Guardiacárceles de Salto y de otros departamentos denunciaron con fotos sus condiciones de trabajo

Celdas, pasillos y patios interiores repletos de basura, conexiones eléctricas precarias, garitas de vigilancia sin puerta, paredes descascaradas y con humedad, y baños sin cisterna ni agua potable y con taza turca, forman parte de las condiciones en que trabajan los guardiacárceles del Comcar, la cárcel de Melo y la de Salto.
El registro fotográfico de esta situación, al que accedió El Observador, fue presentado hace dos semanas por la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) al director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera. Se trata de unas 70 fotografías tomadas por policías que cumplen funciones en esos establecimientos.
Incluso en el caso de la cárcel de Santiago Vázquez se da cuenta además de que en el módulo 8, reinaugurado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el 28 de diciembre del año pasado, ya hay rajaduras en las paredes que fueron rellenadas con espuma plast.
El jueves pasado delegados de la comisión de salud laboral del sindicato policial se reunieron con el director  nacional de Trabajo, Luis Romero, en una instancia tripartita de la que también participó, se resolvieron una serie de medidas para buscar soluciones a esas condiciones de trabajo, con vistas a evitar problemas de salud que deriven en baja de recursos humanos.
INSPECCIONES Y TEST
Autoridades de los ministerios del Interior, de Trabajo y el sindicato acordaron llevar adelante inspecciones mixtas en el Comcar, el penal de Libertad y la Guardia de Coraceros (avenida José Pedro Varela, entre avenida Batlle y Ordóñez y Centenario). Respecto a esta última, el gremio había denunciado condiciones de hacinamiento, falta de agua caliente para bañarse, y agua potable para beber, así como demoras en el pago de viáticos.
Dichas inspecciones serán llevadas adelante por Richard Ferreira y Patricia Rodríguez, como representantes de la comisión de salud laboral de la USIP, el subdirector nacional técnico de Sanidad Policial, Nelson Pedraja, y un técnico prevencionista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
El objetivo, según explicó Rodríguez a El Observador, es que “las autoridades constaten que la realidad es la de las fotos que nosotros mostramos y los hechos que denunciamos”.
La dirigente de la USIP remarcó que “cuando va la inspección de Trabajo ya dicen generalmente las cosas que hay que cambiar”.
Otro proyecto que surgió del encuentro entre las autoridades ministeriales y el sindicato policial es implementar  test psicológicos no solo a los funcionarios que ingresan a cumplir tareas como guardias en cárceles –como sucede hasta ahora, según Rodríguez–, sino en forma periódica.
En la actualidad existe la Unidad de Distrés Funcional del Hospital Policial, creada por resolución ministerial en el año 2002, pero se recurre allí “cuando la persona pasó un límite, no es una prevención”, criticó Rodríguez.
A esa policlínica  se acercan los policías que padecen estrés postraumático por haber visto comprometida su integridad física o su vida, por ataques violentos, heridas de gravedad; también para quienes presenciaron la muerte de compañeros de trabajo o los que mataron a una persona durante su turno y hasta aquellos que experimentaron accidentes de tránsito grave en el desempeño de su función.
“El problema es que cuando vas allí te sacan el arma y, si esto sucede, te están sacando 9.500 pesos del sueldo, por el 222”, enfatizó la sindicalista.
Asesores del ministro Bonomi confirmaron que se trabaja en la elaboración de estos test, así como en la preparación de un curso sobre salud laboral, como materia a dictarse en las escuelas de formación de subalternos y personal superior policial. Tanto las autoridades como el sindicato detectan que las condiciones de trabajo de los policías ejecutivos (de calle) y de cárceles generan importantes afecciones de salud.
De hecho, un informe divulgado el viernes por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) da cuenta de que el Ministerio del Interior es la dependencia del Estado donde se generan más destituciones de funcionarios por delitos y faltas administrativas. De los 120 funcionarios destituidos durante 2009 y 2010, 104 eran de esa cartera. Según explicó la subdirectora de la ONSC, Ana Ferraris, muchas responden a sanciones por violencia doméstica.
Fuente: El Observador

Celdas, pasillos y patios interiores repletos de basura, conexiones eléctricas precarias, garitas de vigilancia sin puerta, paredes descascaradas y con humedad, y baños sin cisterna ni agua potable y con taza turca, forman parte de las condiciones en que trabajan los guardiacárceles del Comcar, la cárcel de Melo y la de Salto.

