Inspectores de la DGI detectaron en el bagashopping irregularidades, pero no adoptaron medida alguna

Lo revela un informe del diario El Observador el sábado

Un extenso reportaje del diario El Observador desgrana muchos de los aspectos que los salteños damos por conocidos del bagashopping local, sin embargo, dice mucho más. La publicación del pasado sábado refiere a que el comercio informal aumenta en forma desmedida planteando una competencia desleal que si bien está penalizada por ley, nadie le hinca el diente.
Lo peor del caso, es que hace poco tiempo una ronda de inspectores de la DGI que estuvo en Salto detecto “irregularidades” en el lugar pero hasta ahora no tomó ninguna medida. Aquí lo publicado por el diario capitalino en su edición del Fin de Semana el sábado 9.
Bagashopping salteño: meca del contrabando y la coima
Algunos refieren que todo comenzó hace 30 años. Nadie lo tiene muy claro, pero lo que sí se recuerda con nitidez –y que se conserva como sentimiento compartido– es que había centenares de vendedores de las mercancías más variadas que no estaban unidos y tenían un mismo problema: la vulnerabilidad de vivir del contrabando, la incertidumbre de la ilegalidad.
El bagashopping de Salto es una feria, un paseo de compras que forma un cuadrilátero incompleto de tres aristas, ubicado en un espacio que pertenece al Ferro Carril Fútbol Club, a la entrada de la ciudad, entre las avenidas Wilson Ferreira Aldunate y Gobernador de Viana.
Es un conjunto de construcciones de chapa.
Está en ese lugar desde hace poco más de 20 años, precisan los feriantes, pero la atención pública se dirige a ese núcleo de puestos de ventas irregulares cuando ocurren eventos importantes, puntuales, que suceden y luego se olvidan.
El último ocurrió el primer día de este año, cuando un incendio tomó por sorpresa el predio vacío debido al feriado y afectó la mitad de los puestos.
Muchos delincuentes, además, aprovecharon la oportunidad para robar mercadería (ver apunte).
Los bomberos finalmente contuvieron el incendio y la Intendencia de Salto dio apoyo logístico para ordenar el caos, lo que obligó a sus jerarcas a enfrentar la encrucijada de referirse a una intervención pública realizada en un espacio que funciona fuera de la ley.
El secretario general de la Intendencia, Fabián Boccia, afirmó que lo que sucede en el bagashopping “es una realidad social que la intendencia no puede desconocer”, pero que la comuna no reprimirá un comercio que consiste en la venta de artículos que elude todos los controles del Estado, porque no tiene “injerencia”.
Semanas más tarde, una delegación de la Dirección General Impositiva (DGI) visitó el lugar y, según dijo el director general del organismo, Joaquín Serra, se encontraron “irregularidades”, pero esa información aún está en proceso, informaron fuentes de la DGI a El Observador.
El ruido se transformó en silencio, de la misma forma que había ocurrido 15 eneros atrás, salvo que el cimbronazo que hubo entonces –la última gran referencia de los medios al bagashopping– ocupó una atención incomparable a la de este año.
Simbología
Lissidini. El director administrativo de la aduana de Salto, Miguel Olivera, formula ese apellido con orgullo y una sonrisa. Víctor Lissidini fue director nacional de Aduanas por 14 meses, durante la peor crisis económica del país, desde febrero de 2002 hasta mediados de mayo de 2003. Su propósito era definido y no tenía pruritos: acabar con el bagashopping, aún a pesar de que significara más que nunca una salida económica para muchos vendedores: el índice de desempleo por esos meses alcanzó el 20%.
Pero no interesaba, porque para Lissidini ese paseo de compras significaba “el ícono de la delincuencia y la corrupción, porque eso es el contrabando”.
Eso dice hoy, a 15 años de distancia, luego de un procesamiento por abuso de funciones como costo de la dureza de su gestión, que la Suprema Corte de Justicia desestimó seis años después.

(El Observador)







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