II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental tendrá importante participación salteña

El Segundo Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos y Salud Mental, a realizarse en Montevideo del 8 al 10 de octubre de 2018, hace un llamado a todos los movimientos sociales, organizaciones autónomas y todos aquellos que se sientan convocados, a participar en este evento.
El primer encuentro fue realizado en Florianópolis en junio de 2017, donde se creó la Red Latinoamericana de Derechos Humanos y Salud Mental con el objetivo de articular iniciativas de países de la región en pro de defender y promover los derechos humanos en el nuestro continente.
En este momento político en Latinoamérica se observan enormes retrocesos en las políticas en salud mental y en las garantías de los derechos humanos por parte de ciertos sectores del Estado.
Es por este motivo que se convoca a este segundo encuentro para discutir y generar definiciones comunes que nos permitan constituirnos como actores sociales y resistir estas avanzadas, a la vez que crear nuevas formas y lógicas en el abordaje de la salud mental y los derechos humanos.
“Por una América Latina sin manicomios: no al retroceso en derechos humanos y salud mental”.
Todas las organizaciones sobre los derechos humanos han creado códigos mediante los cuales alinean sus propósitos y actividades. La Declaración de Salud Mental de los Derechos Humanos expone los principios que rigen a CCHR y los estándares por medio de los cuales las violaciones a los derechos humanos por parte de la psiquiatría son incesantemente investigados y expuestos.encuentro salud mental001
El derecho a completo consentimiento informado, incluyendo:La prueba científica o médica que confirma el supuesto diagnóstico del trastorno psiquiátrico y el derecho de refutar cualquier diagnóstico psiquiátrico de «enfermedad» mental que no pueda ser médicamente confirmado.
La divulgación completa de todos los riesgos documentados de cualquier fármaco propuesto o «tratamiento».
El derecho a ser informado de todos los tratamientos médicos disponibles que no incluyen la administración de un medicamento o tratamiento psiquiátrico.
El derecho a rechazar cualquier tratamiento que el paciente considere perjudicial.
A ninguna persona se le dará tratamiento psiquiátrico o psicológico contra su voluntad.
A ninguna persona, hombre, mujer o niño se le puede negar su libertad personal por razones relacionadas con una supuesta enfermedad mental, sin un juicio justo por personas que son neutrales en la materia y con representación legal apropiada.
Ninguna persona será admitida o retenida en una institución, hospital o instalación psiquiátrica debido a sus creencias o prácticas religiosas, políticas o culturales.
Cualquier paciente tiene:El derecho a ser tratado con dignidad y como ser humano.
El derecho de atención en los hospitales sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social o estatus por derecho de nacimiento o de propiedad.
El derecho a recibir un examen clínico y físico completo realizado por el médico de medicina general competente y titulado que la persona elija, para asegurar que la causa de la condición mental de la persona no es debido a alguna enfermedad física, una lesión o un defecto que no se ha detectado ni tratado y el derecho de buscar una segunda opinión médica de su propia elección.
El derecho a tener acceso a hospitales con instalaciones completamente equipadas y personal médico adecuadamente cualificado, para que puedan realizarse exámenes clínicos y físicos competen. A escoger la clase o tipo de terapia a emplearse, y el derecho a comentar esto con un médico de medicina general, facultativo o ministro de su propia elección.
A que se le aclaren, por escrito y en su propio idioma, todos los efectos secundarios de cualquier tratamiento ofrecido de modo que él los comprenda.
El derecho de aceptar o rechazar el tratamiento, pero en particular, el derecho a rechazar la esterilización, el tratamiento de electrochoque, shock de insulina, lobotomía (o cualquier otra operación cerebral de psicocirugía), terapia de aversión, narco terapia, la terapia de sueño profundo y medicamentos que producen efectos secundarios no deseados.
El derecho a presentar denuncias oficiales, sin represalias (castigo), ante una junta independiente, compuesta por personal no-psiquiátrico, abogados y legos en la materia. Las denuncias pueden abarcar cualquier tratamiento de tortura, cruel, inhumano o degradante, o cualquier castigo recibido estando bajo cuidado psiquiátrico.
El derecho a tener asesoría privada con un consejero legal y proceder mediante acción legal.
A darse de alta por sí mismo de una instalación psiquiátrica en cualquier momento y a ser dado de alta sin restricción, al no haber cometido delito alguno.
El derecho a administrar sus propiedades y asuntos con la asesoría de un consejero legal, de ser necesario, o si un tribunal considera que la persona es incompetente tiene derecho a contar con un albacea asignado por el Estado para administrarlos hasta que se le declare competente. Dicho albacea debe responder ante el pariente más cercano del paciente, o ante su consejero legal o tutor.
A ver o a tener sus registros del hospital y tomar acción legal con respecto a cualquier información falsa contenida en ellos que pueda dañar su reputación.
El derecho a ejercer acción legal, con asistencia plena de la autoridad competente, contra cualquier psiquiatra, psicólogo o personal del hospital por cualquier abuso, encarcelamiento falso y agresiones relacionados con el tratamiento, abuso sexual o violación, o cualquier violación de la salud mental o de otras leyes. Y el derecho a una ley de salud mental que no indemnizará o modificará las sanciones para el tratamiento penal, abusivo o negligente de los pacientes cometidos por cualquier psiquiatra, psicólogo o personal del hospital
A presentar demandas contra psiquiatras, sus asociaciones y colegios, contra la institución, o su personal por detención ilegal, informes falsos o tratamiento dañino.
El derecho a trabajar o a negarse a trabajar y el derecho a recibir compensación justa de acuerdo a una escala de pago comparable a los salarios sindicales, estatales o nacionales por trabajo similar, por cualquier trabajo realizado mientras estaba hospitalizado.
El derecho a educación o entrenamiento para capacitarse mejor para ganarse la vida cuando sea dado de alta y el derecho a escoger el tipo de educación o entrenamiento que es recibido.
A recibir visitas y a un ministro de su propia fe.
El derecho de hacer y recibir llamadas telefónicas y el derecho a la intimidad en relación con toda la correspondencia personal que envíe o reciba.
El derecho de asociarse libremente, o no hacerlo, con cualquier grupo o persona en una institución, hospital o instalación psiquiátrica.
A un entorno seguro sin tener cerca a personas que fueron llevadas ahí por razones criminales.
El derecho a estar con personas de su misma edad.
El derecho a vestir su propia ropa, a tener efectos personales y a tener un lugar seguro donde guardarlos.
El derecho a ejercicio físico diario al aire libre.
A una dieta y nutrición apropiada y a tres comidas al día.
El derecho a condiciones higiénicas e instalaciones que no estén superpobladas y a suficiente descanso y tiempo libre sin ser molestado.







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