El registro fotográfico de esta situación, al que accedió El Observador, fue presentado hace dos semanas por la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) al director general de Secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera. Se trata de unas 70 fotografías tomadas por policías que cumplen funciones en esos establecimientos.carcel

Incluso en el caso de la cárcel de Santiago Vázquez se da cuenta además de que en el módulo 8, reinaugurado por el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, el 28 de diciembre del año pasado, ya hay rajaduras en las paredes que fueron rellenadas con espuma plast.

El jueves pasado delegados de la comisión de salud laboral del sindicato policial se reunieron con el director  nacional de Trabajo, Luis Romero, en una instancia tripartita de la que también participó, se resolvieron una serie de medidas para buscar soluciones a esas condiciones de trabajo, con vistas a evitar problemas de salud que deriven en baja de recursos humanos.

INSPECCIONES Y TEST

Autoridades de los ministerios del Interior, de Trabajo y el sindicato acordaron llevar adelante inspecciones mixtas en el Comcar, el penal de Libertad y la Guardia de Coraceros (avenida José Pedro Varela, entre avenida Batlle y Ordóñez y Centenario). Respecto a esta última, el gremio había denunciado condiciones de hacinamiento, falta de agua caliente para bañarse, y agua potable para beber, así como demoras en el pago de viáticos.

Dichas inspecciones serán llevadas adelante por Richard Ferreira y Patricia Rodríguez, como representantes de la comisión de salud laboral de la USIP, el subdirector nacional técnico de Sanidad Policial, Nelson Pedraja, y un técnico prevencionista del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El objetivo, según explicó Rodríguez a El Observador, es que “las autoridades constaten que la realidad es la de las fotos que nosotros mostramos y los hechos que denunciamos”.

La dirigente de la USIP remarcó que “cuando va la inspección de Trabajo ya dicen generalmente las cosas que hay que cambiar”.

Otro proyecto que surgió del encuentro entre las autoridades ministeriales y el sindicato policial es implementar  test psicológicos no solo a los funcionarios que ingresan a cumplir tareas como guardias en cárceles –como sucede hasta ahora, según Rodríguez–, sino en forma periódica.

En la actualidad existe la Unidad de Distrés Funcional del Hospital Policial, creada por resolución ministerial en el año 2002, pero se recurre allí “cuando la persona pasó un límite, no es una prevención”, criticó Rodríguez.

A esa policlínica  se acercan los policías que padecen estrés postraumático por haber visto comprometida su integridad física o su vida, por ataques violentos, heridas de gravedad; también para quienes presenciaron la muerte de compañeros de trabajo o los que mataron a una persona durante su turno y hasta aquellos que experimentaron accidentes de tránsito grave en el desempeño de su función.

“El problema es que cuando vas allí te sacan el arma y, si esto sucede, te están sacando 9.500 pesos del sueldo, por el 222”, enfatizó la sindicalista.

Asesores del ministro Bonomi confirmaron que se trabaja en la elaboración de estos test, así como en la preparación de un curso sobre salud laboral, como materia a dictarse en las escuelas de formación de subalternos y personal superior policial. Tanto las autoridades como el sindicato detectan que las condiciones de trabajo de los policías ejecutivos (de calle) y de cárceles generan importantes afecciones de salud.

De hecho, un informe divulgado el viernes por la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) da cuenta de que el Ministerio del Interior es la dependencia del Estado donde se generan más destituciones de funcionarios por delitos y faltas administrativas. De los 120 funcionarios destituidos durante 2009 y 2010, 104 eran de esa cartera. Según explicó la subdirectora de la ONSC, Ana Ferraris, muchas responden a sanciones por violencia doméstica.

Fuente: El Observador