Juzgados penales de Salto tienen mucha cantidad de casos y esperan que SCJ cumpla con la idea de nombrar otros dos

LLos juzgados de Salto atienden poco más de mil casos por año. Se trata de dos sedes que además de decidir sobre esta cantidad de asuntos, también tramitan otra serie de situaciones que no llegan necesariamente a dictámenes de procesamientos. Sin embargo, el trabajo es arduo y muy complejo, al punto que sobrepasa la capacidad de respuesta que tienen ambas sedes judiciales se ve sobrepasada.
Pero sobre este asunto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo a EL PUEBLO hace dos meses que la corporación está en conocimiento del asunto y que entienden que deberían instaurar al menos otras dos sedes penales en nuestro medio.
Pero que sin embargo, las limitaciones a las que se enfrentan son de carácter presupuestal además de recursos humanos y que no cuentan hasta el momento con la posibilidad de enfrentar una situación de estas características.
Asimismo, la situación en estos juzgados recrudece. Cada vez llegan más casos para ser atendidos y resueltos por los dos magistrados que entienden en la materia penal, aduanera y de adolescentes infractores. Mientras que las sedes judiciales que atienden casos de Familia y Violencia Doméstica han llegado a ser tres, en el caso Penal siguen siendo solamente dos.
HACINAMIENTO DE PAPELES
“Esto es como la cárcel, cuando allá hay hacinamiento es porque hay cada vez más casos que llegan acá y acá se amontonan los expedientes cada día, es una cosa de locos, es como una especie de hacinamiento de papeles lo que pasa acá con la cantidad de casos que tenemos”, dijeron a EL PUEBLO funcionarios judiciales consultados sobre el asunto.
Los jueces penales no dan a vasto y muchas veces se llevan expedientes para sus casas los fines de semana, así van resolviendo cosas y adelantando temas, sino pasan muchas cosas y ellos tienen que dejar lo que están haciendo para atender los nuevos casos que ingresan, comentó otra fuente.
Se trata de los jueces letrados de primera instancia de 2º Turno, Ismael Falco y de 4º Turno, Alejandro Asteggiante. Ambos son de Montevideo pero ya contaban con experiencia en el interior del país, pero en juzgados civiles.
Los dos trabajan en todo momento y tienen que estar encima de los hechos que ocurren. Cuentan con apoyo de los funcionarios que tienen la potestad de tomar las primeras declaraciones de los detenidos que son remitidos por la Policía a la sede, pero aún así los magistrados son los que deben seguir la instrucción y tomar la resolución después que el fiscal se pronuncia.
En la oportunidad en que EL PUEBLO pudo dialogar con el ministro de la SCJ, Jorge Chediak sobre este asunto, el jerarca también reconoció que en Salto hacen falta defensores de oficio que entiendan en materia Penal.
Ya que los mismos pasan a ser los defensores de la mayoría de los reclusos, más allá de que los mismos cuando son detenidos y llegan por primera vez al juzgado, tienen defensas particulares, los que generalmente culminan su labor una vez que el juez de pronuncia, por lo general cuando los procesan con prisión.
Los defensores públicos tienen que seguir el caso ya que después que los individuos son procesados, con o sin prisión, comienza el juicio penal en su contra y deben lidiar con el fiscal que se encarga de defender el interés del Estado, y que es el solicita al juez que falle de determinada manera.
El magistrado puede desoír la petición del fiscal, aunque en más del 90 por ciento hay concordancia entre el fallo del juez y la solicitud de la fiscalía en base al principio jurídico de congruencia, un tecnicismo que genera hasta sin quererlo pero cómo está estructurado, cierto corporativismo que la reforma del proceso penal que está estudio, pretende derribar.
Por el momento, los magistrados penales de Salto siguen cumpliendo su tarea aunque esperan que el Poder Judicial pueda rearmar su presupuesto y conformen nuevas sedes penales en nuestro medio, para dividir la tarea y atender mejor los asuntos que ingresan diariamente a este tipo de juzgados.

