dieron un adelanto del 7,8 % y tienen que completarlo hasta el 26 %. Cuando quede fijo el nuevo sueldo cesaría la deuda y quedaría hasta el 31 de marzo la liquidación que se realizó”, explicó.
Estamos hablando de una deuda que hasta el 31 de marzo fue de 936 millones de pesos aproximadamente que afecta a cerca de 3.700 funcionarios en todo el país.
“Yo creo que todo esto es una realidad, y se va a cumplir, porque en esta semana hubo una reunión entre el MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y el Sub Secretario de Economía, y ellos dijeron que el gobierno quiere solucionar de una vez este conflicto con los judiciales.
Aparentemente hay señales de que esto se solucionaría”, dijo el gremialista. El próximo martes habrá una nueva asamblea en la capital del país y de allí podrían surgir más novedades al respecto, informó Nasario.