Justicia española revocó expulsión del salteño José Morales Brum, quien había denunciado ser echado de manera ilegal

Justicia española revocó expulsión del salteño José Morales Brum, quien había denunciado ser echado de manera ilegal
Luego de varios años de idas y venidas, de angustias, de declaraciones y manifestaciones públicas para dar a conocer lo que fue considerado un atropello a los derechos humanos, el salteño José Gervasio Morales Brum, que fue expulsado de España al ser acusado de haber participado de una movilización en rechazo a las perforaciones de petróleo en la Isla de Gran Canaria, donde residía desde hacía varios años, tuvo una sentencia favorable a su reclamo y la justicia de aquel país, entendió ahora que su expulsión fue “injustificada”.
Morales Brum, fue expulsado de un momento a otro desde su casa en Gran Canaria por orden de la Policía y la presunta decisión de un juez del lugar, al ser considerado “peligroso” por ser un conocido activista social del lugar.
José Gervasio Morales Brum denunció haber sido “secuestrado” por el Gobierno español y puesto en un avión hacia Uruguay por defender el medio ambiente, según relató en su momento a EL PUEBLO, ya que tras ser expulsado de España se radicó en su Salto natal.
Al contar su historia, se vio demoledora. Se trata de un salteño que vivió una década en España hasta que fue “secuestrado y expulsado” de ese país. El gobierno uruguayo que estuvo en conocimiento de su detención, hasta la actualidad, pese a que el caso fue denunciado en la Cancillería, se llamó a silencio.
Su expulsión hasta ahora vino sin causa judicial alguna, según relató en su momento Morales Brum a este diario, provino por “manifestarse en contra de las prospecciones petrolíferas que el gobierno de ese país cedió a Repsol en la localidad de Lanzarote”, donde vivía. Pero cuando Morales Brum y muchos otros se enteraron del asunto, comenzaron a manifestarse haciendo oír su voz y vaya si esto fue una molestia.
En pocos días recibió una notificación de que sería expulsado sin acusación alguna y tenía 60 días para ir contra esa denuncia en un juzgado español. Pero transcurrían apenas 20 días del plazo dictado, cuando fue secuestrado por la Policía española y amarrado a un avión con lo que tenía puesto. “Sin sus papeles, sin su dinero, sin su ropa y sin despedirse de su hija de entonces 5 años de edad”, contó José Morales Brum en una entrevista concedida a EL PUEBLO tiempo después en Salto.
Llegado a Uruguay denunció la situación por la que estaba atravesando, pero su reclamo nunca tuvo cabida. En abril del 2013, a un año de su expulsión de España, una jueza de ese país que revisó su casa entendió que su expulsión quedaba “revocada”, pero el Gobierno del lugar tenía posibilidad de apelar el fallo, lo cual hizo, aunque Morales Brum, devenido por ese entonces en un trabajador de fábrica en Salto, no tenía dinero para defenderse ante los tribunales de aquel país.
Aunque ayer, según pudo saber EL PUEBLO la justicia española le dio “la razón” a Morales Brum y condenó al Gobierno de España.
ANULARON LA EXPULSIÓN
Según el Grupo de Apoyo a José Morales Brum creado por personas interesadas en la causa, “un Juzgado español ha declarado la nulidad del expediente que sancionaba con la expulsión del territorio español al activista uruguayo José Morales Brum, condenando al Gobierno español en el 2012”.
Desde la organización hicieron saber que “el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través del Juzgado Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, ha declarado la nulidad del expediente administrativo que acordaba la expulsión del territorio español del ciudadano uruguayo José Morales Brum, y en el cual se le prohibía la entrada a dicho país por un período de cinco años”.
Los activistas señalan que la Sentencia dictada por la Jueza, Esperanza Ramírez Eugenio, el pasado día 26 de febrero de 2014, establece que el Juzgado estimó “la demanda del ciudadano uruguayo ya que en este caso ni se motiva la opción de expulsión, ni se entiende que dicha expulsión sea proporcionada a los hechos acaecidos”.