Los juzgados de Salto atienden poco más de mil casos por año. Se trata de dos sedes que además de decidir sobre esta cantidad de asuntos, también tramitan otra serie de situaciones que no llegan necesariamente a dictámenes de procesamientos. Sin embargo, el trabajo es arduo y muy complejo, al punto que sobrepasa la capacidad de respuesta que tienen ambas sedes judiciales se ve sobrepasada.

Pero sobre este asunto, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, dijo a EL PUEBLO hace dos meses que la corporación está en conocimiento del asunto y que entienden que deberían instaurar al menos otras dos sedes penales en nuestro medio.

Pero que sin embargo, las limitaciones a las que se enfrentan son de carácter presupuestal además de recursos humanos y que no cuentan hasta el momento con la posibilidad de enfrentar una situación de estas características.

Asimismo, la situación en estos juzgados recrudece. Cada vez llegan más casos para ser atendidos y resueltos por los dos magistrados que entienden en la materia penal, aduanera y de adolescentes infractores. Mientras que las sedes judiciales que atienden casos de Familia y Violencia Doméstica han llegado a ser tres, en el caso Penal siguen siendo solamente dos.

HACINAMIENTO DE PAPELES

“Esto es como la cárcel, cuando allá hay hacinamiento es porque hay cada vez más casos que llegan acá y acá se amontonan los expedientes cada día, es una cosa de locos, es como una especie de hacinamiento de papeles lo que pasa acá con la cantidad de casos que tenemos”, dijeron a EL PUEBLO funcionarios judiciales consultados sobre el asunto.

Los jueces penales no dan a vasto y muchas veces se llevan expedientes para sus casas los fines de semana, así van resolviendo cosas y adelantando temas, sino pasan muchas cosas y ellos tienen que dejar lo que están haciendo para atender los nuevos casos que ingresan, comentó otra fuente.

Se trata de los jueces letrados de primera instancia de 2º Turno, Ismael Falco y de 4º Turno, Alejandro Asteggiante. Ambos son de Montevideo pero ya contaban con experiencia en el interior del país, pero en juzgados civiles.

Los dos trabajan en todo momento y tienen que estar encima de los hechos que ocurren. Cuentan con apoyo de los funcionarios que tienen la potestad de tomar las primeras declaraciones de los detenidos que son remitidos por la Policía a la sede, pero aún así los magistrados son los que deben seguir la instrucción y tomar la resolución después que el fiscal se pronuncia.

En la oportunidad en que EL PUEBLO pudo dialogar con el ministro de la SCJ, Jorge Chediak sobre este asunto, el jerarca también reconoció que en Salto hacen falta defensores de oficio que entiendan en materia Penal.

Ya que los mismos pasan a ser los defensores de la mayoría de los reclusos, más allá de que los mismos cuando son detenidos y llegan por primera vez al juzgado, tienen defensas particulares, los que generalmente culminan su labor una vez que el juez de pronuncia, por lo general cuando los procesan con prisión.

Los defensores públicos tienen que seguir el caso ya que después que los individuos son procesados, con o sin prisión, comienza el juicio penal en su contra y deben lidiar con el fiscal que se encarga de defender el interés del Estado, y que es el solicita al juez que falle de determinada manera.

El magistrado puede desoír la petición del fiscal, aunque en más del 90 por ciento hay concordancia entre el fallo del juez y la solicitud de la fiscalía en base al principio jurídico de congruencia, un tecnicismo que genera hasta sin quererlo pero cómo está estructurado, cierto corporativismo que la reforma del proceso penal que está estudio, pretende derribar.

Por el momento, los magistrados penales de Salto siguen cumpliendo su tarea aunque esperan que el Poder Judicial pueda rearmar su presupuesto y conformen nuevas sedes penales en nuestro medio, para dividir la tarea y atender mejor los asuntos que ingresan diariamente a este tipo de juzgados.







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