Justicia ordenó “erradicar” perros de colonia Etchepare en 72 horas, activistas los adoptan por temor a que los maten

La jueza penal de San José, Viviana Granese, se fue muy impactada ayer luego de recorrer las instalaciones de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, y constatar la situación sanitaria de los internos psiquiátricos. Pudo ver cómo la jauría de 200 perros, que el miércoles mató a uno de los pacientes, deambulan no solo por el campo, el patio y los alrededores, sino que también acceden a los pabellones.
Anoche, luego de visitar el lugar junto a efectivos de Policía Técnica, la fiscal del caso e integrantes de la Institución de Derechos Humanos, resolvió intimar a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a “erradicar” de forma “total” los animales del centro en un plazo de “72 horas”.
Esa tarea deberá ser coordinada, explica la jueza en su escrito, con los ministerios de Interior y Defensa. Al mismo tiempo, Granese le da diez días para distribuir a los internos en pabellones que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad y dos meses para que sean alojados en pabellones nuevos.La magistrada y los asistentes de la Justicia y la Policía recorrieron distintas zonas de las colonias para realizar una inspección ocular.
En el informe de Policía Técnica, donde se incluyen fotos y material audiovisual de la pesquisa, se detalla que los perros habitan en todas partes de las colonias, por lo que tienen un permanente contacto con los internos. Para la jueza y quienes asistieron ayer la situación es “preocupante”.La autoridad sanitaria deberá determinar ahora cómo cumple con la medida dispuesta por la jueza Granese. Sacrificarlos, que se hagan cargo organizaciones protectoras de animales, o trasladarlos a otro establecimiento son algunas de las posibilidades planteadas. La ley de protección animal opera en el caso y genera dudas sobre la disposición de los perros.
Sin embargo la norma establece la posibilidad de sacrificarlos en caso que se determine que son peligros para personas.Granese escribió en su informe que los internos de las colonias están “gravemente afectados”  y “desprotegidos” en sus derechos humanos “fundamentales”. “(Los pacientes) se encuentran en situación de riesgo físico, mental y carentes de una protección integral de su salud física y absolutamente vulnerados en sus derechos humanos”, aseguró la magistrada.
Basso desencontrado
La expresidenta del directorio de ASSE, Beatriz Silva, fue la única de las autoridades citadas a declarar que se entrevistaron ayer con la jueza de San José. La exministra de Salud Susana Muñiz, no asistió porque está fuera del país, en tanto que el actual ministro, Jorge Basso, tuvo la intención de declarar pero se desencontró con la jueza.
Según dijo a El Observador su abogado, Gúmer Pérez, a las 9 en punto de la mañana de ayer estaba junto a Basso en la puerta del juzgado de San José, donde fueron citados. Pasaron los minutos y sobre las 10.15 decidieron irse, ya que la sede estaba cerrada.
Sin embargo el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo a El Observador que tanto la jueza Granese como el resto de los convocados para las actuaciones estuvieron en tiempo y forma ayer.
Oxandabarat estimó que Basso y su abogado podrían haber asistido a una dirección equivocada a la que fueron citados. Pérez, sin embargo, insistió con que siguieron las indicaciones de cedulón que llegó el viernes al despacho del ministro.
El abogado de Basso se quejó porque nadie se comunicó para indicarle al ministro dónde debía asistir para declarar. Recordó, por otra parte, que no tenía obligación de asistir, ya que como secretario de Estado tiene inmunidad y, por lo tanto, puede optar por declarar por escrito. Sin embargo el ministro eligió ir dada la sensibilidad del tema.
Activistas adoptan perros de la colonia Etchepare por temor a que los maten
Algunos perros de la colonia Etchepare fueron adoptados por grupos defensores de los derechos de los animales que lanzaron una campaña titulada «No permita que asesinen a los perros de la colonia Etchepare». La acción surge en respuesta a la orden de la Justicia de «erradicar» a los animales que mataron a un paciente psiquiátrico de la institución ubicada en San José.
La petición de los activistas, que cuenta con más de 2.000 firmas, se realiza a través del servicio online Sos Vox. Está dirigida al presidente Vázquez y dice que los perros «son víctimas de una sociedad deshumanizada y de las no políticas de esterilización y educación». El texto también dice: «Necesitamos de las firmas de todo, es URGENTE que se sepa esto y no se los mate, tienen que esterilizarlos y darlos en adopción, por favor no los maten» (sic).
Según informó el portal Subrayado, este domingo a la hora 17 hubo convocatoria de activistas en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Además, se espera que el lunes sobre las 20 se realice una concentración frente a la casa del presidente Tabaré Vázquez, en el Prado.
Valeria Fenisola, una de las organizadoras de la movida, contó a Subrayado que “los perros se pueden salvar”. Y agregó que algunas personas se llevaron perros para encontrarles un hogar. Otra activista, Daniela Barboza, publicó en Twitter que «el problema de la colonia Etchepare es viejo» y que «en numerosas ocasiones se hicieron recomendaciones a las autoridades».
La jueza penal de San José, Viviana Granese, recorrió este sábado las instalaciones de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, y constató la situación sanitaria de los internos psiquiátricos. Pudo ver cómo la jauría de 200 perros, que el miércoles mató a uno de los pacientes, deambula no solo por el campo, el patio y los alrededores, sino que también acceden a los pabellones.
De noche, luego de visitar el lugar junto a efectivos de Policía Técnica, la fiscal del caso e integrantes de la Institución de Derechos Humanos, resolvió intimar a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a “erradicar” de forma “total” los animales del centro en un plazo de “72 horas”. Esa tarea deberá ser coordinada, explica la jueza en su escrito, con los ministerios de Interior y Defensa. Al mismo tiempo, Granese le da diez días para distribuir a los internos en pabellones que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad, y dos meses para que sean alojados en pabellones nuevos.
(EL OBSERVADOR)