La Sentencia indicó que “tampoco se entiende que el comportamiento en sí (del ciudadano uruguayo) atente contra la seguridad ciudadana”, agregando que en este caso “no se justifica la expulsión sin más del recurrente”.
Este dictamen que quedó firme jurídicamente, es decir, es irrecurrible, se suma al dictado por la misma Magistrada, el 25 de febrero de 2013, donde anulaba la decisión política del Gobierno español de expulsar en forma sumarísima a este ciudadano, mientras se tramitaba este expediente.
Cabe recordar que la Sub Delegación del Gobierno español en Islas Canarias, había abierto un expediente administrativo contra Morales Brum, luego que éste participara en una concentración, en febrero de 2012, frente a la sede del Partido Popular en la isla de Lanzarote, manifestándose en contra de una resolución que otorgaba a la empresa Repsol la autorización de prospecciones petrolíferas en aguas isleñas. Luego de desconvocada dicha concentración, a este ciudadano se le acusaba, en forma falsa, de “alterar el orden público”, lo que dio lugar a la apertura del citado expediente.
La Sentencia deja en evidencia la clara persecución política del Gobierno español sobre este activista, y por otro lado, revela la actitud del Gobierno uruguayo ante lo que representa una clara violación de los derechos de un ciudadano uruguayo.
En diálogo con EL PUEBLO tiempo atrás, José Morales Brum, reveló a este diario que “su militancia en España causó atención, porque en Lanzarote se generó cierta tensión de que determinada persona de origen extranjero tenga una participación social activa, entonces se va creando un perfil de seguimiento de lo que se llama allá la Brigada de Información de la Policía Nacional de España, que maneja los mismos métodos que aplicaba para la persecución política durante el franquismo”.
“Me pusieron esposas en los pies y me ataron al cinturón de hierro grueso y así viajamos hasta Madrid donde volví a estar detenido y luego me trasladaron al aeropuerto para salir a Montevideo donde volvieron a atarme. En ese momento exigía que me mostraran la sentencia que decretaba mi expulsión y cuáles eran los cargos que se me imputaban, pero los policías solamente me decían que ellos no sabían nada de eso, que solamente estaban para cumplir órdenes”, contó Morales Brum a EL PUEBLO.
A su pareja le informaron por teléfono de lo que estaba pasando, lo mismo que a su abogado. Pero al Consulado uruguayo en Las Palmas, no pudieron hacerlo porque justo ese día, el teléfono particular del cónsul Jorge Figueredo no funcionaba, y las oficinas estaban cerradas, por eso la Policía les envió un fax. “Yo les pedí asistencia jurídica, porque el costo de pleitear en el Alto Tribunal Español es muy alto, pero el Cónsul dijo que eso escapaba a las posibilidades de la Embajada. Y fuimos en busca del embajador Carlos Pita, pero éste se llamó a silencio”, contó. Y dijo que “después el embajador dijo que hizo todos los esfuerzos posibles por establecer contacto conmigo, hecho que es totalmente falso, porque tiene mi teléfono y todos mis datos y nunca se comunicó. Además el cónsul sabía cómo contactarme”.
Cuando llegó a Carrasco, después de 8 horas de vuelo, lo esperaba Interpol. El sargento Tabaré Maidana lo condujo y allí recibió el pasaporte de Morales Brum, de manos de los policías españoles. “Le dije que estaba siendo objeto de una detención ilegal y que él estaba siendo testigo de una acción ilícita, que contravenía todos los derechos y le dije, en este momento usted puede parar esto y yo quiero denunciar esto ahora mismo. Entonces los dos policías españoles se despidieron amistosamente del uruguayo, y éste vuelve contra mí, me toma del hombro y me lleva hasta su oficina buscando antecedentes penales, pero no encontró nada en ningún lado”, dijo el salteño protagonista de esta historia.
Tras esto y “de muy de mala gana”, recordó Morales Brum a este diario, el sargento Maidana le hizo sellar el pasaporte en Migraciones y le dijo “vamos a hacerla fácil” y lo sacó a empujones hacia dónde estaba el resto de los pasajeros. Y allí quedó. Sólo, sin nadie y sin nada.
Morales Brum quiso ser contactado ayer por EL PUEBLO pero según la información recabada, ahora se mudó a Tacuarembó, donde trabaja en un taller metalúrgico.

