Justicia desestimó el amparo reclamado por grupo de radios comunitarias clausuradas, apelarán la decisión

Justicia desestimó el amparo reclamado por grupo de  radios comunitarias clausuradas, apelarán la decisión
Finalmente, la jueza civil de 6º Turno, Raquel Gini, no hizo lugar al recurso de amparo presentado por un grupo de 6 radios comunitarias que fueron inhabilitadas por un decreto de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).
El mismo tiene fecha del 16 de octubre pasado y está firmado por el presidente de la República, José Mujica. En el documento, el primer mandatario ordenó la clausura de decenas de radios comunitarias de todo el país, aduciendo que las mismas no cumplen con los requisitos establecidos en la ley 18.232, que regula los parámetros para que una radio entre dentro de la categoría de comunitaria.
Entre ellas, hay un grupo de 10 radios de nuestro departamento, ocho emisoras de la ciudad de Salto y dos de Villa Constitución, que se encuentran dentro de las inhabilitadas.
Por esa razón, seis de las diez emisoras clausuradas por Mujica, presentaron un recurso de amparo ante el juzgado civil de 6º Turno, con la intención de frenar esa inhabilitación y continuar emitiendo. Sin embargo, ayer la jueza entendió que los fundamentos esgrimidos por los afectados no se comprenden dentro de los aspectos que conformar la figura legal del amparo.
Por lo tanto, le dio el visto bueno al decreto que presentó la Ursec, de inhabilitar las radios y solicitar la clausura de las emisiones. Empero, el grupo que se presentó a reclamar impugnará la decisión y presentará un recurso de apelación ante la sentencia con la finalidad de poder obtener una chance más para que esas radios puedan seguir emitiendo.
MUCHAS
El furor de las radios comunitarias comienza a registrarse en nuestro medio a finales del año 2004, cuando un sinnúmero de frecuencias comenzaron a ser escuchadas en distintos barrios de la ciudad. Por lo tanto, en ese momento las radios de Frecuencia Modulada, cuyas ondas fueron otorgadas por el Estado, apenas seis hasta entonces, comenzaron a denunciar la situación.
Pasó el tiempo, el fenómeno ya estaba extendido en todo el país y comenzaron a aparecer asociaciones que pretendían que las emisoras, lejos de ser clausuradas, sean contempladas. Por esta razón, junto a organizaciones no gubernamentales relacionadas a la radiodifusión y al sindicato de periodistas del Uruguay, APU, lograron poner en el debate la situación que derivó en la politización del asunto, de la cual salió la necesidad de regular la situación por vía legislativa.
En ese marco, la ley 18.232 fue una realidad que puso cortapisas a la libre radiodifusión, porque tendió a eliminar la competencia desleal como primera medida.
En ese sentido, la potestad fue adoptada por la Ursec, organismo que depende de la presidencia de la República, la que decidió hacer un censo de radios para conocer la cantidad de emisoras existentes en todo el país y luego, designar a una comisión honoraria consultiva, conformada por allegados a los medios de comunicación, quienes estarían encargados de bajarle el pulgar o no, a las radios que entiendan que no cumplen con los requisitos previstos en la ley.
Uno de los aspectos más relevantes que prevé la legislación, es que para ser una radioemisora comunitaria, no se debe tener fines de lucro, y tampoco deberán cumplir actividades proselitistas ni políticas ni religiosas.
Pero el censo se hizo y en ese entonces, vino a nuestro departamento el entonces presidente de esa unidad reguladora estatal, León Lev, quien les transmitió a los propietarios de las radioemisoras que en el caso de que pasaran 180 días y no hubiera una decisión definitiva, las mismas “quedarían firmes defecto”.
EL DECRETO
Tal como informó EL PUEBLO días pasados, el 16 de octubre la Ursec emitió un decreto con la firma del presidente de la República, donde se ordena la inhabilitación de 10 radioemisoras de Salto, por no cumplir con los requisitos que establece la ley 18.232 para poder emitir como radios comunitarias. Entre las mismas deja afuera a la radio Bemba 104.1 y habilita a las radios Ozono Fm, del Burton e Impactos FM.
Por esa razón, un grupo de 6 de las radios involucradas en la inhabilitación, presentaron un recurso de amparo ante el juzgado civil de 6º Turno, el cual ya cumplió con todas las instancias y ayer se conoció el fallo. En el mismo la jueza Raquel Gini desestima el recurso de amparo y acoge el decreto de la Ursec.
El amparo está establecido por la ley 16.011 y puede ser presentado por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, la que podrá deducirlo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución (en este caso, por el artículo 29 de la carta magna que establece la libertad de expresión).
Sin embargo, los abogados de los reclamantes, los abogados Pablo Vela y Martín Macció, impugnarán la sentencia y presentarán un recurso de apelación el próximo viernes. Entre tanto, las emisoras continúan transmitiendo, ya que además la mayoría está registrada como grupo ante BPS y DGI abonando los impuestos correspondientes.