La jueza penal de San José, Viviana Granese, se fue muy impactada ayer luego de recorrer las instalaciones de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, y constatar la situación sanitaria de los internos psiquiátricos. Pudo ver cómo la jauría de 200 perros, que el miércoles mató a uno de los pacientes, deambulan no solo por el campo, el patio y los alrededores, sino que también acceden a los pabellones.

Anoche, luego de visitar el lugar junto a efectivos de Policía Técnica, la fiscal del caso e integrantes de la Institución de Derechos Humanos, resolvió intimar a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a “erradicar” de forma “total” los animales del centro en un plazo de “72 horas”.

Esa tarea deberá ser coordinada, explica la jueza en su escrito, con los ministerios de Interior y Defensa. Al mismo tiempo, Granese le da diez días para distribuir a los internos en pabellones que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad y dos meses para que sean alojados en pabellones nuevos.La magistrada y los asistentes de la Justicia y la Policía recorrieron distintas zonas de las colonias para realizar una inspección ocular.

En el informe de Policía Técnica, donde se incluyen fotos y material audiovisual de la pesquisa, se detalla que los perros habitan en todas partes de las colonias, por lo que tienen un permanente contacto con los internos. Para la jueza y quienes asistieron ayer la situación es “preocupante”.La autoridad sanitaria deberá determinar ahora cómo cumple con la medida dispuesta por la jueza Granese. Sacrificarlos, que se hagan cargo organizaciones protectoras de animales, o trasladarlos a otro establecimiento son algunas de las posibilidades planteadas. La ley de protección animal opera en el caso y genera dudas sobre la disposición de los perros.

Sin embargo la norma establece la posibilidad de sacrificarlos en caso que se determine que son peligros para personas.Granese escribió en su informe que los internos de las colonias están “gravemente afectados”  y “desprotegidos” en sus derechos humanos “fundamentales”. “(Los pacientes) se encuentran en situación de riesgo físico, mental y carentes de una protección integral de su salud física y absolutamente vulnerados en sus derechos humanos”, aseguró la magistrada.