Luego de varios años de idas y venidas, de angustias, de declaraciones y manifestaciones públicas para dar a conocer lo que fue considerado un atropello a los derechos humanos, el salteño José Gervasio Morales Brum, que fue expulsado de España al ser acusado de haber participado de una movilización en rechazo a las perforaciones de petróleo en la Isla de Gran Canaria, donde residía desde hacía varios años, tuvo una sentencia favorable a su reclamo y la justicia de aquel país, entendió ahora que su expulsión fue “injustificada”.

Morales Brum, fue expulsado de un momento a otro desde su casa en Gran Canaria por orden de la Policía y la presunta decisión de un juez del lugar, al ser considerado “peligroso” por ser un conocido activista social del lugar.

José Gervasio Morales Brum denunció haber sido “secuestrado” por el Gobierno español y puesto en un avión hacia Uruguay por defender el medio ambiente, según relató en su momento a EL PUEBLO, ya que tras ser expulsado de España se radicó en su Salto natal.

Al contar su historia, se vio demoledora. Se trata de un salteño que vivió una década en España hasta que fue “secuestrado y expulsado” de ese país. El gobierno uruguayo que estuvo en conocimiento de su detención, hasta la actualidad, pese a que el caso fue denunciado en la Cancillería, se llamó a silencio.

Su expulsión hasta ahora vino sin causa judicial alguna, según relató en su momento Morales Brum a este diario, provino por “manifestarse en contra de las prospecciones petrolíferas que el gobierno de ese país cedió a Repsol en la localidad de Lanzarote”, donde vivía. Pero cuando Morales Brum y muchos otros se enteraron del asunto, comenzaron a manifestarse haciendo oír su voz y vaya si esto fue una molestia.

En pocos días recibió una notificación de que sería expulsado sin acusación alguna y tenía 60 días para ir contra esa denuncia en un juzgado español. Pero transcurrían apenas 20 días del plazo dictado, cuando fue secuestrado por la Policía española y amarrado a un avión con lo que tenía puesto. “Sin sus papeles, sin su dinero, sin su ropa y sin despedirse de su hija de entonces 5 años de edad”, contó José Morales Brum en una entrevista concedida a EL PUEBLO tiempo después en Salto.

Llegado a Uruguay denunció la situación por la que estaba atravesando, pero su reclamo nunca tuvo cabida. En abril del 2013, a un año de su expulsión de España, una jueza de ese país que revisó su casa entendió que su expulsión quedaba “revocada”, pero el Gobierno del lugar tenía posibilidad de apelar el fallo, lo cual hizo, aunque Morales Brum, devenido por ese entonces en un trabajador de fábrica en Salto, no tenía dinero para defenderse ante los tribunales de aquel país.

Aunque ayer, según pudo saber EL PUEBLO la justicia española le dio “la razón” a Morales Brum y condenó al Gobierno de España.

ANULARON LA EXPULSIÓN

Según el Grupo de Apoyo a José Morales Brum creado por personas interesadas en la causa, “un Juzgado español ha declarado la nulidad del expediente que sancionaba con la expulsión del territorio español al activista uruguayo José Morales Brum, condenando al Gobierno español en el 2012”.

Desde la organización hicieron saber que “el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a través del Juzgado Nº 2 de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, ha declarado la nulidad del expediente administrativo que acordaba la expulsión del territorio español del ciudadano uruguayo José Morales Brum, y en el cual se le prohibía la entrada a dicho país por un período de cinco años”.

Los activistas señalan que la Sentencia dictada por la Jueza, Esperanza Ramírez Eugenio, el pasado día 26 de febrero de 2014, establece que el Juzgado estimó “la demanda del ciudadano uruguayo ya que en este caso ni se motiva la opción de expulsión, ni se entiende que dicha expulsión sea proporcionada a los hechos acaecidos”.

La Sentencia indicó que “tampoco se entiende que el comportamiento en sí (del ciudadano uruguayo) atente contra la seguridad ciudadana”, agregando que en este caso “no se justifica la expulsión sin más del recurrente”.

