Gobierno entrante denuncia ingreso masivo de funcionarios al Estado; el actual lo niega

Gobierno entrante denuncia ingreso masivo de funcionarios al Estado; el actual lo niega

Funcionarios del Estado explicaron el régimen de provisoriato, que causó polémica

Una nueva controversia se estableció entre el gobierno entrante y el saliente. Dirigentes blancos aseguraron que en los últimos meses ingresaron al Estado centenares de nuevos funcionarios y que con ese nuevo presupuesto deberán lidiar los dirigidos por Luis Lacalle Pou.

El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo este viernes al programa Informativo Carve (radio Carve) que su equipo está «estudiando» el ingreso de nuevos funcionarios a algunas oficinas como Antel y UTE y también a algunos ministerios.
Delgado consideró que, a priori, no corresponde que el gobierno saliente haya contratado nuevo personal en los últimos meses a sabiendas de que el 29 de febrero se retira.
Delgado señaló que con las actuales condiciones de casi 5 % de déficit fiscal, «una deuda externa bruta de casi 60 % del PBI» y la «inversión muy frenada» no deben hacerse estas contrataciones, que en algunos casos superarían los 100 nuevos cargos por oficina.
En este sentido, explicó que empezaron a hacer «averiguaciones» porque parece que la mayoría de estas nuevas contrataciones se hicieron después del balotaje, es decir, cuando se sabía que en marzo habría cambio de autoridades en todas las oficinas.
«Estamos haciendo una evaluación general del caso», dijo Delgado. «Tener reestructuras al final de un mandato genera preocupación», aseguró y añadió que el nuevo gobierno se guiará bajo el principio de «gastar menos y mejor». Así recordó uno de los planes del Partido Nacional explicado durante toda la campaña electoral, que es «no llenar todas las vacantes en aquellas tareas que no sean esenciales».
Por su parte, el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Alberto Scavarelli, respondió a estas acusaciones y aseguró que ningún ministro deberá disponer de personal que no desee.
En declaraciones al programa Informe Nacional de Radio Uruguay, Scavarelli dijo es falso que haya ingresado personal a última hora o de forma irregular para generar una carga económica al nuevo gobierno.
El jerarca manifestó con el nuevo estatuto del funcionario público todas las personas que son seleccionadas para ingresar a la administración central firman un contrato llamado provisoriato que vence a los 15 meses.
Finalizado ese tiempo, la oficina correspondiente envía a la ONSC una evaluación sobre el desempeño del funcionario y, si su actuación satisfizo, la persona es presupuestada. De modo contrario, se puede finalizar el contrato.
«Si el ministro nuevo entiende que esa función no la va a dar más porque es una tarea que no la asumirá, entonces se le devuelve a Servicio Civil (el funcionario) y Servicio Civil redistribuye a esa persona», manifestó Scavarelli al programa radial.
«Ahora nos dicen que eso va en contra de la reducción de funcionarios públicos. Primera cosa, en la administración central hay más de 3.000 funcionarios menos de los que había cuando ingresamos», agregó.
Scavarelli manifestó que algunas contrataciones se hicieron porque en diciembre de 2018 había «más de 4.000 personas para jubilarse» en la administración central del Estado. A eso hay que sumar a los que fallecen, los que son destituidos y los que renuncian.
«La población puede estar absolutamente tranquila de que no son gente que se ha contratado sobre la hora. Estos procesos ya tienen más de un año en curso», afirmó le jerarca.

ACLARACIÓN POR PARTE DE COFE
La aclaración surge luego de que se generara una controversia entre el gobierno entrante y el saliente por presuntas nuevas contrataciones.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) emitió un comunicado ante la controversia generada entre el gobierno entrante y el saliente por presuntas contrataciones en algunas oficinas de la administración central a pocos días de finalizar el período.
En su declaración, COFE explicó de qué se trata el régimen de provisoriato, bajo el que ingresaron algunos trabajadores en los últimos meses.
Los funcionarios explicaron que el régimen se estableció bajo la ley 19.121 hace más de seis años. En aquella oportunidad, se votó con 65 votos a favor de los 80 diputados presentes en sala.
«Ni el provisoriato es una pasantía ni la presupuestación es automática ni se aumenta el gasto presupuestal en caso de que los funcionarios que hoy se encuentran bajo este régimen sean efectivamente presupuestados. El provisoriato no alude a ingresos eventuales, puntuales o para necesidades temporales que pudiera tener el Estado, como en el caso de las pasantías», expresó COFE.
«El régimen de provisoriato tiene la calidad de funcionario público y corresponde a la realización de tareas permanentes. El ingreso se realiza mediante llamados públicos transparentes y abiertos, mediante concursos de oposición y méritos y/o méritos y antecedentes», continuó.
En este sentido, explicaron que los llamados que se hacen bajo este régimen surgen porque existe la necesidad de una reorganización de una oficina o por vacantes generadas. «No hay aumento de presupuesto por concepto de retribuciones salariales ya que estos créditos presupuestales se estaban ejecutando dado que ya estaban planificados».
Así, COFE expresó que estos nuevos ingresos no los heredará el próximo gobierno, ya que se trata de trabajadores que ingresaron por concurso y que deberán «cumplir con los requisitos y condiciones para poder cambiar de modalidad de contratación pasando a ser presupuestados».
«Rechazamos las políticas de recorte al barrer sin analizar la realidad del lugar de trabajo, la realidad del organismo y de los servicios públicos que se prestan», continúa el comunicado.