Basso desencontrado

La expresidenta del directorio de ASSE, Beatriz Silva, fue la única de las autoridades citadas a declarar que se entrevistaron ayer con la jueza de San José. La exministra de Salud Susana Muñiz, no asistió porque está fuera del país, en tanto que el actual ministro, Jorge Basso, tuvo la intención de declarar pero se desencontró con la jueza.

Según dijo a El Observador su abogado, Gúmer Pérez, a las 9 en punto de la mañana de ayer estaba junto a Basso en la puerta del juzgado de San José, donde fueron citados. Pasaron los minutos y sobre las 10.15 decidieron irse, ya que la sede estaba cerrada.

Sin embargo el vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raúl Oxandabarat, dijo a El Observador que tanto la jueza Granese como el resto de los convocados para las actuaciones estuvieron en tiempo y forma ayer.

Oxandabarat estimó que Basso y su abogado podrían haber asistido a una dirección equivocada a la que fueron citados. Pérez, sin embargo, insistió con que siguieron las indicaciones de cedulón que llegó el viernes al despacho del ministro.

El abogado de Basso se quejó porque nadie se comunicó para indicarle al ministro dónde debía asistir para declarar. Recordó, por otra parte, que no tenía obligación de asistir, ya que como secretario de Estado tiene inmunidad y, por lo tanto, puede optar por declarar por escrito. Sin embargo el ministro eligió ir dada la sensibilidad del tema.

Activistas adoptan perros de la colonia Etchepare por temor a que los maten

Algunos perros de la colonia Etchepare fueron adoptados por grupos defensores de los derechos de los animales que lanzaron una campaña titulada «No permita que asesinen a los perros de la colonia Etchepare». La acción surge en respuesta a la orden de la Justicia de «erradicar» a los animales que mataron a un paciente psiquiátrico de la institución ubicada en San José.

La petición de los activistas, que cuenta con más de 2.000 firmas, se realiza a través del servicio online Sos Vox. Está dirigida al presidente Vázquez y dice que los perros «son víctimas de una sociedad deshumanizada y de las no políticas de esterilización y educación». El texto también dice: «Necesitamos de las firmas de todo, es URGENTE que se sepa esto y no se los mate, tienen que esterilizarlos y darlos en adopción, por favor no los maten» (sic).

Según informó el portal Subrayado, este domingo a la hora 17 hubo convocatoria de activistas en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Además, se espera que el lunes sobre las 20 se realice una concentración frente a la casa del presidente Tabaré Vázquez, en el Prado.

Valeria Fenisola, una de las organizadoras de la movida, contó a Subrayado que “los perros se pueden salvar”. Y agregó que algunas personas se llevaron perros para encontrarles un hogar. Otra activista, Daniela Barboza, publicó en Twitter que «el problema de la colonia Etchepare es viejo» y que «en numerosas ocasiones se hicieron recomendaciones a las autoridades».

La jueza penal de San José, Viviana Granese, recorrió este sábado las instalaciones de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi, y constató la situación sanitaria de los internos psiquiátricos. Pudo ver cómo la jauría de 200 perros, que el miércoles mató a uno de los pacientes, deambula no solo por el campo, el patio y los alrededores, sino que también acceden a los pabellones.

De noche, luego de visitar el lugar junto a efectivos de Policía Técnica, la fiscal del caso e integrantes de la Institución de Derechos Humanos, resolvió intimar a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a “erradicar” de forma “total” los animales del centro en un plazo de “72 horas”. Esa tarea deberá ser coordinada, explica la jueza en su escrito, con los ministerios de Interior y Defensa. Al mismo tiempo, Granese le da diez días para distribuir a los internos en pabellones que tengan las condiciones mínimas de habitabilidad, y dos meses para que sean alojados en pabellones nuevos.

(EL OBSERVADOR)







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