Este dictamen que quedó firme jurídicamente, es decir, es irrecurrible, se suma al dictado por la misma Magistrada, el 25 de febrero de 2013, donde anulaba la decisión política del Gobierno español de expulsar en forma sumarísima a este ciudadano, mientras se tramitaba este expediente.

Cabe recordar que la Sub Delegación del Gobierno español en Islas Canarias, había abierto un expediente administrativo contra Morales Brum, luego que éste participara en una concentración, en febrero de 2012, frente a la sede del Partido Popular en la isla de Lanzarote, manifestándose en contra de una resolución que otorgaba a la empresa Repsol la autorización de prospecciones petrolíferas en aguas isleñas. Luego de desconvocada dicha concentración, a este ciudadano se le acusaba, en forma falsa, de “alterar el orden público”, lo que dio lugar a la apertura del citado expediente.

La Sentencia deja en evidencia la clara persecución política del Gobierno español sobre este activista, y por otro lado, revela la actitud del Gobierno uruguayo ante lo que representa una clara violación de los derechos de un ciudadano uruguayo.

En diálogo con EL PUEBLO tiempo atrás, José Morales Brum, reveló a este diario que “su militancia en España causó atención, porque en Lanzarote se generó cierta tensión de que determinada persona de origen extranjero tenga una participación social activa, entonces se va creando un perfil de seguimiento de lo que se llama allá la Brigada de Información de la Policía Nacional de España, que maneja los mismos métodos que aplicaba para la persecución política durante el franquismo”.

“Me pusieron esposas en los pies y me ataron al cinturón de hierro grueso y así viajamos hasta Madrid donde volví a estar detenido y luego me trasladaron al aeropuerto para salir a Montevideo donde volvieron a atarme. En ese momento exigía que me mostraran la sentencia que decretaba mi expulsión y cuáles eran los cargos que se me imputaban, pero los policías solamente me decían que ellos no sabían nada de eso, que solamente estaban para cumplir órdenes”, contó Morales Brum a EL PUEBLO.

A su pareja le informaron por teléfono de lo que estaba pasando, lo mismo que a su abogado. Pero al Consulado uruguayo en Las Palmas, no pudieron hacerlo porque justo ese día, el teléfono particular del cónsul Jorge Figueredo no funcionaba, y las oficinas estaban cerradas, por eso la Policía les envió un fax. “Yo les pedí asistencia jurídica, porque el costo de pleitear en el Alto Tribunal Español es muy alto, pero el Cónsul dijo que eso escapaba a las posibilidades de la Embajada. Y fuimos en busca del embajador Carlos Pita, pero éste se llamó a silencio”, contó. Y dijo que “después el embajador dijo que hizo todos los esfuerzos posibles por establecer contacto conmigo, hecho que es totalmente falso, porque tiene mi teléfono y todos mis datos y nunca se comunicó. Además el cónsul sabía cómo contactarme”.

Cuando llegó a Carrasco, después de 8 horas de vuelo, lo esperaba Interpol. El sargento Tabaré Maidana lo condujo y allí recibió el pasaporte de Morales Brum, de manos de los policías españoles. “Le dije que estaba siendo objeto de una detención ilegal y que él estaba siendo testigo de una acción ilícita, que contravenía todos los derechos y le dije, en este momento usted puede parar esto y yo quiero denunciar esto ahora mismo. Entonces los dos policías españoles se despidieron amistosamente del uruguayo, y éste vuelve contra mí, me toma del hombro y me lleva hasta su oficina buscando antecedentes penales, pero no encontró nada en ningún lado”, dijo el salteño protagonista de esta historia.

Tras esto y “de muy de mala gana”, recordó Morales Brum a este diario, el sargento Maidana le hizo sellar el pasaporte en Migraciones y le dijo “vamos a hacerla fácil” y lo sacó a empujones hacia dónde estaba el resto de los pasajeros. Y allí quedó. Sólo, sin nadie y sin nada.

Morales Brum quiso ser contactado ayer por EL PUEBLO pero según la información recabada, ahora se mudó a Tacuarembó, donde trabaja en un taller metalúrgico.