Finalmente, la jueza civil de 6º Turno, Raquel Gini, no hizo lugar al recurso de amparo presentado por un grupo de 6 radios comunitarias que fueron inhabilitadas por un decreto de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec).

El mismo tiene fecha del 16 de octubre pasado y está firmado por el presidente de la República, José Mujica. En el documento, el primer mandatario ordenó la clausura de decenas de radios comunitarias de todo el país, aduciendo que las mismas no cumplen con los requisitos establecidos en la ley 18.232, que regula los parámetros para que una radio entre dentro de la categoría de comunitaria.

Entre ellas, hay un grupo de 10 radios de nuestro departamento, ocho emisoras de la ciudad de Salto y dos de Villa Constitución, que se encuentran dentro de las inhabilitadas.

Por esa razón, seis de las diez emisoras clausuradas por Mujica, presentaron un recurso de amparo ante el juzgado civil de 6º Turno, con la intención de frenar esa inhabilitación y continuar emitiendo. Sin embargo, ayer la jueza entendió que los fundamentos esgrimidos por los afectados no se comprenden dentro de los aspectos que conformar la figura legal del amparo.

Por lo tanto, le dio el visto bueno al decreto que presentó la Ursec, de inhabilitar las radios y solicitar la clausura de las emisiones. Empero, el grupo que se presentó a reclamar impugnará la decisión y presentará un recurso de apelación ante la sentencia con la finalidad de poder obtener una chance más para que esas radios puedan seguir emitiendo.

MUCHAS

El furor de las radios comunitarias comienza a registrarse en nuestro medio a finales del año 2004, cuando un sinnúmero de frecuencias comenzaron a ser escuchadas en distintos barrios de la ciudad. Por lo tanto, en ese momento las radios de Frecuencia Modulada, cuyas ondas fueron otorgadas por el Estado, apenas seis hasta entonces, comenzaron a denunciar la situación.

Pasó el tiempo, el fenómeno ya estaba extendido en todo el país y comenzaron a aparecer asociaciones que pretendían que las emisoras, lejos de ser clausuradas, sean contempladas. Por esta razón, junto a organizaciones no gubernamentales relacionadas a la radiodifusión y al sindicato de periodistas del Uruguay, APU, lograron poner en el debate la situación que derivó en la politización del asunto, de la cual salió la necesidad de regular la situación por vía legislativa.

En ese marco, la ley 18.232 fue una realidad que puso cortapisas a la libre radiodifusión, porque tendió a eliminar la competencia desleal como primera medida.

En ese sentido, la potestad fue adoptada por la Ursec, organismo que depende de la presidencia de la República, la que decidió hacer un censo de radios para conocer la cantidad de emisoras existentes en todo el país y luego, designar a una comisión honoraria consultiva, conformada por allegados a los medios de comunicación, quienes estarían encargados de bajarle el pulgar o no, a las radios que entiendan que no cumplen con los requisitos previstos en la ley.

Uno de los aspectos más relevantes que prevé la legislación, es que para ser una radioemisora comunitaria, no se debe tener fines de lucro, y tampoco deberán cumplir actividades proselitistas ni políticas ni religiosas.

Pero el censo se hizo y en ese entonces, vino a nuestro departamento el entonces presidente de esa unidad reguladora estatal, León Lev, quien les transmitió a los propietarios de las radioemisoras que en el caso de que pasaran 180 días y no hubiera una decisión definitiva, las mismas “quedarían firmes defecto”.

EL DECRETO

Tal como informó EL PUEBLO días pasados, el 16 de octubre la Ursec emitió un decreto con la firma del presidente de la República, donde se ordena la inhabilitación de 10 radioemisoras de Salto, por no cumplir con los requisitos que establece la ley 18.232 para poder emitir como radios comunitarias. Entre las mismas deja afuera a la radio Bemba 104.1 y habilita a las radios Ozono Fm, del Burton e Impactos FM.

Por esa razón, un grupo de 6 de las radios involucradas en la inhabilitación, presentaron un recurso de amparo ante el juzgado civil de 6º Turno, el cual ya cumplió con todas las instancias y ayer se conoció el fallo. En el mismo la jueza Raquel Gini desestima el recurso de amparo y acoge el decreto de la Ursec.

El amparo está establecido por la ley 16.011 y puede ser presentado por cualquier persona física o jurídica, pública o privada, la que podrá deducirlo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución (en este caso, por el artículo 29 de la carta magna que establece la libertad de expresión).

Sin embargo, los abogados de los reclamantes, los abogados Pablo Vela y Martín Macció, impugnarán la sentencia y presentarán un recurso de apelación el próximo viernes. Entre tanto, las emisoras continúan transmitiendo, ya que además la mayoría está registrada como grupo ante BPS y DGI abonando los impuestos correspondientes.